Una plática con Miriam Cárdenas Cantú...

La impunidad es responsabilidad de todos

José Guadalupe Robledo Guerrero.

Lo que ha pasado en México en la última década, ha desprestigiado a los tres niveles de gobierno, a los políticos y a los funcionarios. Debido a ello, los ciudadanos ya no confían en las instituciones ¿Qué hará usted mientras presida el Tribunal Superior de Justicia para recobrar la confianza ciudadana en el Poder Judicial?

“Hay varias estrategias que pensamos implementar para recobrar la confianza ciudadana. Uno, acercar al Poder Judicial a la ciudadanía. Los poderes judiciales estamos muy alejados del accionar ciudadano, porque nos hemos centrado en nuestra función sustancial que es la de juzgar y resolver, y como tiene que darse esta resolución de manera imparcial, entonces el juez se encierra en sí mismo para no acercarse a ninguna de las partes, y evitar que se pueda decir que su actuación no es imparcial”.

“Tenemos que tomar en cuenta la opinión que tiene la ciudadanía sobre nuestra actuación, para saber en qué no estamos cumpliendo las expectativas que tienen de nosotros. En el 2014, la Defensoría de Oficio se incorporó de nueva cuenta al Poder Judicial, entonces ahora, éste será un instrumento importante para ese acercamiento que se busca concretar durante estos cinco años que estaré en la presidencia del Tribunal”.

¿Por qué cinco años?

“Porque la Ley Orgánica establece que el Presidente del Tribunal lo será por cinco años, y al término puede ser ratificado solamente por otro periodo de cinco años. Mi periodo termina en 2020”.

Estábamos hablando sobre cómo recobrar la confianza de la ciudadanía...

“En materia jurisdiccional y en materia de comunicación tenemos que acercarnos un poco más a la ciudadanía. La pregunta es muy amplia, pero tiene que ver con lo que estamos trabajando: los tres ejes fundamentales...”.

¿Cuáles son esos tres ejes fundamentales?

“Los tres ejes en los que vamos a trabajar son: el rediseño institucional, la justicia abierta y la implementación de una nueva política de comuni- cación, la muestra de ese trabajo es que estamos en una entrevista periodística”.

“Dentro del resideño institucional hay un capítulo que se llama justicia cotidiana que tomamos de un diagnóstico que impulsa el Presidente de la República. En noviembre de 2014 pide al CIDE que haga una investigación sobre los poderes judiciales, porque mucho se ha hablado de ellos, pero no se ha resuelto la problemática que enfrentan, y el CIDE obtiene un diagnóstico muy acertado de lo que pasa en los poderes judiciales, y toda la problemática que se obtuvo en esos foros se aglutina en seis categorías, y la primera es asimetría de la información”.

“La gente no sabe en qué consiste su derecho, pero además cuando sabe que tiene un derecho cree que las consecuencias jurídicas son unas cuando realmente la ley es otra, y esto se convierte en otro gran problema: La capacidad de los agentes jurídicos, los que formamos parte del Poder Judicial y los externos que asesoran a la ciudadanía, porque a veces les informamos mal o por no tener la experiencia, las destrezas, las habilidades, representas mal los intereses de la persona que te contrató”.

“¿Cómo podemos romper con estas asimetrías de la información?, dando información jurídica, por eso estamos trabajando en una política de comunicación”.

“¿Cómo podemos acercarnos a la ciudadanía y que nos entiendan?, rediseñando nuestra institución con las estructuras más flexibles, revisando el marco jurídico, porque otro de los temas es que se privilegia la forma sobre el fondo: no presentaste en tiempo el documento, no te lo recibo. Así dice la ley”.

En la visión de cambio que tiene usted, ¿abrirá las puertas de su oficina para que un ciudadano pueda hablar con la Presidenta del Tribunal, porque no ha sido escuchado en el resto de la estructura del Poder Judicial?

“Hasta ahora lo hemos hecho, no con la celeridad que la gente desea por el número de personas que se han acercado, de manera que hemos extendido nuestros horarios para atender a quienes lo solicitan para ser escuchados”.

“Hay temas que también se necesitan explicar de viva voz, para que la gente pueda dimensionar cómo estamos organizados en el Poder Judicial. Para empezar, cada juez es autónomo, es independiente, nosotros coordinamos los esfuerzos administrativos para que funcionen y dictaminamos todos los lineamientos”.

“Existe un órgano de gobierno del Poder Judicial que es el Consejo de la Judicatura, y como Presidente tiene la facultad de dictar medidas que te ayuden a que la administración e impartición de justicia sea de manera ágil. Puedes tomar medidas administrativas, pero no puedes decidir lo que le corresponde a un juez. En ocasiones lo que hacemos es abrirle camino al ciudadano para que lo escuche el juez o le explicamos que necesita de una asesoría jurídica”.

“Buscamos atender a todas las personas que lo solicitan, no puedo decir al 100 por ciento, porque ha sido humanamente imposible, pero hacemos un esfuerzo por atender a todos, aunque algunos podrán decir: me dieron la cita para dentro de tres semanas”.

“También ha habido el acercamiento del personal, porque a veces quieren que escuches cuál es la problemática que enfrentan, porque la vida cotidiana te va poniendo en circunstancias que pueden llegar a afectar tu ámbito laboral, porque tienes necesidad de cambiar de horario, de cambiar de residencia, etc.”.

“Pero como les digo, el hecho de atenderlos no debe generar falsas expectativas, no siempre procederán sus peticiones por las necesidades propias del servicio que tiene el Poder Judicial. Tenemos una filosofía: Trabaja mejor el que a gusto se siente. Entonces buscamos eso también”.

En todo el territorio nacional hay impunidad. No hay consignaciones, ni sentencias, menos justicia. En el caso de Coahuila nos preguntamos ¿Quién está fallando, la Procuraduría o el Poder Judicial?

“Creo que es una responsabilidad de todos y todas. Es un problema de muchos factores en el que todos tenemos algo de responsabilidad. La sociedad nos hemos hecho a un lado, dejando la carga que nos toca para que lo haga el estado. Como instituciones nos perdimos en que ‘esto no es mi responsabilidad, es la tuya’. Los estados al decir: ‘los delitos federales son tu responsabilidad, yo no le entro, yo nada más los del fuero común, los delitos contra la salud te tocan’. La federación, cuando ya está el problema superado, ahora si buscamos esquemas de colaboración”.

“Es muy fácil echar culpas, asumir respon- sabilidades es lo difícil. Qué estamos haciendo para asumir la responsabilidad que le corresponde al Poder Judicial: capacitando. El fin último de las reformas del 2008 es transformar este sistema, ya no le pido a la persona que estoy juzgando que justifique su inocencia, tiene que ser al revés, compruebame su culpabilidad. Es un cambio en el sistema, y como todo nuevo sistema debe tener ajustes, y creo que el secreto está en la profesionalización. Hay que asumir nuestra responsabilidad”.

Estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad señalan que en Coahuila la percepción de la imparcialidad de los jueces ocupa el lugar 32 a nivel nacional, es decir el último lugar ¿Cómo superar esta percepción?

“Es el lugar 30 no 32, el antepenúltimo lugar, la percepción de la imparcialidad de los jueces es algo que asumimos desde que llegamos, y que estamos trabajando por transformar. ¿Qué te dice esa percepción? Mí lectura es que la gente cree que hay corrupción en el Poder Judicial. Si eres parcial es porque hay un interés, un amiguismo, un compadrazgo o dinero, en cualquiera de las circunstancias hay corrupción. En eso estamos tratando de cambiar”.

“Estas percepciones muchas veces se ven alentadas por falsas versiones de los abogados que representan al ciudadano, y cuando pierden dicen: el juez se vendió. Es algo muy común escuchar. Por otra parte no dudo que se den actos de corrup- ción, pero detectados éstos hay que acreditarlos”.

“Hemos tenido experiencias de que llega el ciudadano que tiene un proceso judicial y te dice: ‘No junté los 20 mil pesos que usted quería, pero traigo diez mil y le firmo un pagaré por otros diez’. Y le preguntas ¿de qué me está hablando? ‘Es que me dice mi abogado que usted está pidiendo 20 mil pesos’. También estas cosas pasan. Eso no quiere decir que no haya funcionarios que pidan dinero”.

“Cuando alguien viene a denunciar un caso de corrupción, pero no está dispuesto a que iniciemos un procedimiento ni a declarar. Entonces no nos dan herramientas para poder comprobar las malas actuaciones de los funcionarios o jueces. No podemos hacer una acusación sin pruebas, pero si podemos meter controles para acotar y prevenir los actos de corrupción”.

El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila terminó desprestigiándose ante la ciudadanía a partir de que se conoció la inversión financiera que hizo su antecesor, Gregorio Pérez Mata, en cuya operación se perdieron los recursos invertidos. ¿Cuál fue la cantidad que se perdió? ¿A dónde o a quién pertenecía el dinero invertido?

“Son 126 millones de pesos, de esta cantidad 90 millones pertenecen al Fondo de Mejoramiento y 36 millones al presupuesto. Hay un acuerdo de que se reserve toda esta información, pero se han dicho muchas cosas. Yo quiero cerrar ese capítulo, porque distrae mucho la atención”.

“Los 36 millones del presupuesto, afectaron los presupuestos, y los 90 millones del Fondo de Mejoramiento son de fianzas, multas, copias. Este fondo se constituye por fondos ajenos y fondos propios que son los intereses que dan los fondos ajenos. Existe un reglamento para la utilización de los recursos propios en capacitación, estímulos, equipamiento. Los recursos ajenos los tienes que tener a la vista, para poderlos reintegrar cuando te los pidan”.

Ahora que se perdieron los fondos ajenos, ¿cómo los reintegrarán?

“Si tuvieramos estos 90 millones de pesos, tendríamos 220, porque tenemos 130 millones. Los 90 millones perdidos los pasamos a la cuenta pública a cuentas por cobrar, inversiones a largo plazo por cobrar, porque no los vamos a tener a la vista”.

¿Se repusieron los fondos perdidos?

“No, porque está reconocido que están depositados. No hemos tenido problemas, porque con lo que tenemos cubrimos los requerimientos”.

¿Es legal que el Magistrado Presidente invierta los fondos ajenos? ¿Puede usted hacer inversiones?

“De hecho debes de hacer inversiones, para empezar, por seguridad. Son determinaciones que se tomaron. Si a mi me dicen que está autorizado, voy y lo deposito allí porque me dan más intereses. Eso es justificable, pero a mi me asusta que me ofrezcan muchas cosas para que invierta. Esas determinaciones que se tomaron no son ilegales. Pero yo quiero cerrar este tema porque hay muchos dimes y diretes. Una de las cosas que leí era que se dudaba si ese dinero se había depositado o se lo habían llevado. Pero si se depositó, no se lo llevaron”.

Usted es la primera mujer en la historia de Coahuila que preside el Tribunal Superior de Justicia, por eso tiene la gran responsabilidad de abrir camino a su género a los cargos ejecutivos de primer nivel. ¿Será Miriam Cárdenas garantía de imparcialidad y de justicia rápida y expedita mientras dure su encomienda?

“Lo que yo le puedo decir con toda seguridad, es que soy garantía de trabajo. Voy a poner toda mi capacidad de trabajo y mi honestidad para que se transforme el Poder Judicial. Pondré todo mi empeño, pero no tengo varita mágica, ni tengo manera de concretar algunas cosas por la insuficiencia de presupuesto que padecen todas las instituciones mexicanas. Pero pongo al servicio de Coahuila y de los coahuilenses mi trabajo y honestidad”...