La corrupción, las pensiones y el servicio médico en la UAAAN

Armando Montalvo Olivo.

Un problema de antaño que seguirá quién sabe hasta cuándo. Así se define lo que ocurre hoy en día con los trabajadores académicos y administrativos en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).

Quienes llegan a la Rectoría solapan la corrupción de sus antecesores y a la vez son cómplices. Nadie dice y hace algo al respecto. La Ley es burlada desde hace años y la población estudiantil es apática ante esta situación. Un ejemplo es lo que hizo el Rector Jesús Valenzuela García de no proceder por los desvíos detectados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoria Superior de la Federación que ascienden a 160 millones de pesos durante la gestión del ex rector de la UAAAN, Eladio Cornejo Oviedo.

Ocultar lo anterior conduce a alargar el cumplimiento de los compromisos laborales que adquirió Valenzuela García con los sindicatos administrativos y académicos de esta institución educativa, que son dirigidos por Roxana Flores Cuevas y Leonardo Acosta Méndez.

Hay que tener presente que el 29 de noviembre de 2014, el actual rector ganó las elecciones con 3,197 votos a Lorenzo López Barbosa, quien obtuvo 1,348 sufragios. Desde esa fecha Valenzuela García ofreció sacar del bache económico a la UAAAN, mejorando la capacidad de gestión de los recursos y transparentando el gasto. Pero, el Rector sigue sin cumplirles a los más de 4,500 alumnos inscritos en esta institución.

Incluso, ya transcurrieron tres años de que la Contraloría Interna de la Antonio Narro abrió el expediente ICI/UAAAN/001/2013 donde está asentado que la ex directora administrativa María Elena Góngora Hernández, fue suspendida por existir presuntas irregularidades administrativas. A esta ex funcionaria, se le atribuyen acciones en perjuicio de esta institución, por rebasar el presupuesto autorizado para el ejercicio 2011, en el capítulo 1000, por 87 millones 538 mil pesos.

Lo mismo sucedió en el capítulo 2000, por 17 millones 19 mil 813 pesos; también en el déficit presupuestal en el capítulo 3000, por 20 millones 81 mil 587 pesos. De igual manera en el capítulo 4000, por 21 millones 575 mil pesos; asimismo en el capítulo 5000, por seis millones 532 mil pesos; y finalmente en el capítulo 6000, por 11 millones 75 mil pesos.

Según el juicio de amparo número 768/2013 del Juzgado Segundo de Distrito con jurisdicción en Saltillo, María Elena Góngora solicitó la protección de la justicia federal, pero le fue negada dicha petición el 13 de agosto de 2013.

El ex rector Eladio Cornejo, al igual, que Rubén Morán y Agustín Cabral Martell, presidente del Consejo Directivo de la UAAAN, no sólo fueron notificados por las autoridades federales de la suspensión del amparo que solicitó, sino que además les pidieron informes previos sobre los hechos descritos.

Otros funcionarios que se encuentran involucrados en el presunto desvió millonario que hasta el momento sigue impune son: el ex jefe de contabilidad Erick Epifanio Moreno, la subdirectora de Servicios Generales Felipa Morales, el jefe de mantenimiento René Casillas Morales, y José Peña Oranday del área de Finanzas.

Fue necesario que personal de Hacienda y de la Auditoría Federal visitaran la Antonio Narro en esas fechas y recabaron importantes evidencias que esclarecerían el presunto desfalco millonario en donde podrían estar involucrados más ex funcionarios.

En el presente año, la Universidad Agraria tiene un presupuesto asignado por la federación que es de 952 millones de pesos, de los cuales el 74 por ciento se destina a servicios personales. Esta suma, abarcaría los contratos laborales que adquirió el Rector con los sindicatos.

El análisis señala que la mala administración, los gastos innecesarios así como una Ley de Pensiones mal planteada desde que se creó en 1960, al igual que la Ley de Servicio Médico y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) que nacieron en estas fechas, son las razones por la que la Dirección de Pensiones tenga graves problemas financieros.

El Gobierno del Estado era el jefe, porque en esos tiempos la UAAAN y la Universidad Autónoma de Coahuila no eran autónomas, y el sindicato de la Sección 38, perteneciente al SNTE, recibió de la autoridad estatal, el organismo público descentralizado para la seguridad social (el servicio médico y la dirección de Pensiones).

En 25 años, las aportaciones obrero-patronales al Servicio Médico y la Dipetre eran muy superiores al gasto. Se realizaron inversiones en terrenos, edificios, casas, construcciones y centros recreativos, entre otros bienes por lo que pudo haber enriquecimiento ilícito de algunas personas y líderes sindicales.

Desde 1975, la UAAAN y sus trabajadores subsidiaron la pensión y el servicio médico de empleados de la Sección 38 del SNTE en déficit desde hace más de 25 años, descapitalizando con ello el fondo que garantizaría la pensión de sus propios trabajadores.

El sistema de pensiones para los trabajadores de la UAAAN es un sistema cerrado, donde el patrimonio y los trabajadores en activo soportan en gran medida la nómina de los jubilados y pensionados. Esta situación se agrava al contar actualmente con una población de más de 450 trabajadores que están en situación de jubilación, y que no se jubilan por la incertidumbre, ya que como queda demostrado en el estudio actuarial, la cuenta institucional de pensiones tiene imposibi- lidad financiera para garantizar su pensión, incluso para darle la certeza de pago a los que se jubilaron, y a los que piensan hacerlo a partir del segundo semestre del presente año.
La edad promedio de los trabajadores es de 55 años. Los trabajadores de entre 60 y 70 años, son los que pertenecen al Sistema de Seguridad Estatal (Dipetre) con más de 30 años de servicio a la UAAAN, y se encuentran con padecimientos y enfermedades que no son atendidas, por el servicio médico del magisterio estatal.

Cabe hacer mención que este servicio médico es el más costoso para los trabajadores en todo el país, porque ellos y la UAAAN pagan 16.25 del salario tabulado mensual, además del costo adicional del 10% en medicamentos y diferentes porcentajes por los estudios, análisis, etc.