Nuestra democracia está agotada o está en picada

Jesús M. Moreno Mejía.

A últimas fechas he escuchado que nuestra democracia en México está agotada, o bien que está en picada, dado que el sistema político que hoy tenemos no cumple con las expectativas de bienestar de la mayoría de la población.

El último informe del Latinobarómetro, que midió durante 2016 la aceptación o el rechazo de los gobiernos de América, la mayoría desaprobó a sus gobernantes y en el caso particular de México sólo el 48 % de la ciudadanía dijo apoyar la forma de gobierno que tenemos.

Lo que indica que poco más del 50 % de la ciudadanía no está de acuerdo con quienes están al frente del gobierno, en cualquiera de sus tres niveles; incluso se han realizado sondeo sobre la aceptación de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República y cada vez más va en declive su popularidad.

Los motivos están a la vista: desempleo, violencia e inseguridad, por mencionar sólo los más destacados. Son millones, los desempleados (a pesar de las cifras alegres de nuestros gobernantes); el crecimiento económico es insuficiente (se prevé para este año sólo 1.3 % sin olvidar empresas trasnacionales que han anunciado su retiro de territorio nacional por presiones de Donald Trump, presidente de EUA); cientos de empresas quebradas por uno u otro motivo; personas que han sido lanzadas de su casa habitación por hipotecas impagables; insuficiencia de oferta educativa; falta de medicamentos y otros insumos en instituciones de salud y seguridad social, etc.

Todo lo anterior, obviamente, ha generado una mayor pobreza e irritación en la población, polarizándose lo anterior con la desigualdad existente en México, donde los ricos son los menos en número, mientras que los pobres representan una cifra cada vez mayor.

El incremento de la violencia y la inseguridad, contra las que aparentemente no logran controlar nuestros gobernantes, es otro motivo de inconformidad generalizada, al grado tal de que han surgido “vengadores anónimos”, linchamientos y hasta grupos armados de autodefensa en algunos puntos de la república.

Ahora bien, tenemos elecciones en puerta para nuevas autoridades en Coahuila en los diferentes niveles de gobierno (ejecutivo, legislativo y municipal), pero con toda su parafernalia de campañas político-electorales los candidatos no logran convencer a la gran mayoría de los coahuilenses, ya nadie cree en ninguno de ellos en sus promesas y sólo reciben gustosos los “apoyos” que les dan, aun cuando es con la idea de que voten por el candidato de su partido. Sin embargo, cada quien sabrá si lo hace o no a la hora de sufragar.

Vivimos actualmente una partidocracia que juega con las leyes y códigos que regulan los procesos electorales, tal vez no de manera abierta pero sí de forma velada, permitiendo a la clase dominante seguir manejando el sistema gubernamental que padecemos, sin poder avanzar en todo aquello que beneficie a la gran mayoría y no sólo a unos cuantos.

La idea de que “debemos de progresar en todo y para todos”, nos permite pensar que la aplicación de la democracia en México es mañosa, en especial en lo referente a elecciones de gobernantes y representantes populares, pues si bien se contempla que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y realice los procesos electorales, se ha desvirtuado su función al dejar de ser un órgano desconcentrado ciudadano, pues ha quedado a merced de las decisiones de los partidos políticos, a través de los integrantes del Consejo General, quienes son designados a propuesta de los partidos y no de la sociedad civil.

El sistema electoral en México tiene su base en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que su Artículo 41, párrafo segundo, señala: “La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…”) y faculta al INE para la realización de los procesos electorales a través del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

A diferencia del contenido del anterior código federal electoral, las elecciones locales (estatales) deben realizarse en apego a las leyes de la materia que contempla la Carta Magna y que regula el INE a través del Cofipe.

Para ello, el artículo 1.1 de dicho código, establece: “La presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio na- cional y para los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extran- jero. Tiene por objeto esta- blecer las disposiciones aplicables en materia de ins- tituciones y procedimien- tos electorales, distribuir com- petencias entre la federa-ción y las entidades… en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y… organismos públicos locales”.

Por lo anterior, y en tanto no hay un cambio signifi- cativo en México para poder calificar al INE como un organismo auténticamente ciudadanizado, como antes lo fue el IFE (Instituto Federal Electoral), lo cierto es que tenemos la obligación moral de acudir el domingo 4 de junio a la casilla electoral que nos corresponda, y votar por el partido o candidato que cada quien considere deba favorecer, o bien por un aspirante independiente debidamente registrado, con la finalidad de contribuir a sostener nuestra endeble democracia con nuestra participación, pues es lo que nos corresponde.

Porque hay que recordar que participar en las elec- ciones es una actividad propia de la democracia, ya que esta palabra significa “el gobierno del pueblo”, y por ello tenemos que cumplir con ir a sufragar, así como después exigir el cumpli- miento de su deber a quienes resulten electos, pues esto también es democracia y una manera efectiva de contribuir al progreso de nuestra nación.

¡Hasta la próxima!