Miscelánea

AMLO y la amnistía para capos

José C. Serrano.

En gira por el municipio de Quechultenango, Guerrero, los primeros días de este diciembre, el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que analiza, en la amnistía que tiene planeada cuando asuma la presidencia de México, incluir a los jefes de la delincuencia organizada. Apoyó su discurso con el argumento de que la violencia que hay en el país no se resolverá sólo con el uso de la fuerza, sino que debe cambiarse la estrategia.

El contacto con esa gente que vive el día a día huyendo de los embates del crimen organizado, le permitió afirmar que Guerrero se descompuso por la crisis de seguridad y atribuyó esa situación al fracaso del gobierno federal, que trata de resolver las cosas con soldados, marinos, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas, masacres.

AMLO externó en esa gira que, si Morena gana las elecciones en 2018, el gobierno encabezado por él presionará al de Estados Unidos para prevenir la adicción a las drogas. Sobre la amnistía que piensa conceder a los capos del narcotráfico, encarcelados y en libertad, aseveró que podrían estar incorporados líderes de grupos de la delincuencia organizada, siempre y cuando exista el aval de las familias de las víctimas. Cerró su exhorto con la invitación a los familiares de las víctimas a "otorgar el perdón", si está de por medio la paz de todo el país.

La propuesta de López Obrador ha desatado una intensa polémica, tanto en los círculos políticos como en otros ámbitos. Ex compañeros perredistas del tabasqueño, acomodados en curules y escaños, han calificado esa iniciativa como una locura; otros, menos radicales, la consideran como una ocurrencia.

Académicos e investigadores de diferentes universidades, han enriquecido la discusión de este tema tan complicado, con análisis históricos de hechos que han ocurrido en épocas pretéritas. Le recuerdan a la ciudadanía que en más de una ocasión mandos policiacos y jefes de la delincuencia se han reunido con la intención de llegar a acuerdos básicos de convivencia. Los capos continuarían con sus actividades ilícitas, pero con orden y bajo estricto control; en relación con las drogas cero distribución pública y a la libre demanda.

A cambio de esa tolerancia, que por cierto existe en varios países del mundo, los grandes capos se encargarían de impedir la inseguridad de los habitantes en las regiones de su dominio. Mexicanos que frisan los 65 o 70 años de edad, recuerdan, con un dejo de nostalgia, que antes podían salir de sus hogares a cenar o beber un trago sin la angustia de sentirse vigilados por sicarios o agentes del orden dedicados a segar la vida de cualquiera.

Don Octavio Rodríguez Araujo ha expresado, en reiteradas ocasiones, que "Cuernavaca era más segura cuando 'El Jefe de Jefes' estaba vivo. ¿Qué había detrás de él o de otros? ¿Qué tratos había hecho el gobierno con él o con otros? Ahora no. Gracias a Calderón y su cacería de los verdaderos capos del crimen organizado, hay muchas cabezas, más improvisación y mayor peligro e inseguridad en todos lados. De entonces a la fecha Peña Nieto sigue la misma política de Calderón y los crímenes y el tráfico de drogas, de armas y de personas han aumentado. Es evidente, para mí, que esa estrategia no ha funcionado".

En este maremagnum de ideas se escucha la voz de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, recientemente presentada por AMLO como la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuando a Morena le llegue el turno de gobernar una república convulsa. Dice: "Hay que analizar la propuesta de amnistía para capos del narcotráfico, que planteó el precandidato y seguir adelante con una política pública que dé paz social a México".

Enmmedio de este escenario donde menudean los pros y contras a las intenciones del moreno mayor, están los familiares de los más de 30 mil desaparecidos, y de los más de 100 mil ejecutados por integrantes de células criminales. Estas víctimas indirectas, como se les llama en el ámbito institucional, en cierta manera, están integradas a colectivos que, afanosamente, buscan a los ausentes.

Ante una terca realidad, López Obrador está obligado a buscar a esos mexicanos que han sufrido una pérdida irreparable. Debe escuchar y sentir el dolor generado por la incertidumbre de no saber quién y por qué los asesinó, y, sobre todo, dónde abandonaron esos cuerpos inertes. El perdón es más un asunto de conciencia que de justicia. ¿Perdonar a quienes arrebatan vidas por el gozo que les produce hacerlo? ¿Perdonar a las autoridades que han sido omisas en su quehacer? ¿Amnistiar para eludir la protesta social tan incómoda para los gobernantes? AMLO debe pensar con más detenimiento y serenidad su propuesta.