Constitución de 1917 (lo que queda de ella)

Alfredo Velázquez Valle.

Cuando se reúnen los delegados constitu- yentes en diciembre de 1916 para redactar el nuevo pacto social que regiría la vida pública de los ciudadanos de esta nación, y que culminaría en la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en febrero 5 de 1917, los ejércitos populares integrados en su inmensa mayoría por campesinos desheredados, habían sido ya derrotados por el constitucionalismo carrancista y se encontraban en franco proceso de dispersión.

Francisco Villa y Emiliano Zapata entraban, así mismo, en abierta guerra defensiva (guerra de guerrillas) que encontrarían cada cual por sus propios senderos el mismo final de los adalides de las causas justas: la muerte por traición.

Aún con todo ello, dicho documento fundacional no dejó de ser avanzado para su tiempo.

Aunque reconocía la existencia de la propiedad privada y no atacaba de frente el problema agrario que representaba la existencia de latifundios, así como la no regulación de la propiedad de los recursos naturales del país por parte de extranjeros, estadounidenses entre otros, si abonaba de manera significativa en materia laboral, educativa y en seguridad social para los trabajadores del campo y la ciudad.

En lo educativo, el Artículo 3°: que estableció que la educación básica debería ser laica, obligatoria y gratuita, que se debía fomentar el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. El estado debería ser garante de la educación gratuita.

Hoy todo ello fuertemente limitado, cuando no letra muerta.

En la regulación sobre la tenencia de la tierra y sus recursos, Artículo 27: que declaró que las tierras y las aguas que forman parte del territorio de la nación y los recursos del subsuelo son en primera instancia propiedad de la misma. Toda explotación de la tierra, estará bajo la adminis- tración del Estado.

Disposiciones hoy derogadas por un Pacto infame firmado por los tres partidos políticos hege- mónicos y responsables de la debacle económica y política del país.

En lo laboral, Artículo 123: entre los derechos consagrados por esta Constitución están: el horario máximo de trabajo diurno de ocho horas, el nocturno de siete; las horas extra se pagarán doble, los trabajadores tendrán derecho de recibir utili- dades, tendrán derecho de huelga; obtendrán segu- ridad social para sus enfermedades y accidentes.

¿Qué de todo esto está vigente el día de hoy en la mente de los trabajadores, sino es la incertidumbre laboral que va como péndulo de reloj entre el outsourcing y la amenaza del desempleo?

Hoy en día, en este febrero de graves problemas económicos y sociales, amén de un conflicto internacional generado por la principal potencia mundial contra este país, podemos decir con toda seguridad y de manera concluyente que el espíritu que animó a los constituyentes de 1917 ha muerto.

La Cámara de Senadores de la República neoliberal llamada coloquialmente México, nos ha convocado a honrar a este engendro de pacto “social” llamado Constitución, respetándola en la observancia de cada uno de sus preceptos.

Con más de doscientas adiciones y/o modificaciones que llevan agua, mucha agua, al molino de los potentados, de los favorecidos por este sistema de privilegios, y que a lo largo de cien años se han ido acumulado de manera despropor- cionada, los de abajo no podemos más que tomar de manera circunspecta el mandato de los Senadores.

En efecto, conmemorar el centenario de la Constitución no debería ser, como lo está siendo, un acto para justificar el incumplimiento de la misma y/o el acatamiento a leyes decreto que amenazan literalmente la vida propia del mexicano.

No se trata en este caso de denostar una Constitución que ha sido adulterada para fines muy particulares, y terminar por demandar el retorno a una Carta Magna ya superada por el tiempo y las circunstancias actuales, amén de los vicios de clase que conllevó desde su misma promulgación en 1917.

Lo que se pone sobre la mesa de la vida nacional es el problema muy complejo, y también muy serio, de enarbolar otro movimiento social que busque en su devenir la conclusión de otra República, producto de un nuevo contrato social en el cual deberá estar ausente, por higiene social y necesidad histórica y revolucionaria, la dicotomía entre clases antagónicas. Me refiero a la condición degradada del ser humano producto de la explotación del hombre por el hombre, de clase sobre clase. De otro modo: de la abolición de la propiedad privada en la ausencia de clases.

Es decir, si los sectores de la clase hegemó- nica insisten en abanderar la política económica que hasta el día de hoy ha hecho degradar la condición de vida a las clases trabajadoras de este país, no habrá (y no puede haberlo) otra solución que conducir nuestros pasos por el sendero de un movimiento radical que termine con esta condición tan deplorable como inaceptable.

Este movimiento tendrá que tener como eje de sus acciones las reivindicaciones sociales que aquellos, los enemigos del proletariado, nos han arrebatado desde hace ya un siglo. Hemos de ser los trabajadores tan lúcidos en nuestros objetivos que tendremos que llevar esta gran marea de movimientos reivindicativos por corrientes seguras, que impidan en lo posible los rompeolas que todo sector o clase desplazado de su hegemonía tiende a erigir para impedir, en un esfuerzo inútil, su exterminio, su defunción histórica.

Es de Robespierre la advertencia:

“¡Ciudadanos, los enemigos de la República están en su gobierno!”