Coahuila 2017: corrupción e impunidad

Armando Montalvo Olivo.

Secretarías del Estado, las universidades públicas, el Instituto Electoral así como el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información empezaron el año enfermas de corrupción, de abandono y de desorden. Hasta ahora no han encontrado el antídoto para subsanar esos males que parecen incurables desde hace tiempo.

Quienes dirigen las dependencias fingen, cierran sus ojos para no ver lo que realmente sucede. Por eso los coahuilenses han perdido el respeto hacia la función pública, la política y hacia los funcionarios directivos que están dispuestos a todo para seguir en la burocracia.
Algunos secretarios del gabinete van y vienen en las distintas dependencias, para no dejar la nómina estatal en los próximos años. Por eso les dan dádivas a algunos comunicadores para aparecer en los medios promocionando su imagen para sorprender a los coahuilenses. En tanto, las carencias de todo tipo en el Estado, el mal manejo de los recursos públicos, los privilegios en las nóminas y los asuntos donde se involucre la corrupción y la impunidad van a la alza.

En Secretarías como Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación, Infraestructura, entre otras, hay problemas serios, pero quienes las dirigen prefieren ocultar todo para no alarmar a la sociedad por instrucción del Palacio Rosa.

Saltan ejemplos que en su momento fueron noticia como las salidas cuestionadas de ex funcionarios como Bertha Castellanos y Héctor Mario Zapata, a quien por enésima vez se le acusó de corrupto, y luego regresó al organigrama burocrático al igual que Lauro Cortés.

A un año de distancia, el secretario de Salud, Jorge Verástegui Saucedo, aún no limpia el montón de ilegalidades y corruptelas que le dejó su antecesor Héctor Mario Zapata, sólo pregona la salida de Roberto Eduardo Amador Cortés, quien dirigió el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación, Educación Especial e Integral bajo irregularidades de todo tipo. Pero nada pasó.

Lo mismo, sucedió con María Esther Monsiváis que renunció a la Secretaría de Infraestructura cuando se le involucró con empresas fantasmas que fueron favorecidas por la Secretaría de Finanzas. Tampoco nada sucedió.

Otro caso donde hubo actos de corrupción, es en la Secretaría de Desarrollo Social dirigida por Rodrigo Fuentes. Igualmente, a ningún funcionario se le castigó.

A pesar de que el desorden y los rezagos continúan en el Registro Público de la Propiedad, su director Ramón Verduzco Argüelles no soluciona el problema que lleva años en la dependencia. Los ciudadanos tardan meses y a veces años para realizar algún trámite, y en lugar de hacer algo, Veduzco responsabiliza a los Notarios Públicos, porque -según él- elaboran mal las diligencias de los casos.

Lo mismo ocurre en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), donde luego de la salida de la ex presidenta Teresa Guajardo, quien decidió irse para postularse a una diputación local, quedó al descubierto que el organismo es utilizado como un “salto a la política”, sin que nadie diga nada.

También, está el caso del ex presidente y actual consejero del ICAI Alfonso Villarreal Barrera, quien fue exhibido en redes sociales en plena acción proselitista que realizaba a favor del candidato independiente, Javier Guerrero García, quien aspira a la gubernatura. Los dos se definen como miembros del grupo político del ex gobernador Enrique Martínez y Martínez.

El titular de la Auditoría Interna del Estado, Armando Plata Sandoval, está obligado a auditar al ICAI, porque los mismos empleados y colaboradores ventilan ante la comunidad que los recursos no se manejan con estricto apego a la legalidad. Sin embargo, extrañamente todo continúa igual desde hace años.

En la Secretaría de Desarrollo Rural encabezada por Alfio Vega de la Peña, se decidió de la noche a la mañana no proceder en contra de Juan Manuel Villarreal Valdés, director de la Promotora para el Desarrollo Rural (Proderco), quien es señalado de realizar y permitir actos deshonestos con una impunidad total.

Cuando tomó posesión de la Secretaría de Desarrollo Rural, Alfio Vega confió a algunos de sus colaboradores que iba a proceder legalmente en contra del cenecista Villarreal Valdés, pero luego se desdijo. ¿O llegó a un arreglo con él o su hijo Juan Carlos Villarreal, actual secretario privado de José María Fraustro Siller, intercedió por su progenitor en las altas esferas políticas para que no lo cesaran del cargo por corrupto?

En la Secretaría de la Juventud a cargo de Carlos García se cometen irregularidades y hay problemas similares en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde el rector Blas Flores manipula “secretos laborales” a través de Paulo Sergio Villarreal Rodarte, y en breve uno de sus colaboradores los exhibirá ante la opinión pública.

En el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que encabeza la consejera presidenta, Gabriela de León Farías, serán ventilados algunos nombres de sus colaboradores, además de María Antonieta Gil Valdés, ex secretaria técnica de María Esther Monsiváis, porque favorecen a familiares y amistades con contratos de prestaciones de servicios. No llenan.

“El Año de Hidalgo”, que se realiza cada seis años, está en Coahuila a todo lo que da. Y como de costumbre, los coahuilenses -a quienes se les oculta la corrupción-, serán burlados por las autoridades y los políticos como ocurre siempre al final de cada sexenio. ¡No te acabes Coahuila!