Miscelánea

Desaparecidos en México, sólo estadísticas

José C. Serrano.

El viernes 2 de junio la prensa nacional dio cuenta de una noticia estremecedora: “Superó los 32 mil casos la desaparición de personas”. Es la primera vez que se rebasa el número de 32 mil casos, tanto del fuero común (casi 97 por ciento del total) como del federal, de acuerdo con el corte estadístico más reciente, del 30 de abril pasado, difundido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con la información publicada, las entidades federativas punteras en la comisión de este crimen son cinco: Tamaulipas, estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa. Además, concentran el 55 por ciento del rezago en procuradurías y fiscalías locales, mientras que en los asuntos federales, que son responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), el mayor número de casos ocurrió o fue registrado en Guerrero, Veracruz y nuevamente Tamaulipas.

El desglose de dicho rezago se distribuye de la manera siguiente: Tamaulipas, 5 mil 657 casos; estado de México, 3 mil 754; Jalisco, 2 mil 744; Nuevo León, 2 mil 501, y Sinaloa, 2 mil 444. El retraso asciende a 16 mil 500 de un total de 32 mil 218 personas ausentes. Cifras que revelan el fracaso de quienes dicen ocuparse de la seguridad de los ciudadanos y de la impartición de justicia.

Don David Lee, director del Manual de Seguridad para la prevención de delitos, dio cabida en esa publicación al artículo ¿Qué hacer cuando alguien desaparece? Dice que “cuando alguien desaparece, sus familiares experimentan un gran sufrimiento y un profundo dolor, más intenso aun que si la persona hubiese muerto, ya que la incertidumbre de lo que pueda haberle pasado o estarle sucediendo a la víctima, se convierte en una constante de pensamiento que atormenta a la familia en todo momento”.

En un intento por recuperar la esperanza de quienes buscan afanosamente a los ausentes, menciona que en México existe un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobado el 20 de agosto de 2015 por el Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Recomienda la lectura de la “Guía práctica sobre la aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”. El documento fue elaborado por Juan Carlos Gutiérrez Contreras y su equipo de trabajo.

La guía es un instrumento efectivo para dotar a las personas de herramientas técnicas que les permitan avanzar, de manera certera, en su lucha por la justicia y, especialmente, en la búsqueda de sus familiares. En el texto se menciona que el Estado debe aplicar el Protocolo de Búsqueda, de manera diligente y demostrar con acciones certeras su voluntad institucional para combatir el fenómeno de la desaparición de personas, generando las condiciones para la adecuada investigación, búsqueda y de no repetición.

Este haz de herramientas jurídicas puede ser utilizado contra la negativa de los representantes institucionales de realizar las acciones previstas por el Protocolo Homologado. Las autoridades están obligadas a buscar a las víctimas sin importar la situaciones particulares de la desaparición. El instrumento también las conmina a dejar de lado la abominable práctica de revictimizar a los familiares y criminalizar a los desaparecidos. Deben deshacerse de los lugares comunes tan socorridos como: “Seguro que andaba en algo muy chueco”, o “Algo hizo y por eso lo levantaron”.

El contenido de la guía se enfoca hacia medidas correctivas de las acciones emprendidas por las autoridades, pero también atiende el ámbito preventivo al señalar lo que los familiares y las autoridades ministeriales deben hacer en las primeras 24, 48 y 72 horas de la desaparición. Oportunidades irrepetibles para evitar que los ausentes aparezcan sólo como estadísticas.