La Reforma Jurídica quedó “mocha”

El presidente Peña Nieto ya llegó al nivel de su incompetencia

Adolfo Olmedo Muñoz.

El Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, impresionó al mundo por una supuesta audacia para emprender cambios estructurales que propiciaran el modernismo en la administración, sobre todo en el ámbito de la economía de un país emergente, que se sumaría al juego capitalista de un mundo globalizado por el comercio sin fronteras territoriales pero con rígidos estancos jurídicos. La ignorancia del Derecho, su costosa omisión y la falta de… carácter para enfrentar con el rigor de la ley los fenómenos socioeconómicos, está terminando por socavar los pies de barro de una quimera, exhibida por el crimen organizado y la penosa dependencia ante los Estados Unidos.

El reactivo que ha generado este cambio en el “compuesto químico” de nuestro país, no sólo de la imagen personal, sino de todo lo que con tanto esfuerzo político se logró en esos cambios alabados por la opinión pública internacional, es la incapacidad de contener al crimen organizado que como el más cruel y virulento cáncer, carcome a la sociedad mexicana, desde luego con la compli- cidad de los políticos, esa escoria que no sirve más que para dos cosas: para nada y para…

Desde hace tiempo se sabe que ya “no hay química” entre el presidente y sus conciudadanos. Pero con el transcurrir del tiempo, ha quedado demostrado, lo que tal vez para Peña Nieto siga siendo una incógnita. El pueblo le perdió la confianza por inepto. No supo detectar las causas del encono, y mucho menos combatir los fenómenos antisociales que más duelen a la sociedad mexicana: la asquerosa cuanto abrumadora corrupción. Fenómeno que va de la mano de la impunidad incubaba, enclocada, por casi todo el aparato estructural del poder, tanto oficial como privado, en nuestro país.

Ofende realmente al intelecto ver como avanza la impunidad del crimen organizado, no sólo ya en el tráfico de estupefacientes o el de armas, o el de la trata de blancas, o el tráfico de órganos de otros delitos tipificados entre el hampa, sino que se ha trascendido hacia una sociedad mediocre, cobarde, pero también hambrienta que se beneficia de los despojos.

Ya no podemos solamente culpar a jueces venales ni autoridades de los tres niveles de gobierno, como cómplices, debemos entender que es un problema del Estado Mexicano. Que también hay que reconocer que no sólo le compete al Presidente, sino también a su equipo de “colaboradores” que se apresuraron a incluir como una panacea de los cambios jurídicos, a la implantación de los “juicios orales” al más puro estilo yanqui sajón; además de apresurar sus arrestos para hacer los cambios legales que permitieran al Presidente abrir los candados legales que propiciatorios para la incursión del sector privado en la generación y comercialización de los energéticos nacionales.

Sin embargo, ha sido lo suficientemente incapaz, como para despertar sospechas fundadas, de la ineptitud (no quisiera pensar en la antipatriótica connivencia) del Estado Mexicano, para reformar las leyes que permitan una mejor y más eficiente seguridad pública nacional, reglamentando la participación del Ejército Mexicano que ha venido actuando a palafrén tensado y atados de manos en la mayoría de sus intervenciones, por falta de una ley adecuada.

Adecuada a la peligrosidad, la perfidia y los alcances de un hampa que de seguro tiene ya muchos más adeptos que los que pudiera juntar el Presidente Peña, en un mitin de acarreados.

Sin embargo, nuestro señalamiento de ineptitud de la autoridad no exime el hecho de una cobarde traición por parte de los dos poderes restantes, el Legislativo y el Judicial, quienes teniendo las herramientas legales como para acotar al Presidente, y frenar la corrupción dotándole a la nación de instrumentos legales coercitivos y así suplir las deficiencias del Ejecutivo, han preferido esconderse bajo las enaguas de una prostituida justicia, que también a ellos les derrama vergonzantes “ganancias”.

Nuestro ejército que hoy por hoy depende al filo de una cola de los llamados organismos de derechos civiles, como expuesto a una espada de Damocles.

Existe un completo diagnóstico de las condiciones en que se vive la piratería de los hidrocarburos. Se sabe quienes son los ladrones, cómo hurtan y causan tremendos daños no sólo a la economía de todos los mexicanos, sino también al medio ambiente y al tejido social. ¿Y cree usted que no se sabe quiénes son los beneficiados directos de esos ilícitos?: gasolineros (ladrones de cuello blanco), transportistas, choferes, conducto-res privados y de grandes empresas, y desde luego el crimen organizado que desde hace unos años ha venido obteniendo tantas o más ganancias que el tráfico de estupefacientes.

Pemex ha definido también en sendos informes a las autoridades “correspondientes” incluyendo Gobernación, la Secretaría de Economía, de la Defensa Nacional ¡Hacienda!, que bien podría ya haber fincado responsabilidades a centenares de infractores relacionados con este ilícito; desde luego también al Presidente de la República y muchos otros que como a ellos, el hampa los tiene cogidos por los… hechos.
De qué sirve la Federación si no es capaz de llevar estabilidad social a toda una nación. El ejecutivo Federal, como muchos, pero muchos tratadistas saben cuáles son los estados donde se presenta el flagelo que daña a la economía nacional, no tan sólo a Pemex como empresa, ni a un sector privado, por el contrario, “como pila de agua bendita, todos meten mano”, como demuestran las estadísticas en las que el poco edificante honor lo tienen estados como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Michoacán, en menos medida Hidalgo y Nuevo León, además de la corrompida Puebla de la que su exgobernador, Rubén Moreno Valle ha venido derrochando recursos económicos, tiempo y “enlaces o componendas” políticas futuristas, pues quiere crear una imagen de presidenciable para el próximo año.

Pero existe otra reforma que urge sea implementada lo más pronto posible. La perdida de la propiedad privada para todos aquellos que circundan cada una de las tomas clandestinas que van apareciendo en la geografía, así como la inhabilitación para los comerciantes que coadyu- ven, que cooperen, con el hampa organizada.

El Presidente Peña Nieto cuenta con una fuente de derecho como para instrumentar nuevas leyes en la materia; Por Causa de Utilidad Pública. Si no actúa ¡ya!, no podrá quejarse del “mal humor de la sociedad”, en su contra, ni de su descrédito en la historia política reciente de este país.