La economía del delito

Iván Nájera Agüero.

En México, derivado de grandes factores como el desem- pleo, la corrupción, la falta de oportunidades, la injustica, tráfico de influencias entre muchos otros aspectos, el número de delitos cometidos se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Este aumento tiene una relación directa con la economía del país que difícilmente se toma en cuenta, puesto que las pérdidas hacen que el delito tenga un costo muy alto para población.

La edición 2016 de la Encuesta Nacional de Victimiza- ción y Percepción sobre Seguri- dad Pública (ENVIPE) estima 29.3 millones de delitos afectando a 23.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28 mil 202 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2015. La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta a las anteriores (allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).

En el año 2015, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 236.8 mil millones de pesos, es decir, 1.25% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 5 mil 905 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Pasándolo a porcentajes serían los siguientes: 62.9% en pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, 4.2% gastos a consecuencia de los daños en la salud y 32.9% en gastos en medidas preventivas (cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas, colocar rejas, comprar un perro guardián, etc.), siendo en medidas preventivas un gasto estimado de 77.9 mil millones de pesos para los hogares. Los datos que arroja le encuesta sin duda alguna son alarmantes, aun con el combate a la delincuencia los números no cambian mucho desde el año 2012. ¿Qué es lo que está fallando ? ¿Aún hay posibilidad de revertir estos números?...

Hace 49 años, Gary Becker publicó su artículo, que pronto se haría famoso, sobre lo que llamó “la economía del crimen”. Su hipótesis microeconómica resulta simple y atractiva. A pesar de lo que los legisladores suponen, los potenciales delincuentes no consideran para delinquir la sanción prevista en la ley, sino la relación entre la pena posible y la probabilidad de que la misma les sea efectivamente impuesta. El delincuente entiende que la posibilidad de ser atrapado, investigado, procesado o sentenciado es baja, o que tiene altas probabilidades de burlar cualquiera de esas etapas procesales, entonces mantiene altos incentivos para delinquir y seguir haciéndolo. Esto quiere decir que, en la medida en que haya más impunidad habrá más atracción para cometer el delito; en tanto haya más corrupción y puedan ser evadidos los castigos, habrá más posibilidad de detonar una espiral de violencia generalizada.

El análisis económico del crimen supone que los criminales son individuos que actúan racionalmente, como cualquiera otro individuo, y buscan maximizar su bienestar. Lo que los distingue es que encuentran más óptimo realizar actividades ilegales. Es decir, los criminales miden en términos monetarios los incentivos de realizar actividades legales e ilegales y encuentran que les resulta más rentable dedicarse a estas últimas.

La economía es a menudo descripta como el estudio de la asignación de los recursos escasos, y el crimen es uno de los muchos problemas sociales al cual destinamos nuestros limitados recursos. La cuestión económica clave en relación a los costos de la reducción del crimen se centra en qué cantidad de recursos deben destinarse a combatir el crimen y en cómo asignar esos recursos entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, como la policía, los tribunales y las cárceles.

Estos costos se deben compensar con los beneficios que genera la política de lucha contra el crimen. Debido a que se requieren recursos costosos para disuadir el crimen, la cantidad óptima de crimen, desde una perspectiva social, es muy probable que sea positiva.

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