Fin de la “era dorada” de los gobernadores (1997-2012)

Juan Martínez Veloz.

Después de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto a finales de 2012, fueron muy famosas en las redes sociales las fotos del nuevo mandatario con los gobernadores en funciones de ese tiempo.

En su momento saludamos estas reuniones con espíritu republicano ya que son una muestra de la pluralidad política que vive el país y que son necesarias para que el Estado mexicano afronte los graves problemas que padecemos.

Hoy la relación entre el presidente Peña Nieto y los gobernadores se mantiene en buena relación formal, sin embargo actualmente varios ex gobernadores enfrentan problemas serios de responsabilidad política, penal o administrativa (Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz).

Algunos de ellos están siendo procesados por impulso de las autoridades judiciales locales y otras por las federales (PGR), sin embargo lo acontecido ya es un hecho notorio de que la “fiesta de los gobernadores”, que se dio entre 1997 y 2012, terminó.

El inicio de esta época se da cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría del Congreso Federal en 1997, y esa situación fortaleció el poder de los gobernadores y debilitó la institución presidencial en su control político en los estados. Fue muy notorio en la época de gobiernos federales del PAN entre 2000 y 2012.

Esta “fiesta” les permitió atesorar riquezas (según aparece en medios de comunicación, a reserva de que se comprueben en tribunales) más allá de sus legítimos ingresos, negociar “voto útil” en elecciones presidenciales, y otros privilegios como imponer a sus “delfines” de candidatos a gobernadores.

Las acciones del gobierno federal (PGR) y de los gobiernos locales en este sentido deben respaldarse y esperar en última instancia lo que digan los jueces (existe el derecho constitucional a la presunción de inocencia).

Después de las elecciones de junio de 2016 advertimos en el artículo “Coahuila después del 5 de junio” que uno de los factores del “voto de castigo” al PRI era la percepción de impunidad que existía en la sociedad con algunos ex gobernadores como Guillermo Padrés (Sonora) y Javier Duarte (Veracruz).

Hoy algunos de esos factores empiezan a ser removidos. Habrá que esperar su impacto electoral en junio de 2017. Lo ideal para el PRI es ganar 2 de las 3 elecciones locales en disputa; viceversa para la oposición.

En el pasado, el combate a la impunidad le dio resultado al presidente Carlos Salinas de Gortari, que de unas controvertidas elecciones en 1988 pasó a ganar casi todo en 1991 (Las Elecciones de Salinas).

El país vive una situación muy difícil, la microeconomía está estancada (los precios aumentan y los salarios no suben), aunque la macroeconomía y las cuentas nacionales más o menos andan bien según dicen los expertos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA también esta lastimando la relación económica (incertidumbre de TLCAN) entre México y EUA.

Sin embargo, el mayor problema de algunos estados es el aumento de los delictivos y la violencia. En algunos estados como Coahuila y Durango, la violencia ha disminuido significativamente a como se vivió entre 2007 y 2012.

La cooperación entre la Federación y los estados de la república no se debe dejar caer por los hechos que involucran a los ex gobernadores; debe fijarse una agenda de trabajo más allá de las competencias que a cada nivel de gobierno da la Constitución, bien sea en el Congreso de la Unión o los aspirantes presidenciales con miras a integrar la agenda del 2018-2024.

Hay temas comunes entre ambos niveles de gobierno: el campo, la salud, la educación, los desastres naturales, las reformas estructurales, etc. Uno de los temas que se debe revisar es el marco jurídico de los estados y municipios en la constitución nacional, algo hay que hacer en este tema en el marco del Centenario de la Constitución de 1917.

Esta agenda de trabajo común debe incluir los siguientes puntos:

1.- Revisar la Constitución referente al Título V; las normas para los Estados de la Federación y la Ciudad de México y proponer algunas reformas. Los estados deben tener más libertad y autonomía para definir sus instituciones políticas, fijar su jurisprudencia local que sea definitiva en algunos temas. El amparo prácticamente anula la justicia local que llega a ser una “justicia de paso”. El municipio debe ser apoyado para crear su propio Estatuto Municipal y darle mayor autonomía para aprobar su ley de ingresos y su cuenta pública.

2.- Evaluar el cumplimiento de las normas de la Constitución y tratados internacionales que deben aplicar los estados en sus ámbitos de competencia y también verificar el cumplimiento de las reformas constitucionales que apliquen a los estados de la Federación e informar a la ciudanía sobre ello.

3.- Detectar las lagunas y contradicciones que pueden existir entre la constitución local y la constitución nacional.

4.- Revisar las Constituciones políticas locales dentro del margen de maniobra legislativa que la constitución nacional autoriza para las legislaturas locales (Art. 124) y hacer propuestas de reforma los constituyentes locales de cada Estado.

juanmtzv63@hotmail.com