La serpiente devora al águila

Fidel Ibarra López.

A pregunta expresa de un servidor –vía telefónica- a Carlos Elizondo-Meyer –articulista y analista político y económico en México-, respecto a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que plantea el PRI y el PAN, me responde que “…necesitamos una ley de seguridad nacional. Pero no sé si esta es la correcta…”. La respuesta bien podríamos desglosarla en dos partes. Primero, ¿por qué hemos llegado a un escenario donde se tiene la necesidad de una ley de seguridad nacional? Y segundo, ¿es correcto lo que se está planteando en este momento? La primera pregunta implica como respuesta lo siguiente: hemos llegado a este escenario por dos razones: 1) La inseguridad en México ha llegado a tales niveles que no tenemos más alternativa que mantener a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y no en las tareas que la propia constitución les confiere; y 2) La discusión de una Ley de Seguridad Interior contiene una presión de las fuerzas armadas para que se apruebe un marco jurídico que les provea de seguridad jurídica en su actuación como fuerzas policiacas en las calles de este país.

Ambos aspectos implican un fracaso en materia de seguridad interior, porque en todo este tiempo –del 2006 a la fecha- no se articuló un Plan B que significara el empoderamiento del Estado en materia de seguridad que permitiera un eventual regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles. Como no se articuló ningún plan ni estrategia alguna, el problema terminó por agravarse todavía más, por lo que no nos queda más que mantener a las fuerzas armadas en las labores que hasta el momento desarrollan. Nada más que, en las actuales condiciones la permanencia implica la aprobación de este marco jurídico.

En otros espacios señalamos en su momento, que el General Cienfuegos había declarado para el periódico El País, de España (20 de octubre, 2016) las condiciones en las que operan las milicias en México. Y expusimos en su momento que:

“50 mil efectivos –nos dice- están movilizados en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Realizan tareas de seguridad tanto en la sierra como en las ciudades –sin que sean relevados-. Al inicio se dijo que la presencia del ejército era temporal (2005), pero “nadie ha puesto en marcha un plan de salida”. Y ahí se mantiene el ejército, realizando tareas en las cuales no está capacitado y sin un marco legal que ampare su actuación en el campo de batalla” (El Sol de Mazatlán, 21 de octubre del 2016).

Esa declaración del General Cienfuegos –decíamos en su momento- ponía en perspectiva el sentir de las fuerzas castrenses: no se sentían cómodos porque estaban realizando una labor para la cual no están preparados, y estaban molestos porque esa tarea la estaban desempeñando en el limbo. Sin un marco jurídico que les otorgara cierta garantía que respaldara su actuación policiaca. Además, no observaban compromiso político por parte de la clase política en México. Y ello se debía, en la perspectiva del General Cienfuegos, a que existía un temor por parte de la clase política. Se teme –afirma el Secretario- que si se legaliza el despliegue del ejército, después ya no quieran regresar a los cuarteles. Y le disputen a los civiles –eso lo decimos nosotros- el poder político.

Desde la perspectiva del General Cienfuegos este es un temor infundado; pero a la clase política no se le olvida que los militares fueron gobierno en este país, y por ello prefieren mantenerlos en las tareas que le fueron conferidas en los últimos 10 años: Lejos de las urnas (por mandato constitucional), pero cerca de la seguridad (por mandato político). El problema es que esta situación ha desgastado a los soldados y públicamente están haciendo manifiesta su molestia.

El temor que observaba el General Cienfuegos en el mes de mayo del año pasado, parece haber amainado en la clase política: el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha convertido en el principal promotor de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y de ahí lo han secundado el Coordinador de la bancada del PAN en el Senado (Roberto Gil Zuarth) y el Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados (César Camacho Quiroz). Incluso el propio Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado porque las fuerzas armadas se mantengas realizando las tareas de vigilancia y prevención del delito.

No obstante lo anterior, el temor ahora se ha trasladado a la sociedad civil. Y diversos organismos ciudadanos y académicos especialistas en la materia, se han pronunciado en contra de que un marco así como está planteado, sea aprobado en el Congreso de la Unión. Y aquí viene la segunda parte de la respuesta de Carlos Elizondo-Meyer: ¿necesitamos una ley de seguridad interior? Y la respuesta es SÍ. Y lo es, porque no hay Plan B para enfrentar al crimen organizado y porque las fuerzas castrenses plantean como exigencia desde mayo del 2016 –al menos públicamente, quizá en privado la exigencia tenga más tiempo- la aprobación de este marco legal. Pero, ¿es la ley que necesitamos? Y la respuesta es NO. Y lo es, porque deja en el vacío –al menos en lo que respecta a la iniciativa de Gil Zuarth- lo concerniente a la forma como intervendría las fuerzas armadas. Se señala que éstas podrían intervenir de manera “subsidiaria” o “temporal” (Art. 13) “…en funciones de seguridad interior (…) cuando por razones de necesidad y proporcionalidad las instituciones y autoridades civiles y competentes estén imposibilitadas materialmente para hacer frente a la situación”.

En otras palabras, cuando el problema sea mayúsculo y las fuerzas civiles en las entidades del país no puedan enfrentar un problema, se podrá recurrir a la intervención (temporal) de las fuerzas armadas –previo realizar un procedimiento para justificar legal e institucionalmente la intervención militar-. Bajo estas condiciones intervendrían las fuerzas armadas, pero ¿a qué nivel, y utilizando qué tipo de armamento o equipo militar (fuerza letal, se dice en la iniciativa)? De eso nada se dice. Y aquí radica lo peligroso de esta ley. Se señala, en efecto, la existencia de protocolos para efectuar la intervención y en el artículo 22, inciso C, se establece que “La Fuerza Especial de Apoyo Federal y la Fuerza Armada Permanente podrán hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con un deber en los términos de la declaratoria de afectación de la seguridad interior; contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave…”. Pero no se dice cómo.

Y estas preguntas generan un temor fundado porque ya se tiene un antecedente inmediato del nivel de intervención que pueden tener las fuerzas armadas –en este caso La Marina-. Y nos referimos al caso de Tepic, Nayarit. Si ese nivel de intervención es lo que nos espera, entonces estaría en un grave riesgo el tema de los Derechos Humanos.

Así pues, ante la pregunta “¿es esta la ley que necesitamos en México para atender el problema de la seguridad interior?”. Bajo lo que plantea la iniciativa de Gil Zuarth, la respuesta es NO. Pero lo grave es que puede llegar a aprobarse. Y todo porque llegamos a un nivel donde el Estado terminó arrinconado en materia de seguridad. Visto como metáfora, por muchos años el águila (Estado) administró a la serpiente (Crimen Organizado). Ahora, la serpiente la está devorando. La realidad se ha invertido.