 Viacrucis democrático
Samuel Cepeda Tovar.
La Democracia como concepto es sin duda un término bastante abundante en contenido, no se limita de ninguna manera a la cuestión electoral, pues posee raíces axiológicas bastante particulares, no obstante, nuestro sistema político electoral que se supone debe ser la base institucional de nuestro país al permitir que gracias a este sistema se conformen los poderes de la unión dando con ella vida a nuestra república, debe ser caracterizado por una morfología democrática bastante evidente.
Nuestra democracia electoral ha pasado a lo largo de su existencia por un viacrucis que ciertamente la han hecho tropezar en más de una ocasión. Desde la reforma política de 1977, en que nace la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), se ha tratado de dar certidumbre y especial importancia a este proceso democrático. No se ha tratado nunca de esfuerzos aisla- dos, sino de un conjunto de esfuerzos que han quedado plasmados en cada reforma desde el 77. Estos esfuerzos traerían como resultado la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), además de aumentar el número de legisladores de representación proporcional de 100 a 200 intentando con ello dar representación a los partidos con votación minoritaria.
Fue hasta 1990, cuando las elecciones se independizan del gobierno de manera parcial y se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) con su andamiaje legal, el COFIPE que sin duda es el antecedente más directo de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral. Habrían de venir más reformas, la de 1993, con la creación del TRIFE, la de 1996, con los requisitos para registro de los partidos políticos, luego la de 2002, con la equidad de género, después la de 2003-2005, con el reconocimiento del voto en el extranjero, 2007-2008 con cuestiones como el financiamiento, tiempos de campañas, acceso a radio y televisión, la creación de la contraloría general del IFE, para finalizar, con la reforma de 2014 con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y la creación del INE y las demás leyes que vienen a engrosar y a tratar de perfeccionar nuestro sistema político electoral.
Todo este tortuoso camino hacia la consolidación de un instituto nacional que garantice con sus procedimientos ciudadanos la efectividad del sufragio de los ciudadanos en cada elección bajo principios rectores específicos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, son la razón de ser de este instituto electoral que cabe mencionar, tiene aspectos cuestionables, pero que sin duda sus esfuerzos estribados en sus principios tienen la finalidad de que los ciudadanos tengamos la certeza de que nuestro voto, hoy por hoy, es respetado y su emisión se realiza en base a estándares de seguridad soportados en la vigilancia ciudadana, pues son los mismos ciudadanos quienes reciben la votación y cuentan dichos votos y las decisiones son tomadas por consejos ciudadanos que son la máxima autoridad en los tres ámbitos de ejercicio de las facultades del INE.
No obstante, estos esfuerzos no son definitivos, pues también los ciudadanos deben poner de su parte en cada proceso electoral comenzando con salir a votar en cada elección, y en ese acto de votación, que dicha emisión de sufragio sea libre, sin presiones de ningún tipo, con absoluta convicción, que los ciudadanos hagan valer su derecho a un voto libre y secreto. No se trata sólo de reformas y reformas al sistema electoral, se trata también de maduración ciudadana, de un proceso de concientización personal, de una cultura de participación que permita cerrar el binomio INE-Ciudadanos para con ello perfeccionar nuestro sistema electoral en beneficio de todos los que habitamos este país.
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