Raúl Cervantes: ¿Un fiscal complaciente?

José C. Serrano.

Raúl Cervantes Andrade, de 54 años de edad nacido en la ciudad de México, es abogado, empresario y político, miembro destacado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tiene un doctorado en derecho por la Universidad Panamericana. Ha sido en dos ocasiones diputado federal y una vez senador de la República. Desde octubre de 2016 ocupa la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

Su nombre, militancia partidista y sus aspiraciones a convertirse en el primer fiscal general de la nación, han despertado la violencia adormilada de los integrantes de los institutos políticos, quienes engallados participaron en la apertura de la primera sesión general del Congreso, que tuvo lugar el 1 de septiembre recién transcurrido. Zarpa-ron en una frágil barcaza, sin timonel, a las procelosas aguas de la lucha por el poder.

En el período ordinario de sesiones el tema de mayor confrontación es el de la minuta de ley sobre la fiscalía general de la nación que el PRI y sus aliados impulsan y que dará la posibilidad a Cervantes Andrade de hacer realidad su anhelo.

La mayoría de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se opone a ello, al igual que los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Morena. Sus coordinadores parlamentarios Fernando Herrera, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, respectivamente, subrayaron que debe dictaminarse la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que reforma al artículo 102, constitucional, así como eliminar de la ley secundaria el artículo 16 transitorio que permite el pase automático del procurador a la fiscalía general.

Organizaciones de la sociedad civil representadas por especialistas en derechos humanos y académicos universitarios alertan a la ciudadanía ante la posibilidad de que en este período de sesiones del Congreso, los senadores del PRI y sus aliados intenten dar un albazo y otorguen el tan manoseado pase automático al amigo del presidente. Sentenciaron que ese nombramiento mandaría un mensaje de impunidad. Los líderes sociales señalaron que el proceso de designación del nuevo fiscal debe ser transparente.

Los activistas-académicos José Antonio Guevara, José Javier Romero y Édgar Cortez. Coincidieron en que “El problema de la impunidad en el país, de la corrupción y de las graves violaciones a derechos humanos se debe a que la PGR y sus titulares han tenido una total dependencia del Ejecutivo federal y del partido del que provenga el presidente de la República. Cervantes Andrade es cercanísimo a Peña Nieto, por lo que no tendría ninguna independencia para indagar en los posibles delitos que se hayan cometido durante la actual administración”.

Esa institución que está por nacer debe reunir tres principios irrenunciables: ser independiente, autónoma y profesional. Para ello se requiere que su titular sea designado mediante un proceso que asegure a la ciudadanía que el elegido es la persona idónea para el puesto. Sin demeritar la formación académica y profesional del doctor Cervantes Andrade, si los senadores aprueban ese pase automático matan de entrada a la nueva fiscalía. Nacería heredando toda la estructura de la PGR y, con ello, echaría abajo la reforma de 2014.

Los popularmente llamados “moneros” que ilustran en los medios impresos y digitales algunos sucesos de la cotidianidad, dibujan al procurador Cervantes Andrade, tumbado en un mullido sillón, relajado, con los pies sobre su escritorio, durmiendo el sueño de los justos. Mientras, los plantones de personas agraviadas por la falta de procuración de justicia, menudean frente a las lujosas instalaciones de la PGR.

El enjambre de manifestantes es variopinto. La protesta popular reúne a familiares de víctimas de feminicidio, de secuestro, de ejecuciones extrajudiciales, de extorsión... No faltan en esa palestra los que reclaman que se castigue ejemplarmente a Javier Duarte de Ochoa y a Roberto Borge Angulo, quienes deberían estar purgando su sentencia en algún penal de altísima seguridad.

Si Raúl Cervantes Andrade no se aparta de la condición de subordinado al poder Ejecutivo, los próximos nueve años no sería otra cosa que un fiscal complaciente.