Pegasus

Samuel Cepeda Tovar.

Como película de ciencia ficción, y evocando casos tan memorables como el Watergate, nuestro gobierno federal es acusado de manera directa de utilizar espionaje sofisticado y bastante preciso contra periodistas incómodos y disidentes mediante un software denominado “Pegasus.” Con un grado de complejidad tan avanzado, este malware originario de Israel, es capaz de presentar vigilancia a cualquier teléfono móvil haciendo uso de la misma cámara y micrófono de quien porta el teléfono infectado por el virus.

Pero lejos de las implicaciones técnicas que pudieran ser parte inherente de este sistema de vigilancia, partimos de la idea de la violación de la privacidad de personas llevada a cabo por el mismo gobierno federal, además de romper los protocolos de uso de dicho programa de vigilancia, pues a pesar de que su venta sólo es permitida a entidades gubernamentales, su uso es exclusivo para vigilar criminales, o prevenir amenazas de seguridad nacional. Y teniendo en cuenta eso, las acusaciones de por lo menos 12 periodistas involucrados en investigaciones periodísticas de corrupción gubernamental aseguran haber sido víctima de este espionaje.

De igual manera, abogados que llevan el caso Ayotzinapa y que no están dentro de la línea de la verdad histórica han manifestado ser vigilados por este sistema producto de iniciativas gubernamentales, y en efecto, para el caso de México, el malware fue comprado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) y también fue adquirido por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Los casos en específico que parecen ser parte de la vigilancia del gobierno federal son tan delicados que han manchado la administración del actual presidente Enrique Peña Nieto: Ayotzinapa, Tanhuato, La Casa Blanca, Tlatlaya. Pero no sólo casos de violencia, sino de organizaciones que han sido punta de lanza para intentar encauzar en las vías del desarrollo a este país, tal es caso de espionaje que denuncia el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante la elaboración de la plataforma del sistema nacional anticorrupción y algunos otros casos igual de delicados.

Eventos de espionaje como el Watergate en los años 70s le costaron la presidencia al entonces mandatario, Richard Nixon, quien pagó caro el costo de la intromisión gubernamental en terrenos que no le correspondían. Desde luego, no me parece que el caso “pegasus” vaya a provocar la caída del actual mandatario, mucho menos cuando sus días por mandato constitucional como presidente ya están contados, pero si me parece que el tema será utilizado como arma política para atacar al partido del actual presidente tomando en cuenta también que hasta el momento de la redacción de éste artículo, la bancada priista en el congreso no había emitido una postura frente a tan delicadas acusaciones, mientras que miembros de las demás bancadas se preparan para proponer un punto de acuerdo para la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que explique datos más precisos sobre el uso que las aparatos de seguridad estatal le están dando a estas herramientas que tienen un fin bastante específico: combatir al crimen, no fomentar la violación del derecho a la privacidad ni tampoco intimidar a quienes simplemente luchan por buscar mejoras para este país.

Otro escándalo y de esta magnitud, es lo último que necesita este gobierno que está ya en el ocaso de su existencia.

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