Utopía

Otro fracaso en seguridad pública

Eduardo Ibarra Aguirre.

Para el secretario de Gobernación el repunte sin precedente de los homicidios dolosos en mayo de 2017 –de 2 186 asesinatos intencionales frente a 2 131 cometidos en mayo de 2011, el año más letal de la guerra inventada por Felipe Calderón para legitimarse en Los Pinos y congraciarse con George W. Bush–, se debe a las deficiencias en las corporaciones estatales y municipales tanto de las policías como de instancias de procuración de justicia. “Hay regiones francamente rebasadas”.

Miguel Ángel Osorio asegura que la mitad de los homicidios en México están relacionados con delitos del fuero común, tales como robo, secuestro y pandillerismo. Y “Sin eludir la responsabilidad del gobierno federal ante esta problemática”, dice que “advertimos también la falta de una legislación que apuntale la construcción o depuración de instituciones del sector”. Un planteamiento discursivo del sexenio del soldadito de plomo.

Con franco y aun criminal cinismo, el suspirante puntero a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario, relacionó que el aumento de los homicidios “responde también al reacomodo de grupos criminales”, provocado (agrego yo) por el exitoso cumplimiento de los “120 objetivo prioritarios” del sexenio, es decir, la detención o asesinato de los capos y sus jefes de sicarios que es, justamente, lo que provoca los “reacomodos”, lo que privilegiaron los presidentes desde Luis Echeverría hasta Enrique Peña, al que algunos exitosos columnistas llaman patriota. ¡Que lo repitan en 2019!

La vuelta al pasado y la superación al alza en los homicidios dolosos, principalmente con arma de fuego, es “provocada mayoritariamente por fenómenos locales”, explica el secretario del Palacio de Cobián y quien apenas hace dos años presentaba los extraordinarios éxitos obtenidos a base de trabajo en inteligencia (sin que el Cisen tenga director porque está enfermo Eugenio Ímaz) y coordinación institucional, como “sin precedente en la historia de la humanidad”. No es broma y tampoco tengo nada en contra del exgobernador de Hidalgo, ni contra ningún suspirante priista sin futuro cierto para junio de 2018, según los expertos.

Y como el comisionado de Seguridad Nacional, Renato Sales –“es un improvisado”, me confió uno de sus compañeros en septiembre de 2015–, Osorio, como antes lo hizo Miguel Ángel Mancera para explicar el serio repunte de la inseguridad capitalina, advierten que el nuevo sistema de justicia penal permite a presuntos criminales, en posesión de armas de alto poder, librar la prisión preventiva y continuar su juicio en libertad”.
Tienen razón los tres funcionarios, pero es inaceptable que sus advertencias se produzcan después del niño ahogado, enseguida de la pérdida de tantas vidas humanas, de auténticos y supuestos delincuentes, de ciudadanos ajenos al crimen organizado. Y en la elite gubernamental destacan no pocos con vínculos sólidos con los primeros.

En la recta final del sexenio que será recordado no sólo por las demasiado festejadas y costosísimas reformas estructurales, sino por el fracaso de programas y políticas de seguridad pública que dejaron intocados los circuitos financieros e ignoraron la prevención –hasta dejar sin presupuesto a la oficina de Roberto Campa y cuando lo tuvo lo gastó en reglar lentes a niños–, se percibe muy cuesta arriba que se produzcan revisiones a fondo en la estrategia fallida, salvo lo que dispongan en la plaza pública los afectados por la violencia criminal.

@IbarraAguirreEd