La simulación de Plata y la corrupción en Coahuila

Armando Montalvo Olivo.

Aunque Coahuila es considerada la cuna de la Revolución Mexicana, ahora sobresale por la impunidad en delitos vinculados con el saqueo a las arcas públicas cometidos por políticos que saquearon el estado como el ex gobernador interino Jorge Torres López, quien sigue prófugo de la justicia y gozando de la fortuna en dólares, que según sus familiares todavía conserva.

Lo mismo ocurrió con el ex tesorero Javier Villarreal Hernández, reconocido porque nunca pisó el Cereso de Saltillo, e hizo rico a muchos coahuilenses que ahora gozan sus riquezas en Saltillo y otros puntos de la entidad, así como en Tamaulipas.

A decir de jurisconsultos en derecho penal, el caso judicial del ex gobernante y ex funcionario resultó ser una “farsa” para que nunca se les enjuiciara por los delitos que cometieron y cumplieran sus condenas respectivas en su estado. Hoy en día, la “Justicia Coahuilense” no sólo está desacreditada sino es una burla para el pueblo.

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila nace luego de ser publicada en el Periódico Oficial 14 de julio de 2017, y se encargara de establecer las bases de coordinación entre las autoridades de todos los niveles públicos del Estado, para la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema.

Lo más interesante es que esta Ley no sólo va a prevenir sino podrá sancionar las fallas administrativas y los hechos de corrupción así como investigar la fiscalización y control de los recursos públicos de conformidad con lo que establece la Constitución Política de Coahuila.

Quienes se encargarán de aplicar esta ley serán siete personas que forman parte del Comité Coordinador y que está compuesto por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Manuel Gil Navarro, el Auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Jesús Homero Flores Mier, el Secretario de la Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez, la magistrada presidente del Consejo de la Judicatura, Miriam Cárdenas Cantú, el presidente del Instituto Coahui- lense de Acceso a la Información Pública, Luis Gonzales Briseño y la magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, Sandra Rodríguez Wong.

En ellos recaerá la responsabilidad para sancionar a todo aquel funcionario, persona o agrupación que tenga acceso a dineros públicos. Cabe señalar que los siete que tendrán lugar en la mesa de decisiones no estarán devengando un sueldo en la nómina estatal ni como organismo descentralizado ni como autónomo.

Los cinco ciudadanos consejeros recibirán un pago por honorarios por lo que no acumularán derechos laborales ante el Estado, es decir, no tendrán servicio médico, prestaciones de vivienda, aguinaldo o vacaciones pagadas como lo tienen el resto de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

A pesar de todo lo que se diga y ante la apatía ciudadana mostrada por todo lo que involucra a la nueva Ley Estatal de Anticorrupción, se esperan resultados para que encarcelen a un importante número de funcionarios públicos y políticos que se han enriquecido en los últimos años.

Ahí, tiene por ejemplo la Ley de Fiscali- zación Superior para el Estado de Coahuila, que formula sanciones severas y hasta cárcel para quienes cometan actos ilícitos a la hora de manejar recursos públicos, y el auditor superior Armando Plata Sandoval es fecha que nunca encuentra nada para sancionar a los alcaldes, funcionarios y políticos que roban el erario público.

El informe Anual 2016 de la propia Auditoria Superior de Coahuila que puede encontrarse en su página web, revela que organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos encabezada por Xavier Diez de Udanivia, la Comisión Estatal para la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica, que dirige Miguel Ángel Leal Reyes, las universidades politécnicas de Ramos Arizpe, Piedras Negras, Frontera y San Pedro de las Colonias, tienen pendientes casos financieros serios sin aclarar.

Lo mismo sucede en la Secretaria de Salud donde su director Jorge Verastegui Saucedo cuenta los días para que termine la administración porque los problemas financieros son cada vez más serios. Igualmente pasa en el Consejo de Estudios Científicos y Tecnológicos de Coahuila (Cecyte) encabezado por el ex diputado local Francisco Tobías Hernández.

Otra administración deficiente es la que realiza José Luis Moreno Aguirre en el Instituto de Pensiones del Estado, que acumula obser- vaciones por deficiencias financieras y un déficit de cobranza de 23 millones de pesos. En iguales o peores condiciones se encuentra la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre).

La actuación del auditor Armando Plata cada vez es más cuestionable porque pareciera que brinda asesoría en los ayuntamientos porque no turna expedientes a la Fiscalía General del Estado para que procedan contra ediles que traen pasivos graves en sus finanzas como en San Juan de Sabinas, Parras de la Fuente, Acuña, Candela y General Cepeda.

Tan solo el alcalde de Arteaga, Jesús Durán Flores trae observaciones por más de 30 millones de pesos que asignó en contratos a proveedores que no están dados de alta en el padrón. Y para colmo le entregará la estafeta del cargo a su hermano Everardo Durán a pesar de que hay mucho repudio contra su familia por enriquecerse y fomentar la corrupción y los vicios.

Cualquiera que sea el fallo que emita el TRIFE (si confirma el triunfo del gobernador electo Miguel Riquelme Solís o si ordena nuevas elecciones), el panorama es complicado y quien sea el próximo gobernador tendrá que apoyarse en la nueva Ley del Sistema Anticorrupción para ganarse la credibilidad de los coahuilenses.