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el periodico de saltillo

Mayo 2018

Edición No. 351


Miscelánea

Envejecer con dignidad

 

José C. Serrano Cuevas.

El pasado martes 24 de abril el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó en el museo de Memoria y Tolerancia la declaración Envejecer con dignidad y derechos humanos en México: nuestra meta. El público conformado por personas de grupos etarios diversos, portaban pancartas con mensajes alusivos al tema.

En la presentación se dio a conocer que en México hay casi 13 millones de habitantes denominadas personas adultas mayores que, son todas aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Según cifras oficiales hay 1.7 millones de personas mayores víctimas de violencia física y psicológica, 40 por ciento la padece en sus hogares.

Para el ombudsman nacional, su equipo de trabajo e integrantes de las organizaciones que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos, es básico reconocer que el 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones, llevada a cabo en Washington, D.C. aprobó la Convención que señala que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a la persona gozar a plenitud todos sus derechos”.

La declaración es en sí una demanda para que el Estado mexicano garantice los derechos de este sector proporcionándole condiciones de vida más dignas y combatir los estereotipos negativos para los adultos mayores. El Estado debe velar porque se cumplan tanto los derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos civiles y políticos. El Estado debe cumplir con la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, aquella por motivos de edad.

A medida que la persona envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en los ámbitos político, económico, social y cultural; de ahí la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, en la que se reconozca las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona adulta mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades y al desarrollo humano.

Para hacer efectivos los derechos de las personas adultas mayores se requieren acciones conjuntas de los sectores público, social y privado, a efecto de evitar el olvido en que viven algunas personas al llegar a esta etapa de la vida. Es necesario trabajar conjuntamente para promover, como se dijo antes, el mejoramiento de su calidad de vida; establecer accesos preferentes respecto a la salud, nutrición, higiene, y en todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.

La declaración surgió de una agenda común en el contexto del diálogo abierto y permanente con la sociedad civil, además de reflexiones y perspectivas para generar nuevos enfoques en el abordaje de las necesidades y propuestas que plantean los ancianos de este país.

Tres instituciones públicas interactuaron coordinadamente para poner en circulación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Tal ordenamiento jurídico brinda una orientación precisa a quienes se interesan en conocer su contenido.

Por ejemplo, en la parte dedicada a los principios en que se basa la ley, resalta lo siguiente: “Equidad en el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo o religión o cualquier otra circunstancia”.

Las personas adultas mayores tienen derecho a la integridad y a la dignidad; al disfrute pleno sin discriminación alguna; a una vida libre de violencia; al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual; a la protección contra toda forma de explotación; a recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad así como de las instituciones; a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos.

¿Algún día en este país de leyes, los textos de los jurisconsultos darán el salto de las estanterías para convertirse en instrumentos de justicia?

 

 
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