Sospecha razonable

Samuel Cepeda Tovar.

Las fuerzas de seguridad en nuestro país, desde tiempos decimonónicos, han inspirado sensaciones como el temor, el odio y la repulsión por parte de la ciudadanía. En su momento, Porfirio Díaz haría uso de la temible policía rural para reprimir a quienes no comulgaban con su régimen, y ya en la actualidad, casos como el de Tlatlaya o Ayotzinapa nos dejan ver lo peligroso que puede ser el aparato de seguridad del Estado en sus tres niveles de gobierno. Lejos estamos de contar con cuerpos de seguridad pública que nos inspiren confianza y seguridad.

Es cierto, no nos caracterizamos por ser una sociedad que se distinga por su total apego al estado de derecho, al respeto de las normas establecidas, pero si a esto le sumamos autoridades permisivas, abusivas o corruptas, tenemos entonces los elementos para hablar de un Estado Fallido. No es un hecho aislado ni mucho menos privativo de un estrato social que cada vez que nos encontramos una patrulla policiaca en el camino el temor nos abraza, y no por tener cuentas pendientes con la ley, sino por el solo hecho tan genérico de saber que nos pueden detener bajo cualquier excusa con la intención de extorsionarnos; y aumenta exponencialmente la tensión cuando de noche nos topamos con alguna unidad de la temible Fuerza Coahuila, que en vez de infundir seguridad y tranquilidad, nos infunden temor ante el abuso de autoridad que caracteriza a estos elementos de seguridad pública.

En resumidas cuentas, los aparatos de seguridad no son bien vistos por los ciudadanos a quienes se supone deben proteger. Los datos no dejan lugar a dudas, pues la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017) señala que el 80% de los mexicanos consideran que sus policías locales son corruptas y menos del 50% de los mismos confían en ellas. Por ello preocupa en demasía que el recién fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale a elementos de seguridad pública inspeccionar vehículos en movimiento bajo el criterio de “sospecha razonable”, pues esto sencillamente deja al agente de seguridad la decisión personal para detener un vehículo y catearlo basado en su sospecha.

De por sí, las detenciones arbitrarias a vehículos siempre se han presentado y la mayoría de ellas han culminado con violaciones serias a los derechos humanos de los tripulantes y esto a pesar de la prohibición existente antes del reciente fallo de la corte, por lo que ahora que las mismas detenciones para revisión son ya legales bajo la sospecha de los agentes de seguridad, podemos colegir sin temor a errar que los cateos a vehículos simplemente se incrementarán. Preocupa más que los cateos a domicilios sin orden judicial obedezcan un criterio similar, pues sólo con que una persona coincida con las características físicas de un denunciado es razón suficiente para irrumpir en un domicilio, esto es tan absurdo, pues cualquier policía que desee irrumpir en una fiesta en domicilio particular puede hacerlo solo por que la pareció que algún invitado tenía un parecido similar con algún criminal.

En lo personal, siempre he sido un ciudadano que trata de respetar las leyes, y al respecto el fallo de la SCJN me parece razonable, pero no apropiado en las condiciones de nuestro país, en las que simplemente un policía infunde más temor que los mismos delincuentes. Quizá estas reformas funcionen en cuerpos de seguridad como Scotland Yard o Carabineros de Chile, pero no en nuestro país.

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