Miscelánea

Querétaro, abismo de desaparecidos

José C. Serrano.

Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), tal como lo prometió en la reunión con familiares de personas desaparecidas, que tuvo lugar en instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), el 17 de enero de 2018, estuvo en Querétaro el pasado viernes 9 de febrero. Es la primera entidad que visita de una serie de encuentros que incluye las entidades del país, donde se han agudizado los feroces ataques de la delincuencia organizada.

Con la debida anticipación se dio aviso al gobierno del estado de Querétaro sobre la agenda que se desahogaría en dicho encuentro, con la finalidad de que el ejecutivo estatal asignara al personal idóneo con capacidad de decisión y disponibilidad para asumir compromisos ante los planteamientos de sus interlocutores.

Por diferendos en la elección de la sede emergieron los primeros desencuentros. A los familiares de personas desaparecidas, invitados especiales en esta ocasión, los enviaron al auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro; con ellos iba el subsecretario Avante Juárez. Esperaron a que aparecieran los anfitriones, lo cual no ocurrió, porque el titular de la Secretaría General de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, decidió que la reunión se llevara a cabo en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Las autoridades locales facilitaron un camión para el traslado de los invitados a la la FGJE, acompañados siempre por el representante de la Segob. Una vez instalados en el lugar, el desencuentro alcanzó proporciones notoriamente mayores, porque los familiares de los ausentes esperaban que en la mesa de trabajo hicieran acto de presencia Juan Marcos Granados Torres, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la FGJE.

En representación de los personajes aludidos acudieron el subsecretario del Gobierno del Estado, el coordinador de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno (ininteligibles los nombres de éstos) y la licenciada Margarita Luna Téllez Girón, vicefiscal de Derechos Humanos de la FGJE. Hubo cejas levantadas y un extrañamiento puntual del subsecretario Avante Juárez, al darse cuenta de que tales servidores públicos no tomarían decisiones ni asumirían compromisos. Su papel se limitaría a llevar el mensaje a sus jefes.

El tema central que motivó dicha reunión es que las autoridades queretanas no quieren reabrir las mesas de trabajo con familiares que buscan a personas desaparecidas en la entidad; el mecanismo está suspendido desde el 30 de marzo de 2016. Hay una fuerte resistencia en los servidores públicos locales para reanudar tan importante tarea. Campea en la burocracia de la FGJE una espesa insensibilidad hacia un asunto de innegable prioridad.

El encuentro transcurrió entre las 18:00 y las 20:00 horas. Previo al cierre de los trabajos, El Mtro. Avante Juárez conminó a los presentes a renovar los ánimos y las fuerzas para remprender la jornada que ha quedado inconclusa. Prometió estar atento a las demandas ciudadanas. Fue enfático al mencionar que los agraviados por el crimen organizado no están solos. En su fuero interno piensa que se cumplió el objetivo parcialmente.

Es importante que el enviado de la Segob tome nota de que la alta burocracia queretana actúa en forma amañada en el manejo de algunos temas. Colocan por encima de los intereses de la población, su bien personal; se sabe de sobra que entre ellos están asociados en empresas de seguridad privada; que sus cónyuges ocupan cargos bien remunerados en la administración estatal. Un ejemplo es la señora Sonia Colín, directora de Atención a Víctimas, quien es esposa del titular de la FGJE.

El periplo que ya inició el subsecretario de Derechos Humanos tocará diferentes puntos de la geografía nacional: Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Sinaloa, por citar algunas entidades del país. Es muy probable que sus anfitriones le escondan los trastupijes que se tejen entre éstos y algunos empresarios que son dueños de laboratorios en los que se toman muestras para la elaboración de perfiles genéticos; que omitan informarle que hay tarifas diferenciadas para realizar este tipo de procesos, cuyos costos oscilan entre los cinco y los ochenta mil pesos; que no le comenten que en las estructuras de gobierno tienen cabida gestores y cabilderos que engatusan a las vícitmas y las "acompañan" de un laboratorio a otro, buscando llevarse su tajada.

Ojalá, que algún día en este país no haya más abismos para los desaparecidos.