De norte a sur

Bosques con olor a muerte

Guillermo Correa Bárcenas.

Hace años que los bosques de México tienen olor a muerte. Por su envidiable riqueza, conocido como el “oro verde”, desde hace años el botín de empresas trasnacionales, de políticos y de tala montes que forman parte del crimen organizado. Todos se han ensañado contra los indígenas, auténticos dueños de lo que también se conoce como los pulmones del país que cada vez son menos.

Guadalupe Campanur Tapia, purépecha de Cherán, Michoacán, fue asesinada y su cuerpo encontrado la semana pasada. El Congreso Nacional Indígena la recuerda como una incansable defensora de los recursos naturales y su territorio comunal. Responsabilizó de la muerte al mal gobierno, porque sin la descarada corrupción y complicidad con los cárteles de la delincuencia organizada la compañera Lupita seguiría entre los suyos, defendiendo lo colectivo por encima de todo.

El Consejo Indígena de Gobierno demandó justicia y denunció el despojo permanente que han padecido los pueblos nativos del país. Hay que tomar en cuenta que del total de los asesinatos a ecologistas en todo el mundo, 185 en 2015, un 66 por ciento se dio en América Latina y que 33 de ellos fueron en México.

Un año antes le tocó a Isidro Baldenegro, igual que en 1986 sucedió con su padre. A balazos, por su lucha en preservar la tierras ancestrales de su comunidad tarahumara, situada en el vasto territorio del estado de Chihuahua. Sus compañeros recuerdan que el defensor de los bosques había optado por esconderse en una lejana casa de la sierra ante las múltiples amenazas de muerte recibidas. En 1985, Baldenegro fue reconocido con el Premio Goldman, presea mundial que se entrega a líderes ecologistas. Su actividad ambientalista se conocía sobre todo en el Continente por su lucha contra los madereros que ansían acabar con los bosques de pino y roble de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el territorio chihuahuense. Así ha pasado con otros indígenas de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, la zona rural de la capital de la República, Durango y muchas entidades más.

Otros han caído presos. El caso de Idelfonso Zamora que estuvo encarcelado nueve meses fue detallado en su momento por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Greenpeace. En junio de 2016 el defensor indígena ambientalista obtuvo un amparo tras casi un año de haber estado recluido. El líder indígena tlahuica ha luchado por años contra la tala ilegal en el Estado de México. Otros presos de conciencia deben encontrar también su libertad.

Con estos antecedentes lo que no tiene nombre es el crimen que cometieron sigilosamente nuestros flamantes legisladores en el último trimestre del año pasado. Las notas periodísticas del 27 de septiembre relataron cómo en tan sólo 12 minutos, aprovechando la desgracia de los sismos de una semana anterior, senadores del PRI y del PVEM –institutos enfrentados hoy por la disputa del gobierno de Chiapas— integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron los dictámenes de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pese a las protestas en contra de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y hasta científicos.

La iniciativa original fue del Partido Verde Ecologista de México, particularmente de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, aunque en realidad el partido aliado del PRI responde a los intereses poderosos del Grupo Salinas. El señalamiento es de la organización internacional Greenpeace, la mayor ambientalista del mundo que el 19 de diciembre de 2017 manifestó su preocupación junto con organizaciones de la Sociedad Civil que acusaron directamente a la senadora Ninfa Salinas del PVEM, directiva del corporativo mencionado.

En un escrito firmado por organismos y personas se detalló que dicha aprobación se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin la amplia consulta exigida por la sociedad, tal como lo mandatan los estándares de derechos humanos.

En el documento se narró entonces que la iniciativa fue presentada originalmente para ser aprobada de forma expedita en el marco de la COP13 del Convenio sobre Diversidad Biológica en diciembre de 2016 en Cancún. Sin embargo, dadas sus deficiencias fue frenada en aquel momento. El dictamen actual fue negociado sin una discusión abierta y aprobado en el Senado el 14 de diciembre con 89 votos, para ser enviado a la Cámara de Diputados.

La aprobación de la nueva propuesta de Ley se llevó a cabo sin la consulta de un sector amplio y representativo de la sociedad civil y sin el aporte de quienes se verán afectados por su aplicación, principalmente las comunidades y los pueblos indígenas. De esta manera se vulneran los derechos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

Además de la forma en que fue aprobada, las organizaciones y personas firmantes también expresaron su condena en torno a varios puntos críticos incluidos en la Ley propuesta, como la escasa protección de los recursos genéticos y su mercantilización, que podría agudizar conflictos asociados al acceso y reparto de beneficios a comunidades locales o pueblos indígenas; la falta de claridad en materia de consulta y participación ciudadana, pues los espacios que se proponen en este sentido están mal diseñados y no cumplen la función de ser mecanismos reales de deliberación; y el que en sus artículos transitorios se establecen excepciones que abren la posibilidad al uso comercial de mamíferos marinos. No sólo eso. En el escrito se acusó que no se establece la prohibición de actividades de alto impacto, como la minería y la generación eléctrica, en áreas naturales protegidas, con lo que la nueva Ley en lugar de proteger a la biodiversidad protege los intereses de sus proponentes.

Ante eso, las organizaciones y personas firmantes exigieron la discusión de la que todavía era una propuesta y que el Congreso de la Unión cumpliera con el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y al consentimiento libre e informado de la medida legislativa.

¿Saben cuándo se cumplió con esto?

DESDE EL CENTRO

La alianza del PRI y el PVEM se rompió en Chiapas con la renuncia de 14 diputados locales del partido Verde porque, dicen, el tricolor se agandalló con la imposición del candidato al gobierno de esa entidad…Y lo mismo sucede por la disputa de alcaldías en el Estado de México… Rabia y condena provocó la agresión a la caravana del Consejo Indígena de Gobierno en Tepaltepec y Buenavista, Michoacán que incluyó a periodistas violentados, intimidados y despojados de sus pertenencias y equipo de trabajo… Los investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, Gerardo Noriega Altamirano y Takuo Hozumi, aseguran que cada año son derribados 19 millones de árboles en el país por campesinos e indígenas a fin de cocinar sus alimentos y calentar agua para bañarse pues no tienen dinero que compre tanques de 30 kilos de gas que se encarecen cada vez más, pese a las promesas contenidas en la reforma energética. La opción con la que ayudan los académicos consiste en la instalación de biodigestores que proporcionan energía con base en los residuos orgánicos de los animales… Organizaciones campesinas ofrecieron su apoyo al PEJE si firma compromisos para rescatar al campo en caso de ganar la Presidencia de la República en las elecciones del próximo primero de julio. Entre ellas figuran la UFIC, CCC, CIOAC JDL, UNTA ,MST, COCYP, CNPA, UNORCA, UPRES y UGOCP… Sigue en riesgo la existencia del TLCAN a un año de que Donald Trump llegó al gobierno de Estados Unidos.

tigrebilly@hotmail.com