Medios en alerta roja

David Guillén Patiño.

La tinta con la que hoy se imprimen los textos y guiones periodísticos en México no es precisamente negra, como tradicionalmente se estilaba. Más bien, es de una tonalidad sanguínea, digamos de un rojo que ha dejado de denotar un simple riesgo, para pasar a significar una alarma generalizada, inclusive una alerta máxima por amenazas de muerte, que no pocas veces se han convertido, con cierto toque disuasivo, en narcoasesinatos o ver- daderos crímenes de estado.

Donald Trump no está tan lejos de la verdad cuando señala que nuestro país es uno de los más peligrosos del mundo. Para corroborar su afirmación, basta con revisar el terrible saldo que ha dejado hasta ahora la guerra que se libra al interior: más de 230 mil muertes violentas en la última década, según datos del INEGI. En este macabro conteo, 2017 se colocó como el año más violento de los últimos 20 años, con 23 mil 101 homicidios dolosos, delito que más se relaciona con el crimen organizado.

La pesadilla se acentuó con el arribo al poder de Felipe Calderón Hinojosa, quien pasará a la historia como el presidente que en 2006 le declaró la guerra al narcotráfico, contando para ello con el apoyo financiero del gobierno estadounidense, por más de 2 mil millones de dólares, cantidad que más bien sirvió para generar 121 mil 683 muertes violentas. Mientras tanto, en la cuenta de Enrique Peña Nieto, el número también resulta turbador: más de 90 mil víctimas.

Es precisamente a partir de la guerra declarada al narcotráfico cuando inicia también una racha de asesinatos a periodistas, así como de flagrantes violaciones a las garantías individuales, incluido el derecho a la libertad de expresión, adjudicados unas veces al crimen organizado, cuando no a diversas autoridades del sector público, aunque, como se sabe, hay casos en los que aún no se puede establecer con claridad el origen de las embestidas.

En cuanto a la experiencia de Coahuila, cuyos medios en general han optado por la autocensura, el gremio periodístico ve con asombro el reciente reporte de “Artículo 19”: con 26 casos, el estado vio triplicados los ataques respecto de 2016, ocupando así el tercer lugar entre los estados del país con mayor número de agresiones contra comunicadores. Para colmo, el 99.7 de los casos, causados por el gobierno o partidos políticos, permanecen en la impunidad.

Ante tal aberración, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila, permanece imperturbable, y todo indica que así continuará este 2018, año en el que, según voces calificadas, será igualmente cruento que el anterior para los periodistas, en vista de la seria amenaza que entraña para los derechos civiles la Ley de Seguridad Interior, promulgada en vísperas de los comicios presidenciales, mismos que para colmo se anticipan como elecciones de estado.

En la entidad, primero vino la Ley para la Protección de las y los Periodistas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Enseguida, se creó, en observancia a esta misma ley, la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Coahuila y, por último, apareció en escena la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila. Nada de esto ha servido para cambiar el contexto de grave peligro en que se desenvuelven los profesionales de la comunicación.

Todo hace pensar en una ausencia de voluntad política por parte del Gobierno del Estado en cuanto a salvaguardar la integridad física y la vida de los periodistas que se desempeñan en los diferentes medios de comunicación de la entidad.

Baste recordar que, tan pronto como fue puesta en vigor la Ley para la Protección de las y los Periodistas del Estado de Coahuila, el 17 de junio de 2014, surgieron las primeras trabas gubernamentales para su aplicación real, de ahí que legisladores locales, como el udecista Sergio Garza Castillo, reclamaran a las autoridades medidas que garantizaran el ejercicio periodístico en un clima de respeto y seguridad.

En esa ocasión se confirmó lo que ya muchos sabían: que la Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas no había servido de nada, mucho menos cuando sus homólogos del PRI ya habían tenido la desfachatez de votar en contra de la propuesta panista de exhortar a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a la Comisión de Prevención y Protección de Periodistas, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad, para que implementen protocolos y medidas de seguridad reconocidos por la ley que garanticen la libertad de expresión de los periodistas coahuilenses.

Por otra parte, el ex gobernador Rubén Moreira Valdez, quien por cierto habría acusado a los corresponsales nacionales en Coahuila de defender a grupos de narcotra- ficantes, nunca aceptó que su secretario de gobierno sostuviera una reunión de trabajo con los periodistas de la entidad, como tampoco que estos tuvieran “línea directa” con éste, como alguna vez se planteó.

“Se ha vuelto costumbre ver el trabajo de los periodistas como un ´peligro´ que debe ser combatido y reprimido por las autoridades, en contravención a tratados internacionales y leyes nacionales y locales”, como lo dijera cierto día la diputada Lariza Montiel Luis, en clara alusión al gobierno estatal. Convengo con ella en cuanto a que en Coahuila “deben existir políticas públicas preventivas, integrales y sistemas de alerta que activen la fuerza del estado a favor de los informadores, no en su perjuicio, como parece suceder”.

Del 5 de julio del año 2010, al 30 de noviembre del 2017, fueron otorgadas 319 medidas de protección a periodistas, siendo la ciudad de México la que más registró, con 64, seguido de Veracruz con 32, Oaxaca y Estado de México con 24 cada uno, Guerrero con 21 y Coahuila con 17. La mayor cantidad de medidas otorgadas correespon- dieron a acciones de contacto para la reacción policial, así como manuales de prevención, rondines domiciliarios.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, registró, en ese mis- mo período, 39 denuncias de periodistas en Coahuila; la mayoría registradas en el año 2013 con 21. Por otra parte, de enero de 2000 al 30 de noviembre de 2017, en Coahuila hubo tres casos de desaparición, mientras que en el año 2010 y 2013 se registraron dos homicidios.

Las embestidas a los me- dios de comunicación han sido de tal envergadura, que en mayo pasado, por ejemplo, informadores de unos 30 medios demanda- ron, durante una manifestación pública en Saltillo, seguridad y garantías al derecho a la infor- mación. Hasta ese entonces, la violencia en el país había cobra- do la vida de al menos 114 profe- sionales de la comunicación.

En el amanecer del sexenio del gobernador Miguel Riquelme Solís, se impone una pregunta capital: ¿Ahora sí habrá voluntad política para actuar simplemente en función de lo que establece la Ley en materia de derechos humanos y, particu- larmente, libertad de expresión, luego de los irreparables quebrantos sufridos por el gremio periodístico y sus familias a manos del Estado y del crimen organizado?

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