En quiebra las pensiones magisteriales

Armando Montalvo Olivo.

No se equivocó y nadie le hizo caso. El profesor ya fallecido Alejandro Torres de la Rosa, ex dirigente de la Sección 38 del SNTE, advertía hace 20 de la quiebra ineludible del Sistema de Pensiones, por la rapiña y el saqueo de los que en ese entonces mandaban en el Palacio de Gobierno.

El tiempo siguió su curso y su predicción ahora es una realidad. Quienes dirigieron esta agrupación se convirtieron en “cómplices” del Sistema Estatal. Hundieron a los maestros coahuilenses, que ahora pagan las consecuencias.

El difunto Lázaro Vázquez Ramos, Alfonso Cepeda Salas y Juan Manuel Armendáriz Rangel (ambos con cargos importantes en el SNTE Nacional), Alejandro Campos García y Rubén Delgadillo Romo, todos ellos ex líderes de esta agrupación, Xicoténcatl de la Cruz, actual dirigente, y Katy Villarreal de la DIPETRE son responsables de lo que hoy sufren los maestros, quienes carecen de medicinas y sin una atención médica adecuada.

El gobernador Miguel Riquelme, el tesorero Blas Flores Dávila y el Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller están enterados del grave problema financiero magisterial que hicieron grande los ex gobernadores Humberto y Rubén Moreira quienes nunca lo solucionaron.
La ambición de los líderes gremiales fue tanta que “manoteaban” a sus anchas el dinero que llegaba de los trabajadores activos y pensionados de la UAAAN, de la UAdeC, del Instituto Tecnológico de Saltillo (solo por algunos años antes de Reformarse la Ley) y del Magisterio Estatal, sin que nada ni nadie impidiera que el Servicio Médico de la Sección 38, se convirtiera en la “caja chica” de los que estaban en el gobierno.

Humberto Moreira impuso a su hermano Carlos Ariel, al que maestros desde la Sección 5 del SNTE, del llamado FATE, lo criticaban. Advertían las acciones ilícitas y de voracidad desmedida que pretendía el profesor que luego de ser dirigente de la Sección 5, se hizo de la dirigencia de la Sección 38 del SNTE en un hecho insólito que permitieron los profesores ante el temor de ser despedidos o relegados del reparto de plazas.

Hoy en el 2018, el problema es más grave de lo que parece. Más allá de las irregularidades solapadas por los operadores de la Dirección del Pensiones de la Sección 38, con Jesús Amancio Núñez Limón, oriundo de la frontera coahuilense, están las más de dos mil 500 pensiones anticipadas por supuesta invalidez, que se entregaron en los últimos años a maestros “amigos” y compadres de los hermanos Carlos, Humberto y Rubén Moreira, dos últimos ex gobernadores de Coahuila.

Según testimonios de los que estuvieron muy cerca de Amancio Núñez, dicen que fueron por miles las pensiones anticipadas que se otorgaron a profesores en activo que no querían laborar y quienes aprovechando la amistad o cercanía con alguno de los hermanos Moreira, echaron mano de esta posibilidad.

Hay casos que no pueden creerse. Por ejemplo, la hija de una maestra que para cobrar la pensión de su madre finada, falsificó documentos que obtuvo en Monterrey para acreditar que ella merecía recibir la pensión de la afiliada a la Sección 38. Otro caso es el de un menor declarado con discapacidad mental y cuyos padres habían fallecido.

La DIPETRE jamás revisó un perito los dictámenes falseados por médicos en San Luis Potosí. Pero como en ambos casos había una recomendación directa de los profesores Moreira, nadie quiso negarse a entregar las pensiones cuyas autorizaciones deben pasar por el Consejo de Administración de la DIPETRE. Todos ahí, incluyendo los “muy” combativos representantes de la Universidad “Antonio Narro” o de la Universidad Autónoma de Coahuila voltearon la cara y hacer como que nadie vio nada, estas prácticas y el saqueo es lo que tiene al Sistema de Pensiones en las condiciones paupérrimas que actualmente opera.

Ley pisoteada

Aunque mucho se ha dicho de las revisiones practicadas a la DIPETRE por la Auditoría Superior del Estado a cargo de Armando Plata Sandoval, parece que lo único que importa es simular que se realizan estos procedimientos administrativos.

Hay que revisar las cuentas que le aproba- ron a Amancio Núñez, quien está desde hace décadas al frente de la DIPETRE. Cuando a él le quisieron fincar responsabilidades por los más de 23 millones de pesos observados, se defendió con abogados y logró revertir la propuesta de sanción que le impondrían los auditores.

Aún con el grupo de abogados, la Auditoría Superior no logró sancionar o al menos recuperar las cantidades observadas como gasto irregular en la DIPETRE, donde el quebranto es evidente y afecta de manera severa a los que menos tienen, a los trabajadores pensionados que aportaron durante años para su retiro.

Ni en el Gobierno estatal, ni en los municipios se implementa la obligatoriedad de los servidores públicos de contratar una fianza, a la hora de llegar al cargo en el que realizarán transacciones millonarias como ocurre en el Sistema de Pensiones o en el Servicio Médico de la Sección 38, donde nadie ha sido sancionado por las fallas en el abasto de medicamentos, ocasionado por la corrupción que prevalece en la Sección 38.

El uso discrecional de los recursos en el Magisterio, especialmente desde la llegada de Carlos Ariel Moreira, convirtió al Servicio Médico y al Sistema de Pensiones en el botín perfecto para los líderes y sus marionetas.

Los compadres y amigas o amigos cercanos de Carlos Moreira fueron los más beneficiados y los que menos empacho tienen a la hora que los señala -en su largo listado de observaciones- la Auditoría Superior del Estado y sus contadores, que no logran recuperar un solo peso de lo observado a las instituciones públicas.