José C. Serrano Cuevas.
El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, México vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado.
Sin el ánimo de jerarquizar las conductas antisociales cabe mencionar la lucha entre grupos de la delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la finalidad de obtener el control de determinados territorios; la debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
A lo anterior se suma la corrupción de autoridades, mandos y subalternos e incluso de la sociedad misma, a partir de la cual se favorece la entrega de territorios a grupos de la delincuencia organizada; se desfalcan las finanzas públicas, afectando la capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
En estos pasivos caben también la poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero y la relativización y minimización del aumento de la inseguridad, la delincuencia y la violencia que, a estas alturas, linda ya con terrenos del terrorismo criminal.
Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones delictivas. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado, casi hasta el exterminio, el bienestar de los mexicanos.
En foros, seminarios, simposios se congregan especialistas y expertos de múltiples disciplinas del saber humano, para analizar y proponer la panacea que acabe con estos ya crónicos males. Alguien piensa y expone que la mejor estrategia es la de seguir la ruta del dinero con el que el crimen organizado financia sus acciones devastadoras: sin billetes verdes quedaría anulado; otro más, está convencido de que el aniquilamiento de los grupos delictivos (¿a costa de lo que sea?), es una estrategia infalible; no falta quien propone que la mejor estrategia es la de negociar con los grupos criminales.
Mediante una disección quirúrgica de este fétido engendro, los expertos -en un instante de lucidez- des- cubren que el elevado índice de criminalidad en México está vinculado al trasiego de estupefacientes entre este país y los Estados Unidos de América y, en sentido contrario viene de la nación sajona el tráfico de armas altamente letales. Dichos pertrechos llegan a las manos de quienes ejercen el poder sin ser un ente institucional.
En el gabinete de la 4T, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, ha comenzado a incluir en su discurso la importancia de la corresponsabilidad entre Estados Unidos y México, como una estrategia eficaz para enfrentar un problema que es común a ambas naciones: la oferta y la demanda de drogas y armas.
El canciller se reunió el pasado 7 de noviembre con 12 cónsules de la zona fronteriza de Estados Unidos, el encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México para conocer sus experiencias y recomendaciones en materia de tráfico de armas. Se solicitó a los concurrentes enviar información sobre el combate al tráfico de armas en Estados Unidos, así como la tecnología e infraestructura con que cuentan.
El secretario Ebrard Casaubon les dijo que el tema es prioritario para México, por lo que es necesario poner toda la atención en las autoridades de Estados Unidos.
La presencia de los cónsules fronterizos ocurrió tres días después de la agresión contra la familia LeBarón en la que fueron utilizadas armas provenientes del vecino país. La corresponsabilidad corre en la misma dirección que el popular toma y daca tan arraigado aquende la frontera.
