Marco Antonio Ortiz Salas.*
Es en el campo, ya sean productores o jornaleros, son sometidos a la voluntad de los grupos criminales.
Este título puede ser sumamente llamativo para los detractores de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no se pretende en estas líneas abonar a la polarización política que beneficia a los grupos identificados con la derecha más recalcitrante de este país. Todo lo contrario, la verdadera intención es la de reflexionar sobre los lamentables acontecimientos suscitados el jueves 17 de octubre en Sinaloa, donde un operativo fallido para ejecutar la orden de aprehensión con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, derivó en actos sumamente violentos y enfrentamientos que dejaron un saldo de más de 50 reos evadidos, 16 heridos y 8 muertos. Más allá de la actuación del gobierno se hace necesario reparar sobre la posibilidad de conjuntar los esfuerzos de todos los actores de la sociedad para desarrollar un esquema integral de colaboración capaz de lograr la pacificación del país, aún cuando esta pacificación en México sea considerada una de las utopías más anheladas por todos.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones, el sector campesino ha sido uno de los principales afectados toda vez que a diario se enfrentan a secuestros, robos y violencia generalizada, sobre todo de quienes pertenecen a las zonas rurales más alejadas y de difícil acceso. Es en el campo donde los labriegos, ya sea productores o jornaleros, son sometidos a la voluntad de los grupos criminales quienes les imponen todo tipo de cuotas por las cosechas, además de que, en la mayoría de los casos, les son controlados hasta los precios, esto aunado a quienes llegan a ser obligados a trabajar en los sembradíos de cultivos ilícitos. Si a esta situación por demás alarmante se suma el hecho de que los altos índices de inseguridad configuran una nueva modalidad de desplazamiento forzado, termina condenando a algunos campesinos a vivir en las peores condiciones de vida por el empobrecimiento y marginalidad a las que se les somete y a algunos otros a abandonar sus tierras.
Sobre esta situación parte la primera reflexión relacionada con los sucesos violentos de Sinaloa y que para los campesinos es la más importante. Si el propio Estado se ve rebasado ante el poder de los cárteles de la droga, no es difícil imaginar las enormes desventajas y desamparo de los trabajadores del campo. Por eso el Estado debe implementar urgentemente un plan de acción que dote de recursos necesarios al fomento para la actividad productiva, sobre todo en las comunidades con mayor rezago y marginación, toda vez que la creación de unidades productivas y mecanismos de comercialización fortalecerían y consolidarían la economía desde abajo, es decir, desde el primer eslabón donde el narcotráfico penetra su actividad ilícita. Esto desde la visión más sensible sobre el desarrollo agropecuario del pequeño productor y no bajo la implementación de programas neoliberales que hasta la fecha han demostrado su poca efectividad.
A eso habrá que sumarle la inoperancia de los actuales funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) que insisten en informar al presidente resultados alejados de la realidad. Contrario a una estrategia tan simple como la que aquí se señala, al sector que más se debiera de dotar de recursos, es al que más se le castiga con el presupuesto. Hoy pareciera que ningún funcionario es capaz de informar al presidente que una alternativa real, con resultados tangibles en la lucha contra el narcotráfico, debe ser el fortalecimiento de las actividades campesinas desde una visión institucional.
La segunda reflexión es sobre la postura del presidente ante los hechos de violencia suscitados y que pusieron en jaque a todo el gobierno en materia de seguridad. Se ha generado todo un debate, más por la actuación del gobierno que por el hecho en sí. La polarización política cae en lo burdo al desdeñar los orígenes y las causas del conflicto, así como las posibles medidas de solución. Si de acuerdo con el Artículo 89 fracción V de nuestra Constitución, es obligación del presidente de la república “Preservar la seguridad nacional, en los teìrminos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” y si la seguridad nacional fundamentalmente es la condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su población, entonces ¿por qué la vieja oligarquía y los poderes fácticos de este país, condenan la decisión de AMLO de abortar el operativo de captura del hijo de Joaquín Guzmán Loera con la intención de proteger a cientos de ciudadanos inocentes?
La derecha está de fiesta con estos acontecimientos, el ejército apabullado, los narcos ganadores y el gobierno en crisis, pero más allá de asumir una postura responsable, los verdaderos opositores de AMLO buscarán exprimir hasta el tuétano la raja política de esta lamentable situación. A quienes nuestros orígenes son en la izquierda, nos queda pugnar por generar nuevas condiciones de participación política en la que ponderemos los anhelos de paz de todos sobre la necesidad de subsistir políticamente como el PAN y sus aliados.
*Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC).
