Samuel Cepeda Tovar.
Las autoridades estadounidenses ya han exonerado al General Salvador Cienfuegos; o, mejor dicho, los cargos hacia su persona han sido retirados; esto no significa que el ex secretario de defensa sea inocente en México, pues ahora las evidencias con las que cuenta el Departamento de Justicia de Estados Unidos serán proporcionadas a México para que la Fiscalía General realice las investigaciones correspondientes y se decida el destino del General. Pero la historia se ha vuelto más compleja, pues una publicación del Washington Post asegura que la liberación de Cienfuegos obedece a una seria amenaza del gobierno mexicano; lo que ha provocado que el General de manera voluntaria regrese a México.
Según el diario citado, el gobierno mexicano amenazó al norteamericano de limitar las operaciones de la DEA (Agencia de control antidrogas estadounidense) en territorio mexicano si no se dejaba en libertad al General; evidenciado dos aspectos que son bastante polémicos y preocupantes: el primero, es que las operaciones de la DEA en México han sido esenciales para la ubicación y captura de capos de la droga en México, y el amenazar con retirar el profesionalismo de esta agencia en México solo pone en tela de juicio el compromiso del gobierno actual con la seguridad interna, y en segundo lugar, el aparente deseo de la diplomacia mexicana de traer a México al General para que sea el gobierno de la 4T quien se cuelgue la medalla de investigar y en su caso procesar a un miembro más del gabinete anterior; sumándose el General Cienfuegos a Rosario Robles y a Emilio Lozoya Austin.
El papel de la DEA en México se ha señalado desde hace años, uno de los casos más sonados fue la detención del tigrillo, Javier Arellano Félix, por integrantes de esta agencia en suelo mexicano; y más recientemente, la misma ubicación del Chapo Guzmán parece haber sido gracias al trabajo de esta agencia en México.
La DEA posee oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México; la mayoría de estas oficinas operan en los consulados estadunidenses, pero los agentes parecen operar en dos grandes vertientes: los asentados en los consulados y los de presencia coyuntural.
Todos estos agentes trabajan en casos que involucran a organizaciones de tráfico de drogas mexicanas; los primeros están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantienen contacto formal e institucional con agencias policiacas y de inteligencia en México; no deben estar armados y deben informar al gobierno mexicano sobre todas sus acciones, contactos y movimientos en suelo mexicano. Los segundos son, hasta cierto punto, menos detectables y no siempre informan de sus actividades al gobierno mexicano; lo que vuelve cuestionable la presencia de estos agentes y que ciertamente parecen atentar contra nuestra soberanía.
De cualquier manera, la agencia ha realizado trabajos importantes en nuestro país, lo que vuelve deleznable que su trabajo sea puesto en jaque por un capricho diplomático que ciertamente muestra a un México capaz de chantajear al poderoso país del norte. Al final, se trata de un triunfo de la diplomacia mexicana, pero no sabemos hasta qué punto se puedan dañar las relaciones de cooperación en el combate al crimen entre las dos naciones en cuestión en caso de que sea verdad la nota publicada por el Washington Post. Esperemos que el esfuerzo valga la pena y no termine todo siendo un espectáculo más con serias consecuencias bilaterales entre México y Estados Unidos.
