José C. Serrano Cuevas.
Rosario Robles Berlanga fue arrestada el 13 de agosto de 2019 con el objeto de ampliar una investigación sobre presunta trama de corrupción orquestada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Desde entonces, ella ha buscado por todos los medios, la benevolencia de la justicia federal para llevar su proceso en libertad. Al principio, lanzaba reclamos rijosos, aduciendo que mantenerla en prisión era una venganza de los poderes Ejecutivo y Judicial. La estrategia no le brindó los resultados esperados tras sus reclamos.
A partir del jueves 11 de febrero último, Robles Berlanga cambió radicalmente su actitud: busca acogerse al criterio de oportunidad para obtener beneficios jurídicos respecto de las acusaciones que obran en su contra. Otorgárselo dependerá de las pruebas que aporte para detectar a todos los que participaron en la red de corrupción que operó la estafa maestra. Esto incluye a su exoficial mayor Emilio Zebadúa González y quienes desempeñaron altos cargos en varias dependencias y participaron en la autorización de los movimientos financieros que sirvieron para cubrir los contratos de empresas fachadas entre 2013 y 2018.
Rosario Robles Berlanga tiene pendiente una orden de captura por delincuencia organizada que podría ser cumplimentada en cualquier momento y, con ello, se impediría que obtenga beneficios como la libertad bajo fianza y se generaría su traslado a una prisión federal, ya que ese mandamiento fue girado por un juez con sede en Almoloya de Juárez, estado de México.
El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos fijó el plazo de cinco días hábiles, a partir del 11 de febrero, para que informen, la fiscalía y la defensa de la imputada sobre el avance del acercamiento de ambas partes.
Para entender el contexto en el que ocurren los hechos enunciados es importante consultar a quienes han estudiado a detalle el tema y que, de manera concisa, divulgan los conceptos pertinentes.
La delincuencia organizada ocurre cuando tres o más personas acuerdan organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin cometer alguno o algunos delitos como el narcotráfico, falsificación, fraude, tráfico humano, tráfico ilegal de petróleo, tráfico de armas, secuestro, blanqueo de capitales.
El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa y de diez a veinte años como interno en un penal federal, más, de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días de multa.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada es el instrumento jurídico que tiene por objeto establecer las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por miembros de las organizaciones criminales. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.
El criterio de oportunidad al que pretende acogerse Rosario Robles Berlanga es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la República (FGR), no obstante que exista fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella por razones de política criminal: uso de los instrumentos del Estado para intervenir en la conflictividad, es decir, para evitar de un modo general la violencia y el abuso del poder. Es una innovación que surge tras la reforma al sistema de justicia penal, partir de 2008.
Lo visto hasta ahora sobre el caso de Robles Berlanga es apenas el inicio de una saga rodeada de suspenso.
