Violencia estructural y justicia

Apolinar Rodríguez Rocha.

La percepción ciudadana sobre la justicia en Coahuila marca grado ínfimo. Los operadores jurídicos: Ministerios Públicos, policías, tránsitos, celadores, Jueces, Defensores de Oficio, secretarios, mecanógrafos, Magistrados, Notarios, funcionarios de Derechos Humanos, Contralorías y Dependencias de Responsabilidad de funcionarios Públicos, con sus corruptelas, ostracismo y negligencia se han encargado de erradicar la confianza del pueblo en las instituciones jurídicas y de justicia; basta enumerar algunas de las más comunes, que no son ajenas al conocimiento popular, para explicar que se haya negado credibilidad al llamado Estado de Derecho, y reafirmar la inseguridad y falta de certeza jurídica:

Ministerios Públicos, policías, tránsitos y celadores: Para todos quieren mordida, encarcelan a inocente inventándole pruebas y torturándole y liberan a culpable si es alguien importante o se mocha $uficiente beneficiándole, alterando constancias para favorecer a quien quiere, para recibirse una denuncia y para atender al ciudadano, ya sea sospechoso, ofendido o víctima, la atención no es lenta sino retardada en grado sumo.

Jueces.- Se encumbran en sus puestos alejándose del pueblo, encerrándose en sus cubículos alejados de la realidad, pronuncian sentencias y resoluciones omisas de justicia.

Secretarios de Juzgado: Son quienes tienen la fe pública, sin embargo sólo dan fe de lo que les ordena el Juez, su fe es dependiente y condicionada a las órdenes del Juez, en otros casos ocupan y realizan las funciones del juez y dan fe de ello como si el que actuara fuere el Juez titular, confundido en un mismo individuo la facultad de juzgar y de dar fe.

Defensores de Oficio: Ocupan el puesto como un medio de obtener ingresos para subsistir, atienden superficialmente los asuntos para reunir estadística, nunca van al campo de los hechos, ni se relacionan con los defendidos, están privados de justicia social.

Mecanógrafos y recepcionistas: Realizan su función de forma autómata, ocupan el puesto no por vocación de servicio sino por necesidad del salario.

Notarios: tienen una regular percepción social. No se quitan el mote de que “no dan fe, sino que la venden”, no son extraños los casos por falsear hechos y actas.

Magistrados: Se encumbran en sus puestos alejándose del pueblo, encerrándose en sus cubículos alejados de la realidad, pronuncian sentencias y resoluciones omisas de justicia social, sin tener contacto nunca en audiencia común y pública con las partes de juicio.

Derechos Humanos, Contralorías y Dependencias de Responsabilidad de funcionarios Públicos: Todos cojean del mismo pie, son instituciones creadas por el gobierno para entretener a los ciudadanos, con el fin de hacerles creer que se sancionara al funcionario negligente, corrupto o arbitrario, cuando en realidad son instrumentos mordaza, para que en tanto se les atiende no griten, ni se quejen y no provoquen inestabilidad social con sus quejas, pasado el largo proceso de investigación ya se enfrió el ciudadano y el caso pasa a dormir el sueño de los justos, el archivo provisional o definitivo, o bien se resuelve en favor del funcionario por no existir elementos suficientes para sancionarlo; las largas investigaciones implican un sinnúmero de vueltas hasta que llega al límite de sus posibilidades económicas y deja de acudir a las instancias; al mismo tiempo esas instancias son elefantes blancos (ineficaces) para dar trabajo a amigos y conocidos de los gobernantes (son puestos sin mucho quehacer).

Si a esto sumáramos lo de otras instituciones, por ejemplo:
DIF.: Es una institución que cumple en forma deficiente su labor; no tiene una cobertura ni siquiera del 50% de las necesidades de atención a las clases vulnerables, ancianos, niños, minusválidos, mujeres maltratadas, divorciadas o abandonadas con hijos, madres solteras, enfermos por neurosis, alcoholismo, drogadicción y enfermedades crónicas degenerativas.

Instituciones de pensiones: otorgan pensiones indignas, ridículas a los pensionados.

INFONAVIT, IMSS: Son un acreedor despiadado, además de cobrar por tienda de raya, directamente del salario, cobra intereses más altos que las hipotecarias y aseguradoras; dan un servicio pésimo.

Los legisladores: Hacen leyes para satisfacer intereses privados, no lo públicos, representa al partido no al pueblo que los elije.

¿De abogados?: Estos se cuecen aparte; entre el servicio y enfrentados a los arbitrarios, a la corrupción, al olvido de las prestaciones sociales que el Gobierno les ha negado, a la discriminación, a la carencia de recursos y de cursos de actualización, al peligro, la ilegalidad, y la exclusión y rechazo institucional. Sin embargo es una profesión atractiva por ser de adrenalina, de vocación, de entereza, estudio e inteligencia en torno a ello basta con decir “todavía hay abogados y para rato, porque sin embargo, se mueve”.

Toda esta lentitud, y burocratización se denomina por los tratados y organismos internacionales de derechos humanos como violencia estructural, se estima que las victimas sociales de la criminalidad reciben una segunda victimización ante el maltrato que reciben de las Instituciones Estatales, de primera mano o cuando acuden a denunciar o quejarse.

La ciudadanía tiene razón en su percepción de la justicia en Coahuila y en México. Lástima que al pueblo le faltan recursos para organizarse en contra de toda esa violencia, tal vez por eso el gobierno le tiene sumido en la miseria, alimentándolo tan sólo para que sobrevivan y produzcan (contribuyan para sus altos sueldos) y dejándolo expuesto a la drogadicción, alcoholismo, crimen y otros vicios de evasión.

“¡Tenemos trabajo, debemos mejorar la imagen social de nuestras profesiones, hagámoslo, y hagámoslo bien!