La corrupción institucionalizada

Apolinar Rodríguez Rocha.

Hoy día, contemplar el medio forense del derecho, en todo el territorio nacional, es ver un Estado devastado. El campo jurídico, las leyes y codificaciones de normas jurídicas han sido reducidos a un montón de buenas intenciones. Las mayoría de ellas son letra muerta para los más de la población. Son más los que viven fuera de la ley y a quienes no se les aplica, que los que viven bajo ella y se les aplica. Leyes vigentes, pero no positivas. Un territorio de leyes inermes, cuando no de leyes muertas.

La estructura jurídica del Estado Mexicano, ha devenido a ser una mera obra de ficción, semejante a la República de Platón o la ciudad de Dios de Santo Tomas de Aquino, que reflejan un espejismo de una sociedad ideal, un mero deber ser, sin realidad ni actualidad. Con autoridades sin compromiso, sin espíritu de servicio, movidos por el afán económico, el ego, el protagonismo electorero, adictos a los reflectores y a la farándula.

Esto se evidencia ante la impunidad presente en la ausencia de Ejecuciones de resoluciones Jurídicas, un México donde la ingobernabilidad se observa en la impunidad, si, pero una impunidad que se origina y actúa en las ramas del poder ejecutivo, de los tres niveles de gobierno, no en los elementos policiacos, sino en el personal administrativo, quien tiene en su función la manipulación (formal y lícita) de las policías y sus elementos, la delincuencia de cuello blanco, la corrupción institucionalizada.

La corrupción se manifiesta en el tortugismo evidente, instituciones de procuración de justicia que hacen las investigaciones lentas, difíciles y hasta imposibles, donde la investigación la debe realizar el ciudadano, mientras los Ministerios Públicos son incapaces de realizar una investigación de campo, donde en lugar de acudir a investigar solicitan que los datos y pruebas les sean llevados hasta sus escritorios, retardando e incluso condicionando ($) el avance en las investigaciones. Sólo en raras excepciones el Ministerio Público se pone su camiseta y las agallas para defender una causa, donde se logran sentencias condenatorias, pero es más el número de sentencias inoficiosas, en todas las áreas del derecho, que las efectivamente ejecutadas, y de aquellas donde se logra aprehender a los delincuentes o ejecutar.

Las ejecuciones de las resoluciones y la facultad de velar por la ejecución de las resoluciones de los tribunales, se consagra al poder ejecutivo de los tres niveles de gobierno, a quien se consagra tanto la prevención, como el castigo del delito, ¿entonces, por qué los ejecutados logran evadir aprehensiones, prisiones, embargos, remates o lanzamientos?

Esto se observa en resoluciones de todo tipo y en todas las materias del derecho, en todos los trámites de procuración o ejecución de justicia, ya sea ésta preventiva, restitutoria, resarcitoria o simplemente social; el problema reside y está en las autoridades ejecutivas administrativas, en los encargados de la logística de la ejecutividad y efectividad de las resoluciones judiciales y administrativas, a quienes falta valor, o intención.

Tal vez no existe una delincuencia organizada como se ha pretendido hacer creer, si no una corrupción institucional (omisa y negligente) de los organismos públicos, donde un gran número de pequeños grupos, amparados por un funcionario o grupo de funcionarios, de alguno de los tres niveles del Estado, degrada la Organización Estatal, que mediante tráfico de influencias logran proteger a aquel grupo también con inejecución de sentencias, que al multiplicarse tal conducta da una apreciación de delincuencia organizada, cuando en realidad se trata de conductas generalizadas concurriendo en una misma área al mismo tiempo.

La delincuencia entonces no estaría fuera del Estado, sino en su interior. Entonces no se requiere una guerra contra el crimen organizado, sino contra los funcionarios estatales corruptos. ¿Se está combatiendo a un falso enemigo, y los corruptos mientras tanto para generar distracción incitan, impulsan y hasta obligan a la ciudadanía al crimen a través de la violencia estructural, para que no se den cuenta de sus actividades ilícitas, de cuello blanco, de manos limpias, pero de bolsillos llenos?

Es el propio Poder del Estado el abrevadero del fenómeno social de la delincuencia, generalizada y concurrente. La guerra contra el crimen organizado no sólo es una violencia estructural, sino una violencia directa en contra del pueblo, desapareciendo la paz pública. ¿No debería entonces agravarse no únicamente los delitos del crímen organizado sino los delitos de corrupción, como la inejecución negligente de sentencias, que son más dañinos, económicamente redituables, tolerados y encubiertos?, cuyo combate sería más fructífero que la lucha contra un ente incierto como el denominado crimen organizado.

El fenómeno del crimen organizado no es más que el eterno combate al crimen, ahora con nueva clasificación doctrinal. ¿Qué es más grave el daño que ocasiona el dinero ilícito que los narcotraficantes meten ilícitamente a México o, el dinero lícito que los políticos sustraen ilícitamente de México? ¿Cuánto y a quién pagan los narcotraficantes y criminales al Estado o funcionarios por adoptar la política de dejar hacer, dejar pasar?¿No es entonces crimen de corrupción, en lugar de crimen organizado?¿Quién en realidad “gana, gana”, el delincuente (perseguido) o el funcionario corrupto del gobierno (protegido por el poder)? ¿Será aquel funcionario corrupto, el verdadero y funcional organizador de la delincuencia? ¿Será la persecución del funcionario corrupto el verdadero eslabón perdido, la fórmula mágica que acabe de una vez por todas con el llamado crimen organizado, y el que está por organizarse?