publicación Online
 
 
  ir a pagina principal regresar     
 
Edición No. 266 , MAYO 2011
ir a ediciones anteriores  

Operación pena de muerte.

Adolfo Olmedo Muñoz.

Los más recientes acontecimientos en San Fernando, Tamaulipas, nos colocan ante una disyuntiva tan funesta como la bifurcación de carreteras por donde el hampa se ha enseñoreado para retar al orden establecido, defecar en burdo mentís al triunfalismo del “pequeño” presidente, y ofender con sorna a una sociedad emasculada, que dejó correr la corrupción mientras “ataba la pata”, sacando pírrico provecho de quienes “mataban a la vaca”. La alternativa hoy es tomar el toro por los cuernos y enfrentar al hampa.

Miente el mediocre Calderón cuando vocifera en conferencias con sectores de la sociedad, o a través de testaferros, acusando a una parte de esa sociedad, la de los intelectuales o la gente con criterio mucho más amplio que el de él, de querer sabotear “su lucha”.

Si verdaderamente quisiera defender “una postura” tendría que acudir al Congreso de la Unión, no tan sólo a decir lo que en “su criterio” está bien y va por buen camino, sino a fundamentar sus acciones, que pueden poner en riesgo la estabilidad de una nación, tanto en lo material, como en lo anímico. México es hoy un país avergonzado, derrotado por la estulticia presidencial y el cinismo de la impunidad; la rapiña partidista y el indecoroso entreguismo mercantilista “globalizador” que nos condena cada vez más a la servidumbre.

Podemos reconocer que no es tan sencillo ofrecer una mágica fórmula con la que se habrían de resolverse los males, con la aplicación de leyes más severas, mediante el establecimiento de nuevas penas o reformular las existentes, incluyendo la pena de muerte, pues faltaría por ver, ¿qué tan inteligentes, preparados y comprometidos con la Nación están los legisladores que hasta hoy, solamente han sido comparsa de los grupos más escandalosos, depredadores impíos de la moral pública? Han legislado a favor de los matrimonios entre seres del mismo sexo; la adopción por parte de ese tipo seres, y una serie de vacuidades que si bien no les ponen en peligro su “rentabilidad política”, los convierte en anodinos.

Tampoco estoy cien por ciento de acuerdo en que la llamada sociedad civil, a través de los “grupos no gubernamentales” se inmiscuya indiscriminadamente en cuestiones de la administración de la cosa pública. Organizaciones que la más de las veces no son más que cofradías de oportunistas que de una u otra forma “sacan raja de la compasión o el hartazgo popular”. Y muchas veces se constituyen en corporaciones mesiánicas, dogmáticas de fanáticos “moralisteros” que tampoco defienden a toda una sociedad laica, sino a sus mezquinos y muy lucrativos intereses.

La situación no puede estar más grave. El hampa, organizada o no, ha pasado de ser un cáncer que amenaza con matar a todo el cuerpo, más temprano que tarde. Ante ello, no hay más que ir al “quirófano”: o se extirpa ese mal, o muere el cuerpo entero. Ya no cabe ningún otro tratamiento. No hay vuelta de hoja; hay que extirpar ese cáncer, imponiendo la pena de muerte para violadores, secuestradores, asesinos calificados, asaltantes violentos y toda esa caterva de antisociales espeluznantemente violentos.

Todas esas “células” cancerosas agazapadas no solamente entre la llamada hampa organizada, sino hasta aquellos que se mimetizan acurrucados por una sociedad ingenuamente estupidizada a la que se le ha hecho creer que ser rico es sinónimo de poderoso e importante, aun por encima de la moral, la justicia, el honor y la razón. Y no hablo del “amor”, la compasión, el cristiano perdón, del que se nutren usureros, pedófilos, fariseos, católicos y reformados, que no hay a cuál ir.

Precisamente, es la voluntad de imponer la pena de muerte a las células cancerosas de nuestra sociedad. Voluntad para desaparecer las estructuras del vicio y la corrupción, que se hallan en el poder judicial, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo; amén de que se localizan también bajo el amparo de una “sociedad civil” desorganizada, oportunista y miedosa.
Quien quiera verdaderamente trascender en la política, tendrá que hablar con la verdad y tomar la decisión histórica de promover la pena de muerte, ya sea desde la iniciativa del Congreso o del Ejecutivo, como fuentes idóneas de derecho. Aunque también a esa sociedad “civil” le pertenece el derecho de excitar la creación de nuevas leyes que salvaguarden la integridad de nuestra nación, por lo que invito a los amantes de la interconexión en el ciberespacio, a que se unan en una ola de peticiones para que solicitemos la implantación de la pena de muerte, sumándose a @modelo “m”.com.

Sé que este comentario habrá de provocar enconadas respuestas. Desde hoy refuto que no importan ya las hipócritas posturas de mediocres “moralistas”. Estoy seguro de que la señora Isabel Miranda de Wallas, el poeta Cicilia, el señor Martí, el exnadador Nelson Vargas, y casi todos los parientes de los encontrados en fosas comunes de cadáveres desconocidos en San Fernando, Tamaulipas, y muchas, pero muchas otras víctimas, opinaron antes de sufrir en carne propia la desgracia de ver asesinados a sus seres queridos, que la pena de muerte puede ser calificada de inhumana.

No podemos seguir pensando que la pena de muerte es inhumana. Es mentira. La historia de la humanidad lo puede constatar. Muchas vidas tuvieron que ser sacrificadas para saber que la sociedad tiene el derecho de protegerse de aquellos que no tienen empacho en sacrificar la vida de inocentes. Sé que no solamente la pena de muerte habrá de detener la ola de crímenes.

Urge retomar un rumbo cierto para la seguridad nacional. No hay que “declarar una guerra”, tal estupidez sería legitimar a un enemigo, lo que pondría en condiciones iguales a los oponentes, y el estado, en representación de toda la sociedad, debe estar por encima, sustentado en el derecho, la ley; amén de la justicia y la equidad, a favor y resguardo de la indefensa sociedad civil.

La delincuencia está hoy más protegida con armamento que proviene de los Estados Unidos. Para la sociedad en cambio, su única arma es el derecho, y si éste no se aparece en los momentos de crisis, es que no hay Derecho, o no hay quien lo cree (la pena de muerte) y quien lo administre.

Es claro que muchas acciones colaterales habrán de ponerse en práctica, pues de la misma manera en que se preserva un cuerpo luego de la extirpación de un cáncer, la sociedad mexicana tiene que recapacitar en la urgencia de una terapia integral adecuada para sanar al cuerpo.

Cuestión a la que seguramente se opondrán los mercachifles apátridas, pues será urgente cerrar las dos fronteras. Por un lado, para impedir el tráfico de armamento. Urge exigir de las organizaciones bursátiles, cooperar en la detección de toda operación de “lavado de dinero” de la que muchos “recatados” hombres de “empresa” (ladrones de cuello blanco, diría un amigo), se han beneficiado.

De la misma manera, debemos volver a las dignas políticas mexicanas, que con la complacencia de los apátridas, nos han ido quitando, como por ejemplo, la postura mexicana de la no intervención, para defendernos de las descaradas intervenciones gringas, que tanta desestabilidad nos han procurado y que impone a su antojo el imperio detrás de nuestra frontera norte.

Ahí mismo se tendría que cerrar también la frontera para frenar o restringir la salida indiscriminada de personas, que a sabiendas de las felonías, degradación, discrimación y abusos sistemáticos, dejamos “correr por hambre” a nuestros connacionales, “en busca de un “sueño americano”, que no es más que una ¡patraña! en pesadillo.

Es indigno de cualquiera, pero más de parte de un presidente pedir “clemencia” en territorio norteamericano para con quienes se les trata como mendigos, y no se es capaz de defender en su propio país.

Lo cierto es que esa sociedad “civil” indignada por el crimen organizado, ha sido copartícipe de la violencia, pues se ha dejado vejar en forma casi masoquista, por comisión o por omisión, por interés o por ignorancia, por perversidad o por ingenua estupidez “bondadosa”, e incluso como un modus operandi.

Legitimemos nuestro derecho a vivir en paz y progreso. Legitimemos nuestro derecho a exigir la pena de muerte para quienes no han tenido reparo en pervertir a grado superlativo a nuestra sociedad.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
carton noviembre 09 Noviembre 09 Rufino