La desconfianza de los coahuilenses

Jorge Arturo Estrada García.

El daño más grave que el moreirismo ha causado en Coahuila es la destrucción de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Además, el Gobierno de Humberto Moreira se dedicó sistemáticamente a desmantelarlas. Ahora que se intenta reconstruirlas la tarea es monumental y cuesta arriba. No hay credibilidad y se cometen muchos errores.

El moreirismo fue un grupo político depredador. Sus acciones rompieron todos los equilibrios y contrapesos en su búsqueda de poder y control absoluto. Su impacto social fue enorme y muy profundo. De hecho, alcanzó a todos los rincones de la entidad y a todas las clases sociales.

Es cierto que las bandas criminales llegaron de fuera. Pero también es cierto que aquí erigieron sus “santuarios”. Así, azorados, los coahuilenses fueron testigos de cómo la delincuencia infiltraba sus barrios, se apoderaba de ellos y los convirtieron, a ellos, en víctimas inermes. No había a quién acudir, era evidente que las policías municipales y estatales, abiertamente protegían a los delincuentes.

En el Palacio Rosa la decisión fue no com- batir a los criminales ni depurar las corporaciones, así lo admitió el propio gobernador Rubén Moreira. Así, los ciudadanos perdieron la confianza en sus autoridades. Y rompieron con ellos.

Mientras la violencia y los delitos atemorizaban a los coahuilenses, la clase política gobernante se entregó frenéticamente al derroche, a la corrupción, al populismo y al culto a la imagen. Se gobernó sin planeación y sin visión de futuro. La opacidad y la nula rendición de cuenta, se volvieron regla. El progreso se detuvo y el miedo llegó a formar parte de nuestras vidas.

Durante seis años se buscó el poder absoluto. Se destruyeron los organismos y desmantelaron las estructuras. Se dividió y se cooptó a los empresarios. Se combatió a la oposición y se anularon los liderazgos. También se alejó a los ciudadanos de la participación y se atacó con fiereza a quienes pensaban diferente.

Durante esos años, las ejecuciones, secuestros y balaceras no existían, oficialmente. Sólo eran Leyendas Urbanas, para las autoridades. Y sin embargo, ya cientos de familias buscaban quien los ayudara a buscar a sus parientes desaparecidos. Por supuesto ni el gobernador ni el Fiscal los atendían.

La fortuna y la audacia los llevaron a concretar una sucesión entre hermanos. Pocos se les opusieron. Nadie los pudo detener.

Finalmente, la burbuja estalló en la cara del moreirismo. Frívolos y soberbios, pensaron que la suerte nunca los abandonaría. Los escándalos los persiguen y marcan a Coahuila indeleblemente.

Coahuila estuvo al borde de la quiebra, pu- blica un documento de la secretaría de Finanzas de Rubén Moreira. Y la entidad es un territorio en disputa y un escenario de la guerra entre cárteles, reconoce el propio gobernador.

En Coahuila los tres poderes están gravemente infectados. La incapacidad y la corrupción corroen sus entrañas. La mayor parte de sus integrantes compartieron los excesos del sexenio de Humberto Moreira. Finalmente lo traicionaron, y ahora se cobijan a la sombra del nuevo gobernador.

Y sin embargo, esta “nueva clase política” que creó el moreirismo plagada de sumisos, traidores, cómplices y vividores de la política sigue en la nóminas oficiales y van por nuevos cargos públicos.

Eduardo Olmos, Jericó Abramo y Ramón Oceguera son ejemplos de está pésima clase política. Sus municipios están fuertemente endeudados, la obra pública es escasa, sus policías duraron años inmersas en la corrupción y ahora son incapaces de brindar seguridad a los habitantes. Grandes sectores de esas zonas urbanas están en poder de la delincuencia.

Olmos debe 550 millones. 127 millones de deuda a largo plazo y 374 a corto plazo, de éstos adeuda 330 millones de pesos a sus proveedores. Su presupuesto anual supera los mil 800 millones de pesos.

Jericó ejerce mil 770 millones de presupuesto anual y tiene deudas por 430 millones de pesos. Aunque sólo debe 25 millones de deuda pública, les debe a los proveedores 405 millones de pesos.

Ramón Oceguera tiene deudas por cerca de los 225 millones de pesos, de un presupuesto anual de 320 millones. 143 millones de pesos adeuda a los proveedores y tiene 82 millones de deuda pública.

Para sucederlos, el Palacio Rosa planea reciclar a otros dos pésimos exalcaldes: Fernando de las Fuentes y Ricardo Aguirre. Estos dos personajes son un retrato de la era de Humberto Moreira. Frívolos y poco trabajadores, gastaron mucho en publicitar su imagen y en aceitar maquinarias electorales, y navegaron a la sombra de los programas de Humberto.

Durante sus administraciones las policías nunca se depuraron, nunca se combatió a la delincuencia. Sus policías permitieron que los maleantes se apoderaran de las calles de Saltillo y Ramos.

Tanto Aguirre como De las Fuentes dejaron deudas superiores a los 100 millones de pesos y enormes desórdenes presupuestales. La opacidad y la corrupción fueron su sello.

Son personajes que no deberían tener cupo en un proyecto que ha puesto el combate a la inseguridad y la transparencia como sus ejes principales. Sin embargo, parecen ser los cuadros más competitivos del PRI de Rubén y David Aguillón. Y así, no se abona a la confianza y a la credibilidad.

A 14 meses de iniciado el sexenio, el gobernador está lejos de disfrutar de la aprobación de los ciudadanos. Sus acciones son vistas con sospecha y reprobadas por amplios sectores de la población.

Rubén quiere convertir a Coahuila en un modelo de administración pública transparente, pero sus acciones son fallidas y mal cuidadas.

Luego de un año de promesas de transparencia, Jesús Ochoa publica documentos mutilados sobre la megadeuda y elabora una justificación fantasiosa para los derroches de 35 mil millones de pesos del gobierno de Humberto. Dice que la reestructura salvó a Coahuila de la quiebra y que miles de millones se aplicaron en medidas “contra cíclicas” para aliviar los efectos de la crisis financiera de 2008 y 2009. Sin embargo no presenta cómo se gastaron los recursos. El destino del dinero sigue en la oscuridad.

La realidad muestra que en seis años de Humberto sólo se crearon 60 mil empleos, mientras que con Rogelio Montemayor y Enrique Martínez se superaron los 100 mil en cada sexenio. Tan sólo en 14 meses de Rubén van más de 40 mil. Durante los seis años del Gobierno de la Gente, Coahuila encabezó las listas de desempleo en México. Los cientos de trabajos temporales de albañiles y carpinteros en los 80 puentes no mejoraron en nada la situación.

Las cuentas públicas de ese sexenio muestran sobregiros por cerca de 50 mil millones, de los cuales 35 mil millones quedaron reestructurados como deuda a largo plazo. El resto quedó como deuda con contratistas y proveedores. Cabe recordar que las cuentas públicas del 2010 se tuvieron que reconstruir dos veces para intentar cuadrar los números.

Rubén ha fallado en lo principal: recuperar la confianza. El mantenerse rodeado por personajes desprestigiados e incompetentes no le ha ayudado. La salida de los refuerzos, Javier Guerrero y Oscar Pimentel, le bajó drásticamente el nivel al gabinete. La decena de enroques también causan desconfianza.

Las policías municipales son incapaces y débiles. Los alcaldes son simuladores y los delitos del fuero común se multiplican y quedan impunes. Las cadenas de mando no funcionan. Desde los ministerios públicos, jueces, hasta los agentes y celadores no son confiables, ni tampoco suficientes.

En este momento, ya son demasiadas las palabras y pocos los hechos concretos. Se emprenden intentos que fracasan o que tardan en convertirse en realidades. Es un gobierno estatal urgido de resultados.

Humberto siempre buscó el aplauso fácil. Lo hizo comprándolo con programas sociales populistas, dinero o con chistes y bailes. Las balas y los engaños acabaron con la ingenuidad de los coahuilenses.

Será muy difícil recuperar la confianza y acercar a los ciudadanos a los esfuerzos del gobierno estatal. Ya son 14 meses de un nuevo gobierno que no comunica correctamente y que tampoco convence. Los coahuilenses siguen molestos.