Puntos clave de la reforma política




Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

A doce años de la llamada “transición democrática”, que desembocó en dos de las elec- ciones más cuestionadas de la historia del país (2006 y 2012), dos de los inicios de sexenio con mayor déficit de legitimidad, y en el rotundo descré- dito de las jóvenes instituciones democráticas mexicanas (especialmente el IFE), decir que una reforma política es urgente no es un lugar común.

La materia ya se discute en el Congreso en torno a varios puntos (que se repasarán a continuación). Aunque las posturas de los actores más importantes están casi definidas, el voto de los partidos se definirá según los acuerdos que logren las posiciones divergentes al interior de cada uno, en especial al interior del PAN y PRD.

Uno de los puntos clave es la propuesta de crear un Instituto Nacional Electoral (INE) que reemplazaría las funciones del IFE y de los 32 Institutos electorales estatales, convirtiéndose en el organizador de las elecciones federales, estatales y municipales. Esta propuesta fue presentada por los presidentes del PAN (Gustavo Madero) y del PRD (Jesús Zambrano) en la plataforma del “Pacto por México”. La propuesta fue rechazada en principio por el líder del PRI (César Camacho), quién cambió su postura el pasado 6 de Octubre; por su parte el dirigente del Movimiento Ciudadano (Dante Delgado) también se pronunció a favor de la iniciativa.

Es claro que esta propuesta está pensada siguiendo la lógica de limitar el poder casi absoluto que ejercen los gobernadores en sus respectivos estados, donde los institutos electorales son cooptados. Sin embargo hay voces que cuestionan (creo que con razón) que la mejor forma de limitar el poder de los gobernadores sea la centralización.

César Astudillo (investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) ha advertido del riesgo que conlleva la creación del pretendido INE sin la base de un plan de rediseño claro y detallado. Por su parte, José Antonio Cres- po (Investigador de la Universidad Iberoamerica- na) ha dicho que antes de pensar en reemplazar al IFE con un nuevo instituto, deberían buscarse los mecanismos para “despartidizarlo”, porque no sólo los Instituto estatales carecen de autonomía, sino el mismo IFE que puede no depender del presidente en turno, pero sí de los políticos.

Siguiendo esta línea, algunos legisladores se han pronunciado en contra de la propuesta del INE, como el caso de Miguel Barbosa (coordinador del PRD en el senado) y Alejandro Encinas. Además, la aprobación de la creación del INE parece inviable ya que al requerir de un cambio constitucional, dependerá de la aprobación de la mitad más uno de los congresos estatales, que previsiblemente votarán en contra.

También al interior del PAN hay divergencias. Mientras la facción de los maderistas se concentra en la propuesta del INE, los corderistas ponen el énfasis en otro de los puntos importantes que podrían agregarse a la reforma: la segunda vuelta para la elección presidencial.

Este es uno de los puntos más importantes, ya que en escenarios de controversia y polarización, la segunda vuelta evita la crispación exacerbada, dificulta la posibilidad de candidatos que ganan con el respaldo de la minoría (Peña Nieto, por ejemplo, ganó la presidencia con el 38% de la votación), y previene las crisis de gobernabilidad de administraciones con déficit de legitimidad (recuérdese 2006). Aunque la propuesta aún está por discutirse en el legislativo, César Camacho se pronunció en contra en el marco del “Pacto por México”.

Otro punto clave será definir las causales de nulidad de las elecciones, en especial, establecer el rebase del tope de gastos de campaña como una causal de anulación. Esta propuesta está impulsada por PAN y PRD en el Congreso, mientras que Camacho Quiroz expresó que le parece una medida “innecesaria” si es que se aprueba que el INE fiscalice anticipadamente los recursos para los gastos de campaña.

También en conjunto, PAN y PRD buscarán negociar la reelección inmediata de legisladores. Esta medida es bien vista entre analistas y académicos, ya que supone un incentivo más para la rendición de cuentas en miras al refrendo del voto, y contribuiría a disminuir la cantidad de nuevos legisladores que cada periodo llegan sin ninguna experiencia legislativa. Sin embargo, estos beneficios que en teoría tendría la medida deben tomarse con reservas, debido al alto índice de analfabetismo político de la población que permite a los representantes actuar prácticamente sin presión por parte de sus representados.

Las figuras de participación como son la consulta popular, plebiscito, referéndum, y las iniciativas ciudadanas; se han abordado marginal- mente, y no parece haber hasta ahora posiciones concretas al respecto. La adopción de estos mecanismos de democracia realmente participativa debería ser centrales en el debate, ya que son herramientas valiosas para garantizar la gobernabilidad y la legitimidad de las medidas. En otros países, uno de los requisitos indispensables para reformar la Constitución es someter la propuesta de ley a referéndum, lo cual garantiza una gran estabilidad y continuidad de las políticas.

Por último, hay una medida urgente para México que ha quedado fuera de la discusión y seguramente ni se aborde: la elección de plurinominales. En el contexto del sistema político mexicano, nos es difícil concebir cómo pueden votarse los legisladores plurinominales, pero esto es común en los sistemas parlamentarios de Europa, donde cada partido está obligado a publicar sus listas de plurinominales y el votante las ve en su boleta electoral. Esta medida solucionaría el problema de los personajes infames que fungen como legisladores al amparo de sus partidos, sin eliminar la figura de los plurinominales como algunos han pretendido; es decir, sin perder el principio de representación proporcional que es tan útil para evitar la concentración del poder político en los partidos dominantes.