Basta de improvisaciones

Manuel Padilla Muñoz.

La seguridad pública preventiva, sobre todo en la actualidad en que la Comarca Lagunera se perfila a constituirse en una Metrópoli, está sujeta a improvisaciones. En sus 102 años de existencia, el municipio de Torreón, jamás ha funcionado con programas de seguridad pública preventiva y siempre se ha improvisado a funcionarios de esta corporación. Ha sido tradicional que la mayoría de ellos llegan a cargos directivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por compadrazgo, amistad o intereses personales y de grupo con el alcalde en turno, porque la seguridad pública ha sido, desde siempre, un fastuoso botín de la corrupción que hace millonarios a los políticos y funcionarios hasta llegar al grado actual en que nuestro cuerpo de seguridad pública municipal, la policía preventiva, se encuent=ra sumida en la corrupción, en la improvisación y una mala imagen, de tal suerte que los ciudadanos de Torreón temen más a los agentes policíacos que a los ladrones.

Es por eso que en la Comarca Lagunera necesitamos, urgentemente, rescatar el prestigio de nuestra corporación policíaca preventiva porque es ella quien tiene en sus manos el resguardo de nuestros bienes, de nuestras vidas y las de nuestras familias. En Torreón necesitamos, es urgente, rescatar a nuestra policía preventiva.

Requerimos, de urgencia, una sociedad torreonense donde prevalezca el Estado de Derecho y se combata la impunidad; ésta es una de las condiciones indispensables para promover nuevas inversiones, tanto locales, nacionales como extranjeras, las cuales permitirán la instalación de nuevas empresas, que creen nuevas fuentes de empleo y coadyuven a reducir las diferencias sociales que han provocado décadas de una mala distribución del ingreso. No obstante, la seguridad pública preventiva es la condición necesaria para el incremento del bienestar social, al posibilitar la certidumbre para vivir y crecer como personas dignas.

Pero esto no es suficiente, se requiere, además, que los sectores privados, social, cultural y gubernamental cumplan con su parte dentro de un Programa de Seguridad Pública.

El Estado debe combatir las causas que generan la comisión de los delitos y las conductas antisociales, ya que tiene la ineludible obligación de desarrollar políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos.

La seguridad pública preventiva no debe ser solamente comprendida bajo criterios policiales; ésta tiende a ir más allá de la prevención o persecución de las conductas antisociales y delictivas, las cuales se articulan al proceso de justicia, desde una comprensión sistematizada que privilegia el esfuerzo y la coordinación entre las instituciones políticas, económicas y sociales de una región o municipio, la cual se deriva en una política congruente, coherente y sistematizada.

En Torreón, ya estamos hartos de improvisaciones, requerimos profesionalizar a nuestro cuerpo de seguridad pública preventiva con personas que sean profesionales de la materia. Cuando aseguramos profesionalizar a nuestra DSPM, no nos referimos a integrar profesionistas legos en seguridad pública, sino a verdaderos profesionales de esta rama.

Personas que conozcan los programas de seguridad pública preventiva y de vialidad, que tengan experiencia en su implementación social porque solamente de esta manera podemos contar con una policía preventiva educativa, que sirva a los ciudadanos, a la sociedad en general, que no sea recaudatoria, represiva y refugio de delincuentes, como hasta ahora se ha demostrado que es.

Baste un solo ejemplo de programas mediante los cuales se puede, verdaderamente, tener si no “la mejor policía del norte”, sí una de las mejores.
El programa general se denomina “Policía Amigo” que, como su nombre lo indica, trata de recobrar la confianza de la ciudadanía en sus agentes policíacos; que los ciudadanos los vean como amigos y protectores no como sus enemigos.

Estos programas tienen la característica de que, para ser exitosos, deben involucrar a la ciudadanía en la seguridad pública preventiva de su propia ciudad. Mientras la ciudadanía no se involucre, no habrá resultados positivos. Para que el mal triunfe, es necesario que los buenos no hagan nada. En Torreón, los hombres de bien no hemos hecho nada.

El siguiente programa se denomina “cero Impunidad”, lo que permite que todos los ciudadanos sean iguales ante el órgano de gobierno municipal. Se terminan con ello las condonaciones y privilegios para amigos, parientes de funcionarios públicos e influyentes. Quien cometa una falta al reglamento o una conducta antisocial, que reciba su castigo y pague su deuda con la sociedad.

Luego vienen programas como “Centro Histórico Seguro”, “Colonia Segura”, “Pasajero Seguro”, “Escuela Segura”, “Conductor y Peatón Seguros” y muchos más cuya mecánica de funcionamiento sería larga de enumerar en poco espacio pero que, en materia de seguridad pública preventiva, están perfectamente delineados y comprobada su eficacia en algunas ciudades como Chihuahua y Tlaxcala, donde se han implementado ya desde hace algunos años.

Sin embargo, para ello se requiere: Primero, voluntad política del Presidente Municipal para implementar estos programas; segundo, profesionales de la seguridad pública preventiva y voluntad política de los ciudadanos para formar a su propio cuer- po de seguridad, involucrarse con él y, sobre todo, supervisarlo para que cumpla los objetivos señalados.

En la Laguna, los alcaldes y gobernadores de Coahuila y Durango no tienen esa voluntad política y carecen de conocimientos en materia de seguridad pública, lo mismo que los integrantes de los mal llamados consejos ciuda- danos de seguridad pública. Son como un ciego guiando a otro ciego.

Seguridad Pública pode- mos considerarla, llanamen- te, como el conjunto de normas, reglamentos y leyes que, aunados a un programa de acción, nos brindan tranquilidad y paz social. Así de sencillo.

Los agentes de la DSPM, se supone, deben ser los profesionales de la seguridad pública preventiva y, por tanto, los que deben enseñár- nosla. Acudir a ellos es nuestro derecho y obligación de ellos.

Hoy, los laguneros estamos bajo un régimen militarizado donde todos los jefes de las corporaciones son ex militares. La expe- riencia ha demostrado que en ningún tiempo, en ninguna ciudad, los militares son la solución. La mentalidad de los castrenses está hecha para la guerra, para la violencia. A ellos no les importan los derechos humanos y han creado en la Laguna su guerra particular. Y no olvidemos que toda guerra es un negocio en que pocos ganan y muchos pierden hasta la vida.