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el periodico de saltillo
Septiembre 2014, edición #307


Aumento al salario mínimo: una causa justa y viable

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

El pasado jueves 28 de agosto, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, propuso un aumento al salario mínimo que iría de los 67.2 pesos diarios (actuales en la zona “A” del país) a 82.8 pesos diarios. La propuesta ha desatado una serie de declaraciones a favor y en contra (como suele ocurrir cada vez que este debate se posiciona en la agenda pública), entre las cuales los tecnicismos económicos y los argumentos falaces contribuyen a la confusión en torno sus posibles efectos. En las próximas líneas trataré de mostrar por qué dicho aumento es necesario, justo y viable.

Entre quienes ya han manifestado su apoyo a la medida propuesta, se cuentan instituciones como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la OIT (Organización Internacional de los Trabajadores), el COLMEX, la UNAM, y la UAM, además de un número considerable de académicos e investigadores que lo han hecho a título personal. Quienes se oponen a esta medida, suelen blandir principalmente dos argumentos derivados de la teoría económica liberal que comentaré más adelante: primero, que un aumento “artificial” al salario provoca inflación; segundo, que un aumento de este tipo provoca la pérdida de puestos de trabajo.

El primer argumento es cierto. Sin embargo, la magnitud de este aumento en la inflación es relativamente baja y fácil de sobrellevar, mientras que el beneficio para los trabajadores que menos ingresos perciben es significativo. Según los pronósticos del gobierno del Distrito Federal, el aumento en la inflación sería de entre el 0.5% y 0.7%, sobre el 4.07% de inflación actual. Otros cálculos menos optimistas hechos por especialistas oscilan entre un 0.5% y 4% de fluctuación. Es decir, aún tomando como válidos los cálculos más pesimistas, el aumento en la inflación sería menor a 0.4%, por cada 1% de aumento. En cambio, el poder adquisitivo del salario mínimo se elevaría un 23% con el aumento propuesto.

Si bien esta medida no beneficiaría a todos los trabajadores, sino sólo a aquellos que ganan menos del salario mínimo propuesto en un empleo formal, su impacto no debe subestimarse; en México 6.5 millones de personas entran en esta categoría. El aumento en el poder adquisitivo de este sector de la población, no sólo significa un fortalecimiento del mercado interno que estimula la economía; un aumento en el salario mínimo también significa que (según la magnitud del aumento), las familias de una parte de la población aumentan sus posibilidades de tener una dieta suficiente, de una vida saludable, o incluso de que sus hijos ingresen a la educación básica. Un cálculo inteligente debería contrastar los costos económicos de aumentar los salarios, con los costos sociales de no hacerlo (que a su vez acarrean costos económicos en el mediano y largo plazo).

Según la CEPAL “una parte significativa del incremento de la desigualdad en México entre fines de los años 80’ y comienzos de la década de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real en ese periodo”. Los resultados están a la vista de todos: una sociedad fuertemente fragmentada y un rencor social creciente y notorio.

Una sociedad en la que la criminalidad encuentra el caldo de cultivo perfecto. Los altos índices de delincuencia que nuestro país ha experimentado en los últimos años no pueden desvincularse de esta tendencia económica (que no es su única causa). A su vez, esta condición de criminalidad acarrea perjuicios económicos que son difíciles de cuantificar, debido a la pérdida de competitividad de un país en el que invertir se vuelve inseguro, en el que el turismo se vuelve peligroso, etc.

El segundo argumento mencionado (que un aumento al salario mínimo provoca pérdida de empleos), es una falacia. Trataré de explicarlo sencillamente sin entrar en tecnicismos: si un empleador se ve obligado a pagar más a sus empleados, su margen de utilidad se ve reducido. Si el empleador decidiera despedir a cierto número de losempleados que producen un margen de ganancia reducido para él, estaría disminuyendo aún más su ganancia total.

Es decir, no hay razón lógica para que un empleador que trata de optimizar sus ganancias despidiera empleados mientras el trabajo de
éstos aún le signifiquen una utilidad (por más reducida que ésta pudiera llegar a ser con el aumento salarial).

Como suele argumentarse, la pérdida en el margen de ganancia del empleador podría tratar de compensarse aumentando los precios de sus productos, pero esto sólo sería posible hasta el punto en el que la demanda del producto lo soporte (si lo subiera demasiado tendría pérdidas), y el resto del costo del nuevo salario tendría que ser absorbido por el margen de utilidad de empleador.

Incluso especialistas vinculados a instituciones con una postura económica más bien neoliberal, se han pronunciado en el sentido de que
esta medida es viable. Tal es el caso de Jonathan Heath, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), ó José Gabriel Martínez, director del programa de Maestría en Políticas Públicas del ITAM.

Sin embargo, la propuesta resulta incómoda para algunos porque pone el dedo en la llaga sobre una cuestión no menor: el hecho de que el salario mínimo en este país es una tomada de pelo, y de que el modelo económico neoliberal ha roto el contrato social desde hace tiempo. En el artículo 123 de la Constitución se lee: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Evidentemente ni 67, ni aún 82 pesos diarios, son suficientes para hacer valer lo que establece este artículo.

Mientras esto no cambie, la carta magna y fundamental de la nación, la Constitución, no es más que una broma cruel.

De aprobarse, la propuesta de Miguel Ángel Mancera contempla un aumento gradual que llegaría a los 171 pesos diarios en un plazo de diez años, lo cual equivaldría a 21.5 pesos por hora de trabajo. Al día de hoy, un par de latas de atún cuestan 22 pesos.

 
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