Apuntes sobre el Informe de Miriam
Cárdenas Cantú, Presidenta del TSJE

Apolinar Rodríguez Rocha.

Para no dejar sin voz al Foro de Abogados, compartiré estos apuntes críticos sobre el cremoso informe de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, reconociendo la excelsa organización del evento y el extraordinario despliegue de imagen personal de la funcionaria.

Gran obra del legislador es la obligación de rendir un informe de las labores del Poder Judicial del Estado de Coahuila; sin embargo, hemos de criticar la fastuosa imagen, ego y soberbia que se yerguen sobre la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, criticable, ya que la Máxima Autoridad del Poder Judicial es el Pleno del Tribunal en lo Jurisdiccional, y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado en lo Administrativo.

El Informe más bien fue administrativo, sin embargo no es de elogiar que en el mismo presumiese la presidenta decisiones y logros propios, cual si el máximo órgano del Poder Judicial fuera unipersonal, denostando con ello a todos los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Pleno del Consejo de la Judicatura cuando en realidad estaba a ellos rindiéndoles cuentas sobre la ejecución de sus decisiones, eso si con trasparencia ante el público, que no ante el pueblo, que mucho agradecerán los coahuilenses, que se instaure pronto el canal judicial del Estado de Coahuila, para que podamos ver en vivo y en directo las sesiones del Pleno del Tribunal y del Pleno del Consejo, así como los Informes.

Por otra parte, el informe fue más estadístico y maquillado, pues la realidad de la impartición de justicia en Coahuila está mucho muy lejos del panorama planteado por Miriam Cárdenas, en realidad el rezago judicial es evidente, la implementación del sistema de informática ha ocasionado caos, por lo menos en los Juzgados Civiles y familiares en Saltillo.

La implementación con jueces novatos de los llamados Juzgados auxiliares en Saltillo, fue un reverendo fracaso, su corta duración apenas permitió vislumbrar la tierra prometida no así alcanzarla a los Jueces, quienes apenas estaban aprendiendo a mediados de diciembre de 2016 cómo se maneja un Juzgado Familiar, cuando ya su periodo de vigencia había concluido. Dejando rezago y rabia en abogados y justiciables (usuarios de la administración de justicia), seguramente que si a ellos hubiera informado, la lluvia de jitomates no habría parado para nuestra exdiputada federal, por sus embustes. La injusticia familiar fue el pan nuestro de cada día para los usuarios durante el funcionamiento de estos juzgados en 2016.

La implementación del sistema de Coordinación de Actuarios en Saltillo, donde más bien se creó un elefante blanco, no ha traído fluidez en el trascurso de los juicios, si bien la presidenta informó, lo hizo sólo respecto a la efectividad y eficiencia de las actuaciones, más nada dijo sobre que disminuyó el número de notificaciones; ya que no mencionó que contara con una comparación entre el número de notificaciones efectuadas en 2015 y 2016, no sobre el número de recursos y nulidades interpuestos contra ellas, y los resultados de esos recursos, por lo que el informe es vano, ya que ante la ausencia de esos datos no podemos hablar de efectividad, ni de eficiencia.

El rezago material de notificaciones en los Juzgados Mercantiles es evidente, lejos de aportar, ese sistema ha venido a disuadir de demandar, ya que los procesos judiciales se han incrementado en el plazo de duración promedio de seis meses a más de un año, lo que significa pérdida de tiempo y dinero, ya que ahora los usuarios tienen que hacer mayor gestión administrativa, y requieren más visitas a más lugares, por cierto muy distantes el domicilio de la Coordinación de Actuarios y de los Juzgados; esto implica un aumento en el costo en tiempo y en dinero de los Juicios superior al 200% para los justiciables (partes de juicio) y no un incremento productivo para los abogados, sino un daño económico ya que el tiempo que invierten para gestionar los trámites les hace perder tiempo productivo, ya que aumenta el número de horas destinadas a un caso, incremento de los gastos de traslado, y con ello menos ganancia o utilidad por caso, esto obliga a aumentar los honorarios, gastos y costos al cliente.

La implementación del Sistema de Informática, y de Oficialía Común de Partes en el Centro de Justicia de Saltillo, ha conseguido aplazar hasta por dos días los trámites, ya que el sistema de recepción y escaneo es lento, y tarda hasta dos días para pasar las promociones, eso en cada escrito y promoción que se presenta, lo que duplica el tiempo de trámite, pues se tarda más en llegar al juzgado de destino que el tiempo que se tarda el Juzgado en Acordar; además el engorroso trámite para los actuarios que deben escanear toda diligencia que realicen antes de glosarla al expediente, pasándola por Oficialía de Partes, para que les sea escaneada. Esto retarda los acuerdos hasta tres días, ya que en tanto no sea escaneada no puede darse trámite al siguiente acto procesal consecuencia de la notificación o diligencia actuarial. Incluso para defensa es un verdadero calvario, ya que el demandado no puede ver el acta de notificación de emplazamiento, sino hasta dos o tres días después del emplazamiento porque está en escaneo, por lo que tampoco puede obtener ni copia simple ni certificada durante ese lapso.

Por lo que hace a la justicia penal, ésta se ha dado en un clima de arbitrariedad, los Jueces de Control hacen oídos sordos a la defensa sobre las irregularidades y vicios de los datos de la carpeta de investigación, aun cuando sea aceptada su existencia por el Ministerio Público y se demuestren por el Juez, lo mismo sucede en las audiencias de vinculación.

La mala técnica de los Ministe- rios Públicos de leer cuanto hablan, o de declamar a una velocidad pasmosa, impiden al Juez captar los defectos de sus imputaciones y acusaciones, por lo que al momento de ser controvertidas por el abogado, ya no sabe qué hacer el Juez, pues se le pasó de la narración los matices y defectos, los cuales ya no podrá captar sino viendo el video, lo que no hace y debe decidir en el acto.

El número de audiencias es enorme y ya saturó al número de jueces. La impartición de justicia es lenta, ya que continúan sin trabajar los días inhábiles, en las vacaciones no hay juez de ejecución, los trámites de ejecución de sentencias, son lentos y tardan hasta cuatro meses en obtenerse una audiencia.

El edificio del Centro de Justicia, continúa en ruinas, las puertas norte y oriente han estado por más de un año cerradas por peligrosas, pues los muros se están cayendo material- mente, las cuarteaduras son de aproximadamente dos pulgadas de ancho y cubren por completo toda la estructura, los agujeros de las balaceras del sexenio pasado aun adornan el Centro de Justicia.

Podría continuar narrando las penurias de la justicia local por el Poder Judicial de Coahuila en Saltillo, que es la capital como muestra, dudo que en algún lugar del Estado la justicia se esté impartiendo en mejores condiciones.

Hasta aquí estos someros apuntes.

Además que en este 2017, El Poder Judicial de Coahuila ha recibido como nueva facultad la de la administración de Justicia Laboral, con miras a la desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el Estado, pero se lamenta que no le hayan incremen- tado suficientemente la plantilla laboral y el presupuesto asignado por el Ejecutivo y el Congreso. Esto, aunado a los efectos del gasolinazo, ya nos partieron la justicia en Coahuila.