Se extiende la crisis en los organismos electorales

Juan Martínez Veloz.

La crisis interna de las instituciones electo- rales continua. En días pasados fue removido de su cargo el Fiscal Electoral Santiago Nieto Castillo. Creemos en una primera lectura que esta remoción es la continuación de la salida del Procurador General de la República (Fiscal) también en días pasados. En cierta manera es una “salida normal” por cambio de Jefe. Ha sucedido cientos de veces en la Administración Pública.

Existen otras interpretaciones políticas sobre el hecho: Una probable “venganza” del PRI en respuesta a la presión de un grupo de diputados contra el mal llamado “Fiscal Carnal”. Otra es el temor a las investigaciones sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht y su vínculo con funcionarios mexicanos.

Ésta también es una hipótesis a investigar sin que se pueda adelantar alguna conclusión. Lo extraño es que la empresa constructora brasileña aparezca como la “gran corruptora de líderes en toda América Latina y África”.

Hay que tener cautela, pues parece una campaña para desestabilizar gobiernos en toda América Latina. Un testigo singular no es suficiente para hacer prueba plena en un proceso penal. Se deben adminicular con otros medios de prueba para llegar a una conclusión (sentencia).

Es lamentable que ya iniciado el proceso electoral en el INE para el 2018 se den este tipo de acontecimientos. Nadie puede festejar lo que está sucediendo. Todos estamos perdiendo algo.

Ante estos hechos lamentables lo que conviene es la sensatez de la opinión pública, de los partidos, candidatos y funcionarios electorales. México ha desarrollado mucho sus instituciones electorales a partir de la década de los 80 del siglo XX. Hay que preservar lo ganado hasta hoy.

En Latinoamérica, en el transcurso de los últimos noventa años, paulatinamente se han venido estableciendo en diversos países organis- mos electorales autónomos, tribunales electorales especializados y fiscalías electorales encargados de la organización de las elecciones y la resolución de las controversias electorales.

En México la renovación político-electoral de 1986 trajo consigo la modificación del artículo 60 de la Constitución a fin de elevar a rango constitucional la obligatoriedad del contencioso electoral federal.

De acuerdo a la ley que reglamentó dicho artículo constitucional, el Código Federal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral quedó integrado con siete magistrados numerarios y dos supernumerarios.

Posteriormente en 1990, la reforma electoral de ese año dio un paso adelante en el control jurisdiccional de los procesos electorales en el artículo 41 constitucional, avanzándose en la naturaleza formal y materialmente jurisdiccional del tribunal electoral.

Igualmente en esa época se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE) organismo encargado de la preparación y organización de los procesos electorales federales.

La reforma de 1996 constituyó un paso definitivo en el proceso de transición de los organismos electorales del contencioso político al contencioso jurisdiccional.

En 2007-2008 y 2014 se han dado otras importantes reformas electorales, destacando la creación del INE que sustituyó al IFE, así como la intervención del INE y el Senado en el nombramiento de los consejeros y magistrados electorales de los Estados y de la Ciudad de México.

No somos partidrios de remover a los funcionarios electorales antes de que concluya el periodo de su nombramiento, sin embargo la remoción del fiscal electoral abre la puerta para valorar si los consensos de los partidos y candidatos siguen firmes para la elección presidencial del 2018. Es importante una ratificación pública de los consensos en este tema de partidos y candidatos presidenciales.

En este contexto es importante entender para los servidores públicos electorales lo siguiente:

1.- Si la función electoral se asemeja al arbitraje de los conflictos, es básico contar con la aceptación de las partes involucradas (partidos y candidatos).
2.- No podemos ir a la elección presidencial de 2018 en un escenario similar a 2006 (a repetir la misma historia) donde el principal líder en las encuestas en aquella ocasión y ahora esté completamente al margen de los organismos electorales, y después de la elección decirle: “perdiste, reconoce los resultados electorales”.

El papel del Consejo General del INE también ha dejado muchas dudas en los procedimientos de rebase de topes de gastos de campaña en Coahuila y Edomex.

No se ve seriedad, certeza y profesionalismo en lo que se hace en el INE, situación que abre la puerta para que tales resoluciones sean fácilmente impugnables entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

juanmartinez_veloz@yahoo.com