El lavado de dinero es ya metástasis en nuestra clase política y criminal

Jesús M. Moreno Mejía.

El lavado de dinero en nuestro país es el pan cotidiano en nuestra vida actual, según la información que a diario nos dan los medios de comunicación y quienes nos dan cuenta de que no sólo ocurre con el crimen organizado, sino en la clase política, e incluso en ciertos casos de la iniciativa privada, y lamentablemente casi todos esos ilícitos terminan en la impunidad pues la justicia es comprada por los implicados.

Se le ha calificado al lavado de dinero como “el monstruo de mil cabezas”, o bien “la metástasis que corroe nuestra vida social y económica”, pues al igual que el cáncer no tratado a tiempo y con eficacia, se va propagando por todos los rincones de la nación.

Omitimos en esta ocasión el referirnos a casos concretos de lavado de dinero del crimen organizado, por ser de competencia exclusiva de la autoridad judicial investigar la práctica de convertir el dinero sucio en operaciones que aparenten ser limpias, en ocasiones con el contubernio de representantes del poder ejecutivo federal y estatal, e incluso con elementos del poder judicial.

En cuanto al lavado de dinero en la iniciativa privada, es algo que le dejamos de tarea al Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin dejar de considerar que existen casos de ese delito que se dan en contubernio con gobernantes y con el crimen organizado, sin que la administración pública se dé por enterada.

María Amparo Casar, presidente de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” señala con índice de fuego que “son grandes las redes de corrupción que hay para el desvío de recursos públicos, y que hay una parte del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en particular con el narcotráfico”.

Son alrededor de veinte (20) ex gobernadores que se han visto implicados con prácticas de corrupción, entre ellas el lavado de dinero, algunos de ellos detenidos por los delitos que se les imputan, otros prófugos de la justicia y otros en la mira de quienes investigan sus actividades bajo sospecha de haber utilizado recursos públicos para ser desviados a favor de sus intereses económicos.

Citaremos en especial los nombres de quienes aprovechando su cargo como ejecutivo estatal de su entidad han sido detenidos por los delitos que cometieron, comenzando por Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo de 1999 a 2005 y a quien se le acusa de tener vínculos con el crimen organizado.

Andrés Granier, gobernador de Tabasco de 2007 a 2011, quien está en prisión desde 2013, acusado de defraudación fiscal. Jesús Reyna, quien fuera gobernador interino de Michoacán en 2013; está en la cárcel desde el 5 de abril de 2014 por tener nexos con el crimen organizado. Otro gobernador interino, en este caso de Veracruz, Flavino Ríos, también se encuentra detenido por encubrimiento y otros delitos.

Pero no todos son de extracción priísta, pues está el caso de Guillermo Padrés, ex gobernador panista de Sonora de 2009 a 2015, detenido en noviembre de 2016, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este año han sido encarcelados los ex gobernadores Tomás Yarrington, de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico; Javier Duarte, de Veracruz, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y los que le resulten; Luis Armando Reynoso Femat (surgido de Acción Nacional), juzgado y sentenciado a seis años de prisión; Roberto Borge, de Quintana Roo; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, quien fue detenido acusado de desvío de recursos públicos pero obtuvo su libertad condicionada al haber sido amparado por la Justicia Federal.

Se encuentran prófugos de la justicia otros ex gobernadores: César Duarte, de Chihuahua; Jorge Torres López (interino de Coahuila); Fidel Herrera, de Veracruz, y Miguel Reynoso, de Zacatecas.

Mientras que otros están en la mira de autoridades o de la ciudadanía, que en tal caso están: Humberto Moreira, de Coahuila; Gabino Cué, de Oaxaca; Juan Sabines y Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Narciso Agúndez Montaño, de Baja California Sur y Marcelo Ebrad, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Finalmente, cabe la pregunta: ¿Todos ellos serán juzgador por los delitos que se les imputa, incluyendo o no en lavado de dinero? ¿Usted qué opina amable lector?

¡Hasta la próxima