- Sistematizan las experiencias como mapa de ruta en la coordinación entre sociedad y gobierno; la de Coahuila, modelo ejemplar
- “Sin las familias no”, puntualiza el Gobernador
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 1 de septiembre del 2018.- Durante la sesión de trabajo entre los grupos de familiares de personas desaparecidas y el gobierno de Coahuila, se presentó el trabajo final de la sistematización de experiencias que se han tenido desde la formación del Grupo Autónomo de Trabajo en el año 2012; y que a la fecha, se reconoce como un modelo que puede aplicarse en el trabajo de búsqueda en otras partes del país.
En el evento, estuvieron presentes el Grupo Autónomo de Trabajo, y los cinco colectivos de familia de personas desaparecidas: Alas de Esperanza de Allende; FUUNDEC-M; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras; Grupo V.I.D.A Víctimas por sus Derechos de Acción, Asociación Internacional de Búsqueda de Personas en México.
En su mensaje, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que hay avances importantes, pero también reconoce que faltan cosas por hacer, y dijo que el tema de la desaparición de personas es una prioridad para el estado, por lo que siempre ha estado y estará dispuesto a escuchar en una interlocución directa y abierta a las familias para asumir compromisos, como ha sido hasta ahora, incluso buscando a los mejores expertos nacionales e internacionales.
Blanca Martínez Bustos, representante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, reconoció que la presentación de esta sistematización plasma un modelo que facilita el diálogo, porque implica a las autoridades locales, federales y organismos internacionales; lo que será útil para compartir a otros colectivos que avanzan en este esfuerzo de localizar a sus familiares. Esta interlocución, detalló, ha permitido construir un mecanismo en Coahuila un esquema que permite avances, por ejemplo en el tema de la identificación de restos localizados.
Por su parte, Diana Iris García, de FUUNDEC-FUUNDEM, destacó que todo el proceso ha permitido una agenda de trabajo coordinada y con la participación de las familias y de las autoridades para atender las recomendaciones que a lo largo de este tiempo se han hecho; acciones que permiten atender la tragedia de las familias avanzando en el reclamo del derecho humanitario a la verdad y la justicia.
Jesús Peña, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reconoció al Grupo de Trabajo Autónomo , y resaltó la importancia de recoger la síntesis de la experiencia coahuilense en la coordinación de voluntades, que servirán de guía para que se trabaje en otras partes en el tema del respeto a los derechos humanos, adecuando las políticas públicas y coordinando el trabajo de instituciones y activistas. Reconoció como mayor logro el poner a las familias de los desaparecidos en el centro del tema, lo que es una práctica exitosa para replicarlo en tantos lugares como sea necesario, por la coordinación que se ha logrado en la entidad entre los 5 grupos de desaparecidos y las autoridades con el mismo propósito.
En la presentación de este libro de experiencias, Irene Spigno, de la Academia Interamericana de los Derechos Humanos dijo que los avances conseguidos en las mesas de trabajo han dado resultados en temas de la armonización legislativa, en la búsqueda de personas, y en implementación de prácticas importantes, como las reuniones frente a frente con el Gobernador del Estado, y la implementación de una ley que atiende las necesidades de las familias en su búsqueda. Puntualizó que en este ejercicio, el involucramiento de las familias enriquece en todos sentidos a la coordinación, y de igual forma, señaló que la buena voluntad del gobierno del estado ha sido importante, y se ha cumplido con los compromisos que surgen de esta labor conjunta.
La representante del Grupo Autónomo de Trabajo, María de los Dolores Soto, determinó que se ha conseguido éxito en el trabajo, debido a que el modelo de interlocución directa genera confianza de las dos partes.
El Gobernador aseveró que “desde el gobierno entendemos que la desaparición de personas no solo exige, como principal demanda, garantías reales y efectivas de búsqueda, justicia y verdad para encontrar a sus familiares y castigar a los responsables; también requiere del diseño e implementación de una política pública de Estado para atender, ayudar y reparar en forma integral los múltiples continuos y graves daños que se causan a las familias”, puntualizó el mandatario; y aseguró que el mandato de los grupos “Sin las familias no”, se ha considerado siempre para las acciones de defensa y protección de sus derechos.
Riquelme Solís destacó las ventajas del modelo logrado en Coahuila: primero, que las partes relevantes del proceso son las familias y el gobierno local, las primeras como titulares del derecho a proteger, y el segundo como responsable de las obligaciones a cumplir; segundo, El GAT es un espacio autónomo donde se media y se facilita la comunicación, sistematiza la agenda de trabajo y las consultas a las familias para formular recomendaciones al estado; tercero, que las recomendaciones del GAT son consensuadas y que el Ejecutivo del Estado acepta para cumplirlas como práctica de los Derechos Humanos; cuarto, la agenda de trabajo se guía por las necesidades de las familias y los temas que se plantean como parte del enfrentamiento del problema; quinto, que el diálogo abierto y permanente permite una dinámica de trabajo que permite identificar una ruta legislativa, de política pública y de acceso a la justicia, que ordenan el avance de la búsqueda e investigación del delito, de la armonización legislativa y la atención a las familias.
De este ejercicio, señaló, se han obtenido prácticas ejemplares, que incluso, son precedentes de la Ley General de Desapariciones.
El Gobernador hizo un reconocimiento y agradeció a todos los involucrados, y dijo que se genera una memoria colectiva para que estas situaciones nunca vuelvan a pasar.
Estuvieron en el evento también el Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, y Luis Efrén Ríos Vega.
