Samuel Cepeda Tovar.
ed. 355, septiembre 2018
Reza el viejo adagio que es de sabios cambiar de opinión, y cuando se trata de política, el adagio se vuelve máxima en tanto que ciertas promesas de campaña se topan con una realidad que va más allá de las buenas intenciones o el deseo mismo del cambio. De pronto escucho personas que cuestionan que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, esté dando marcha atrás o reculando sobre aseveraciones o promesas que realizó durante su campaña. Si bien es cierto que millones de mexicanos votamos por un cambio gubernamental, también es verdad que lo hicimos conscientes de dos premisas fundamentales de la administración pública: la primera, es que los cambios realmente trascendentes son estructurales y requieren de reformas cuyos resultados se dejarán ver en el mediano o largo plazo, jamás en lo inmediato.
La segunda premisa, es que hay situaciones que no dependen directamente del quehacer de un gobierno y que responden a cuestiones de geopolítica o de fenómenos socio económicos naturales que no permiten la intervención del Estado para la resolución de las mismas.
sus promesas, pero es sólo la realidad que lo obliga a rediseñar la estrategia.
Uno de los puntos cuestionables es que AMLO ha dicho que no habrá más gasolinazos, pero que la misma observará incrementos derivados del proceso inflacionario, y en ese sentido, el presidente electo no ha faltado a su promesa, pues los aumentos estaban relacionados directamente con el IEPS, mismo que era autorizado por el gobierno federal, y la promesa de no incremento va de la mano del estancamiento de dicho impuesto, pero ésta es una cuestión muy distante del tema inflacionario, mismo que obedece a cuestiones que pueden ser desde catástrofes naturales, hasta conflictos internacionales que pueden encarecer productos sin que el gobierno tenga responsabilidad en ello.
No es pues, una promesa incumplida. De igual manera, el tema de suprimir el Estado Mayor Presidencial y renunciar a la seguridad que un presidente debe tener es otra promesa que simplemente no sucederá, y no por cuestiones de falta de coherencia con sus promesas, sino porque el EMP es un dispositivo de recursos de seguridad que tiene el objetivo de proteger al jefe del estado mexicano, y éste solo hecho va más allá de cualquier fobia hacia el despilfarro, es cierto que el gobierno actual cuenta con muchos gastos innecesarios, no obstante, la seguridad del presidente es un asunto de seguridad nacional.
De la misma manera, el pomposo avión presidencial que sería vendido muy seguramente seguirá prestando servicio al jefe del ejecutivo, pues se trata de una herramienta indispensable de trabajo que asegura que el presidente pueda estar en varios eventos en distintos puntos del país en un mismo día con mayores índices de seguridad que hacerlo en aviones de dudosa calidad o vuelos comerciales.
Otra tiene que ver con el crecimiento económico, pues se hablaba de un 4 por ciento anual, no obstante, se ha ajustado la cifra para el 2019 en un 2.5%, mismo que resulta mediocre, pero que de ninguna manera puede dispararse hasta que no se hayan cumplido con ciertas condiciones de ingeniería presupuestal y programática que conlleva el ahorro en ciertos rubros, la inversión en otros como las refinerías y las alianzas o convenios con la iniciativa privada que comiencen a dar resultados por lo menos en el lapso de dos años. Es decir, se trata de una promesa que tardará un poco más de tiempo en poder concretarse.
Es verdad que AMLO de pronto parece recular en algunas de sus promesas, pero es sólo la natural realidad que lo obligará a mesurar sus promesas y a rediseñar la estrategia. Por supuesto que todos esperamos la renovación total del establishment, sin embargo, se requiere una buena dosis de racionalidad que supere los fanatismos para entender que el cambio será lento, pero seguro, y que recular, en estos momentos, es sólo rediseñar el plan inicial.
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