J. Jesús Santos González.
ed. 355, septiembre 2018
Entre los lemas de campaña que el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador tomó como bandera para ganar de manera inobjetable las elecciones del pasado 1º de julio, estuvo el de reducir -bajo el argumento de ganar más que el Presidente de la República-, no sólo los salarios a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también sus privilegios y canonjías, que convierten a dichos representantes del Poder Judicial de la Federación, en una casta privilegiada dentro de la burocracia federal.
Dicha propuesta encontró amplio apoyo en una población mayoritariamente sujeta al salario mínimo, misma que gracias a las redes sociales pronto se hizo viral, en las cuales incluso el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, salió mal librado en su intento de oponerse a tal medida; a la vez que sus Ministros no escaparon de ser exhibidos como los modernos científicos del siglo XXI, a quienes de paso el abanderado de la “Coalición Juntos Haremos Historia”, descalificó en su trabajo, al referirse a ellos a nivel de escarnio, como “simples tinterillos”.
Confirmada su victoria, la expectativa de saber si el Presidente electo mantendría su política de enfrentamiento con los Ministros de la Corte, y cumpliría su promesa de campaña de reducción de salarios, ocupó junto a otros compromisos electorales, la atención de la ciudadanía.
La estrategia del hoy Presidente electo de entrar en negociación con los miembros de los círculos económicos y empresariales que fueron sus enemigos de campaña, a quienes calificó como “la mafia del poder”, pronto se reflejó también en el tema de la reducción de los salarios a los Ministros de la Corte, a quienes de la noche a la mañana, con el triunfo electoral ya en la bolsa, lejos ya del lenguaje de choque y confrontación, empezó a señalar como refinados y comedidos caballeros.
Tal viraje de 180 grados, se hizo evidente a partir de que AMLO confirmó la designación de la Licenciada Olga Sánchez Cordero de García Villegas, como virtual Secretaria de Gobernación de su gabinete, quien hizo sentir no sólo su amplia experiencia jurídica, sino también como ex Ministra en retiro, su interés en el tema, al grado de influir de manera determinante en el cambio de la óptica Lópezobradorista en tan importante tema de campaña.
Una vez silenciados los tambores de guerra hacia los Ministros de la Corte, todo indica que Sánchez Cordero empezó a tejer los finos hilos de las redes de negociación entre el hoy Presidente electo y sus antiguos compañeros de toga y birrete, e instrumentó el escenario jurídico para que el otrora enemigo de éstos, fumara con ellos la pipa de la paz.
Tal hecho aconteció el viernes 10 de agosto pasado, cuando AMLO acompañado por su virtual Secretaria de Gobernación, fue recibido por el Presidente y Ministros de la Corte, quienes tras haberse comprometido a pedir 5 mmdp menos del presupuesto para el próximo año como apoyo a la política de austeridad auspiciada por el político tabasqueño, éste en conferencia de prensa al término de dicha reunión, descartó que vaya a obligarlos conjuntamente con los demás miembros del poder judicial federal, a ganar menos que él.
De esta manera, y pese a que dichos representantes de la SCJN, -sin incluir prestaciones y prebendas- reciben actualmente $ 270,000.00 mensuales, mientras que el hoy Presidente electo ha dicho que ganará solo $ 108,000.00, es claro que, estos percibirían $ 162,000.00 más que el próximo mandatario de la Nación, en contravención a lo dispuesto por el artículo 127 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Así, todo indica que a final de cuentas sobre el criterio político y las promesas de campaña, se impuso el peso de la obligatoriedad del artículo 94 constitucional que en su párrafo onceavo establece: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Tal retractación en dicha promesa de campaña, tan significativa como la de acabar con la corrupción e impunidad, es un traspiés de mucho peso para quien generó la expectativa, y que ante la imposibilidad de ser ya cumplida, pone en riesgo antes de asumir constitucionalmente el cargo, la credibilidad de un gobierno por el que votaron más de 30 millones de ciudadanos.
