por Augusto Hugo Peña Delgadillo
ed.357, noviembre 2018
Los directores de CONAGUA al igual que sus delegados terminan su gestión como millonarios. Otorgan concesiones del uso del agua a agroindustriales, mineros y para todo tipo de uso, sea comercial o industrial, sin tomar en cuenta que el agua es de todos y que su prioridad es otorgar agua potable suficiente a los hogares de más de 124 millones de ciudadanos. Las naciones que progresan lo primero que hacen es cuidar la salud de la población, cuidar el agua, su abastecimiento y calidad es primordial, no permitamos que malas autoridades y consumidores de grandes volúmenes hagan mal uso del vital líquido. El agua es de todos y primero es la gente.
La cuestión es que tanto Cristóbal Jaime como David Korenfeld tenían la consigna de impulsar la industria minera, la agricultura y la ganadería por encima de la extracción, filtrado y distribución del agua potable para abastecer las necesidades más ingentes y demandantes de la población. Se impulsó la Ley Korenfeld con la más aviesa de las intenciones: 1.- Poder tomar decisiones a espaldas de la ciudadanía, y ejecutarlas con la fuerza pública. 2.- Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas y de sistemas municipales. 3.- Sobre explotar cuencas y acuíferos, y despojar pueblos indígenas y a campesinos para dar agua a grandes corporaciones. 4.- Definir el “Derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día. 5.- Garantizar la recuperación de inversiones a través de tarifas blindadas de presión social. 6.- Asegurar agua para el uso minero y el fracking. 7.- Seguir ofreciendo impunidad a los contaminadores. 8.- Evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”. 9.- Desentenderse frente a desastres. Y 10.- Prohibir el estudio de la situación real del agua. Como podemos ver, es un enorme e inhumano atraco contra las clases más vulnerables.
Para llevar a cabo este atraco a los mexicanos, Felipe Calderón y los tres empresarios mineros de México más importantes, Germán Larrea Mota Velazco, Alberto Bailleres González y Carlos Slim Helu, en ese orden de importancia, contrataron a David Korenfeld, quien es un experto, un especialista en todo lo que atañe al agua y a todos sus usos, y para que acep- tara el puesto de director de Conagua, se supo que le garantizaron dos millones de dólares anualmente, independientemente de su sueldo, dietas y prestaciones como funcionario, con la consigna de echar a andar esta ley a la que los detractores del proyecto, denominaron Ley Korenfeld.
David Korenfeld ya no está en el proyecto de privatizar el agua, renunció porque se le pilló haciendo uso de un helicóptero de Conagua para su servicio personal, pero el proyecto aún sigue vigente. El día 15 de octubre del 2018, el Sistema Digital de la Comisión Nacional del Agua, iba a otorgar concesiones y asignaciones de aguas nacionales superficiales, subte- rráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por Conagua, autorización de descargas de aguas residuales y transmisión de derechos de título. En pocas palabras, el gobierno ratero de Peña Nieto iba a entregar lo que no es de él ni del gobierno, porque es de todos los mexicanos, a unos cuántos de sus cómplices, nuestras aguas, las que prioritariamente y por ley constitucional pertenecen a todos los mexicanos.
La presión de la ciudadanía obligó a Peña Nieto y sus mentecatos secuaces dar marcha atrás, y postergaron “por 6 meses” la concesión del agua a particulares -cosa insuficiente- . Por una parte, el marco legal -o, más precisamente la ausencia de él- es absolutamente cuestionable: la administración de Peña Nieto no logró aprobar una ley de aguas que considerara los derechos humanos y sustituyera la ley de aguas nacionales; se sostendría únicamente en los decretos de levantamiento de vedas en 300 cuencas del país, y del establecimiento de reservas de agua, promulgados en junio del 2017. Por la otra parte, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de ley presentada por MORENA, que prohíbe la privatización, es decir, no entregar recursos hídricos del país a particulares. El presidente del senado Martí Batres ha expresado la determinación de su partido de lograr su aprobación en el presente periodo ordinario de sesiones. Por lo demás, dentro de medio año habrá otras autoridades en la Conagua, las cuales no tendrán por qué aplicar procedimientos diseñados por la administración saliente. Más aún, el próximo gobierno estará en condiciones de revocar cualquier concesión otorgada por el gobierno actual, según está contemplado en varios artículos de nuestra Carta Magna.
Sobre la calidad del agua, no ha sucedido, obvio es, que las autoridades en esta materia, incluidos el presidente de la república, los gobernadores y alcaldes, no solo no han hecho lo suficiente y pertinente para que el agua potable esté libre de arsénico y de metales pesados. Acá en La Laguna de Coahuila el gobernador Humberto Moreira mandó hacer estudios sobre el contenido de arsénico en el agua y los productos lácteos, los resultados arrojados mostraron que el agua potable contenía en promedio más de 0.39 microgra- mos de arsénico por litro, cuando las normas internacionales prevén que más de 0.10 es dañino para la salud y, aunque la norma nacional es de 0.25, con mucho, quedó demostrado que se estaba surtiendo a la población, agua contaminada; en el mismo estudio se determinó que incluso la leche LALA contenía 0.39 microgramos de arsénico y el yogur y el queso asadero de la misma marca, 0.28. A pesar de ello, Humberto Moreira no hizo público dicho estudio para proteger al Grupo LALA y a su gobierno, ya que distribuir agua potable con calidad, era responsabilidad de él, como gobernador. Pero la ahora diputada Miroslava Sánchez Galván, en ese tiempo, convocó a una conferencia pública en el Museo del Torreonci- llo, allá por La Alianza y expuso ante más de 150 asistentes, -yo entre ellos- las condiciones del agua, la leche, el yogur y el queso asadero marca LALA, contaminados, y que estábamos bebiendo y comiendo arsénico, con las cifras antes mencionadas.
Esto deja en claro que los directivos de la Conagua, y en el caso de La Laguna de Coahuila, el gobernador Humberto Moreira, actuaron de forma criminal e irresponsable, y atentaron contra la salud de la población. Ahora un grupo de ciudadanos estamos intentando contactar con la diputada Sánchez Galván, la que preside la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, para pedirle que se verifique de nuevo, tanto que la distribución del agua potable sea suficiente en cantidad como en calidad. O, ¿Usted qué opina apreciable lector?
