por José C. Serrano Cuevas
ed. 357, noviembre 2018
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un órgano colegiado integrante del Sistema Nacional de Seguridad Pública; encargado de generar y dar seguimiento a las estrategias, acciones y políticas necesarias para el combate a la delincuencia, la investigación del delito y la seguridad jurídica (vox legis, vox iuris).
Jueves 11 y viernes 12 de octubre de 2018 tuvo lugar la 40 Asamblea Plenaria en la capital del estado de Oaxaca. Ahí se dieron cita procuradores y fiscales de todo el país para analizar y desarrollar un sistema electrónico homologado para registrar crímenes, víctimas, imputados y situación del proceso.
Los procuradores y fiscales buscan crear el Centro Nacional de Apoyo Técnico al Combate contra el Secuestro, con la finalidad de “potencializar sus capacidades en materia de intervención de comunicaciones privadas y garantizar un eficaz y eficiente auxilio a la labor de investigación de este delito”.
Proponer estas medidas al cuarto para las doce es una ocurrencia risible. Los familiares de personas que han sido víctimas de este delito son testigos activos de la inutilidad de instancias como la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), dirigida por Patricia Bugarín Gutiérrez.
La señora, cuando recibe a los demandantes de justicia, afina sus modales y da la cara con promesas de eficiencia y honradez. Siempre se hace acompañar de, por lo menos, dos burócratas cargados de telarañas, quienes aparentan tener un gran interés por el pesar de sus interlocutores: Llenan tarjetas con datos relevantes para el seguimiento de cada caso. Pero no pasa de allí. Jamás hay una segunda entrevista; son puros ojos de hormiga. Con ese negro historial de ineptitudes, omisiones y corruptelas, lo más deseable es que pronto, muy pronto los vayan.
Otra nota periodística les aguó la fiesta a los procuradores y fiscales: “En todo el país sólo 100 penales aplican bloqueo de celulares”. No todos los centros penitenciarios en el país cuentan con ese dispositivo, o si lo tienen no está en operación. Para nadie es un secreto que desde las cárceles salen infinidad de llamadas con diferentes propósitos, incluyendo las vinculadas a la comisión de delitos.
Los aparatos inhibidores o bloqueadores de señal son financiados mayoritariamente con recursos federales, que constituyen un monto promedio de 7 mil millones de pesos anuales para apuntalar cinco ejes básicos de la estrategia nacional de seguridad: “prevención del delito, operación policial, aplicación de la ley penal, administración de la información para la seguridad y especialización para el combate del crimen”.
Pese a los recursos empleados, no sólo continúa la realización de llamadas de celular, sino que siguen cometiéndose miles de hechos violentos como la extorsión a la ciudadanía, planeación de robos a casa-habitación y comercios, secuestro exprés, secuestro extorsivo que, desafortunadamente, conduce a la ejecución y desaparición de las víctimas. Y dentro de los penales hay riñas, motines, homicidios, suicidios.
Ante este panorama, netamente terrenal, la inspiración de procuradores y fiscales es sólo un sueño guajiro. Mercadotecnia pura para seguir mamando de la ubre gubernamental. ¿En verdad creen que saben combatir el secuestro y cuentan con la empatía necesaria para hacerlo?
