por Samuel Cepeda Tovar.
ed. 357, noviembre 2018
El problema con el pago de los impuestos no es necesariamente que sean altos, o la mera existencia de éstos, el problema del pago de impuestos es que no parece haber proporcionalidad en el retorno de los mismos transformados en servicios de calidad ni mucho menos en su apropiado y correcto manejo. Casos de corrupción tan constantes que ya parecen ser condición “sine qua non” de nuestra clase política; despilfarro de recursos en gastos innecesarios.
El problema no radica en los altos costos de energía eléctrica, sino en el pésimo servicio que la CFE brinda a los usuarios. Siendo reiterativo: si como ciudadanos observáramos que los servicios públicos son de calidad, que el manejo de recursos es eficiente y austero, no habría ningún problema en pagar con gusto las tasas impositivas que nuestros representantes -electos por nosotros mismos- fijaran para poder cumplir sus compromisos en beneficio de la sociedad. De ahí que la promesa de eliminar impuestos sea siempre atractiva entre los votantes y, sobre todo, un reclamo justo ante la diletancia e ineficiencia gubernamental.
Por ello la derogación del IEPS como impuesto a las gasolinas es atractivo, aunque ciertamente supone ser más un riesgo que un acierto en el próximo gobierno entrante. Para empezar, se trata de cortar un impuesto que es más que justo para todos aquellos que hacemos uso de vehículos motorizados, pues la mayoría de los mexicanos, según datos del INEGI, no poseen vehículo de transporte privado, por lo que se trata de un costo que NO puede ser subsidiado ni mucho menos suprimido, por el solo hecho de que se trata de una ingente cantidad de más de 250 mil millones de pesos, mismos que al ser recortados de los ingresos del gobierno supondrán recortes presupuestales en otras áreas que puedan ser prioritarias para el desarrollo de nuestro país.
Lo correcto sería subsidiar el transporte público, los alimentos de la canasta básica, pero nunca subsidiar ni mucho menos recortar impuestos en productos que además incentivan el consumo de combustibles fósiles con sus serias consecuencias para el medio ambiente.
Regresando a la cuestión del recurso, el posible recorte viene acompañado de proyectos de gasto gubernamental en refinerías por el orden de los 160 mil millones de pesos, es decir, incrementar el gasto para invertir en proyectos que darán resultados dentro de tres años. Todo esto sin mencionar los múltiples programas sociales que AMLO piensa implementar lo cual significará un mayor gasto gubernamental. Ello no parece descabellado hasta que llega el apotegma de “reducción de impuestos”, lo cual parece inconciliable presupuestalmente hablando y nos remite inmediatamente al terrible escenario del endeudamiento gubernamental.
La idea de eliminar cualquier impuesto debe siempre ir acompañada de una sensata y bien planificada política de ajuste presupuestal o de reingeniería que ofrezca andamiaje sólido y estratégico que no ahogue financieramente ni que orille a hacer uso de créditos bancarios. Si por lo menos la propuesta de eliminar el IEPS viniera acompañada de una iniciativa de presupuestación “base cero” habría más confianza y tranquilidad en la propuesta. Pero la realidad asusta: disminución de impuestos, más incremento de gasto gubernamental nos lleva indudablemente al camino del déficit presupuestal y esa es una aciaga historia cuyo desenlace conocemos de sobra y que padecemos hasta el día de hoy.
El fin del IEPS, será sin duda un gesto aplaudido por los mexicanos, pero a la larga, puede ser más contraproducente que benéfico.
