por José C. Serrano Cuevas.
ed. 357, noviembre 2018
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentará una iniciativa de ley de responsabilidad ciudadana, que desaparecerá la figura de inspectores del gobierno federal, sean de salud, economía, medioambiente y otros, como parte del combate a la corrupción y la impunidad.
El cargo de inspector es uno más de los productos del tan socorrido tráfico de influencias. A esa canonjía se llega por las vías del nepotismo o del compadrazgo. Al pariente o al amigo se le dice socarronamente: no te doy, pero te pongo donde hay. Al sentirse dueños de la inatacable patente de corso, lo que sigue es hincar el diente; ejercer la mordida sin piedad en los establecimien- tos mercantiles, como restaurantes, estéticas, bares, expendios de vinos y licores, baños públicos, hoteles y tantos otros comprendidos en una gran diversidad de giros comerciales.
Cuando este personaje es novato en el quehacer de esquilmar a sus víctimas, la mordida es somera, como la de un niño que lo hace con sus dientes de leche. Es poquitero; inclusive en ocasio- nes el moche es en especie: un buen corte de cabello, comida rápida para llevar, dos que tres botellas de ron barato, un vaporazo con masaje y una bebida de cortesía. Para justificar su presencia en los establecimientos que visita le entrega al dueño o encargado del lugar algunos formatos con recomendaciones que, por lo general, nunca se cumplen.
Con el paso del tiempo estas ratas con credencial se convierten en una especie de tigres dientes de sable. Son selectivos con respecto a su clientela; las tarascadas van en serio; atrás quedan los pagos en especie. El inspector va sobre el billete grande, porque tiene que compartir las ganancias con el licenciado, el director general, su jefe, que muchas veces resulta ser el pariente o el compadre: son negocios de familia.
El político tabasqueño, que se ha vuelto ducho en el manejo de redes sociales, ha anunciado que la vigilancia y fiscalización de establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios “se realizará cada seis meses y que por insaculación uno por ciento de los negocios será objeto de supervisión”.
La ley de confianza y responsabilidad ciudadana, redactada por Julio Scherer Ibarra, próximo consejero juríco de la presidencia, será presentada el 1 de diciembre de 2018. Este ordenamiento legal incluirá un artículo que anunciará la suspensión de la vigilancia y fiscalización a tiendas, empresas, talleres, consultorios, restaurantes, etcétera.
La chamba de los inspectores ha generado cualquier cantidad de anécdotas. Para ilustrar el tema va este botón de muestra: un peluquero instalado en una zona de alta plusvalía, en el Distrito Federal, recibió la visita de un inspector de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Colmilludo que era, le entregó un documento en el que se señalaba una serie de irregularidades sanitarias, que debería solventar en un tiempo perentorio o, ponerse a mano con una lana, de lo contrario procedería la clausura del negocio. El artesano de la tijera al sentirse amagado con tal desparpajo, llamó por su nombre a un primo suyo, que, ocupaba un alto cargo en la secretaría. Como si hubiera recibido un mandarriazo bien puesto, el cacomixtle abandonó la barbería y la borró de su lista de visitas; el primo de la conversación telefónica también era protector del coyote.
Con la puesta en marcha de la citada ley se abriga la esperanza de que los inspectores, esa fauna tan nociva para la sociedad, es prescindible.
