por José C. Serrano Cuevas.
ed. 359, febrero 2019
“El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia impugnativa de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva”.
(Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
En reiteradas ocasiones, Carlos Antonio Romero Deschamps, tampiqueño de 74 años de edad, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), desde hace 25 años, ha deslizado ante los medios de información el refrán que encabeza esta nota.
Sabedor de las bondades que dispensa el sistema a sus fieles cofrades, tenía la seguridad de que el manto de la impunidad lo cobijaría por y para siempre. En cinco lustros ha amasado una fortuna cuantiosa, que se refleja en bienes inmuebles de su propiedad; en su mal disimulado gusto por los autos de lujo; en los viajes que realizan integrantes de su familia en aviones privados a cualquier parte del mundo.
En ese mismo lapso, Romero Deschamps ha sido protagonista de múltiples escándalos relacionados con corrupción. Ha dado, junto con su camarilla, ejemplo obsceno de despilfarro económico. Como soldado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mediante el clásico acarreo de masas, el fraude electoral masivo y el apoyo para triangulaciones de fondos, como el conocido caso del Pemexgate, fue clave en la campaña de Francisco Labastida Ochoa aspirante a la presidencia de la República.
A partir de las acciones que, recientemente, ha emprendido el Ejecutivo Federal para combatir el robo de hidrocarburos, popularmente conocido como huachicoleo, proceso en el que ha quedado claro que el hurto mayor de combustibles se ha operado desde las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que tanto empleados de confianza como sindicalizados han participado en el saqueo del energético, Romero Deschampas, cambia su retórica confianzuda por la asistencia jurídica de sus abogados.
El líder petrolero se ampara para no ser detenido por el Gobierno Federal. El ex senador del PRI presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra. Asegura que agentes federales lo han buscado en los días recientes.
Su solicitud de amparo es la 11/2019 y va contra todos los jueces federales de la Ciudad de México y elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
A través de sus abogados solicitó ser protegido contra cualquier orden de comparecen- cia o citatorio y tener acceso a cualquier investigación en su contra. Dicha petición fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia de Amparo. A la fecha, el juez no ha concedido la suspensión.
Este sinvergüenza líder sindical, en su ya notoria desesperación, pide al juez que, a la hora de suspender cualquier acto de autoridad en su contra, le fije el pago de una garantía asequible, porque asegura que, actualmente, su situación económica no le permite erogar cantidades importantes de dinero. ¡Embustero, farsante y cicatero!
En paralelo a esta estrategia de defensa, el STPRM encabezado por Romero Deschamps, como una medida de salvación, publicó en los medios que ese gremio se solidariza con las medidas que calificó de correctas, valiente lucha contra la corrupción en Pemex y “se suma a los esfuerzos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad en la producción, suministro y la distribución de combustibles”. El presidente de México respondió con un lacónico gracias.
Inquietos los representantes de los medios de comunicación han sido reiterativos en las conferencias matutinas de López Obrador, al preguntarle que si encarcelará al líder petrolero. La respuesta invariablemente ha sido que no tiene pruebas para hacerlo. Ha salido al quite, con la seguridad que lo caracteriza, don Alejandro Gertz Manero, al decir que en este caso como en otros de diversa índole, se aplicará el debido proceso y la presunción de inocencia. Principios que los titulares de la PGR en otras administraciones han ignorado. La consecuencia obvia es que los procesos se les vienen abajo por la falta de elementos probatorios sólidos.
Está por verse si, en verdad, Romero Deschamps no tiene deudas con la justicia.
