por Abigail Correa Cisnero
- Defensores de Derechos Humanos opinan que la creación de este grupo no es la mejor opción para salvaguardar la seguridad nacional.
- A pesar de que PRI y PAN solicitaron cambiar algunos puntos de la iniciativa, finalmente la aprobaron.
Las Fuerzas Armadas de México carecen de la confianza de la población civil, testigo de las vejaciones (Ayotzinapa, Atenco) y violación a los derechos humanos de los ciudadanos que fueron daño colateral (o también objetivos injustificados—Tlatlaya—) de la lucha contra el crimen organizado. El aval para la Guardia Nacional se da entre descontento de organizaciones sociales que piden una revisión desde enero pasado, cuando la Cámara de Diputados la aprobó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que este cuerpo de seguridad pública es para resolver la alta incidencia de homicidios y robos y que cambiar las bases es una simulación, una reedición de la policía federal, sería lo mismo que en los sexenios pasados, que desde que se creó no ha funcionado y hay muchos problemas de corrupción que heredó este gobierno, como compras de equipo y suministro de alimentos. AMLO asegura que el principal propósito de la Guardia Nacional es la seguridad pública, a la cual se sumará la Secretaría de Marina.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reiteró, luego de la aprobación, este lunes por el Senado, que la creación del nuevo cuerpo de seguridad “no es pertinente ni viable” porque “no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática”. Las Fuerzas armadas estarán a cargo de tareas que hoy siguen siendo labor de instituciones civiles, como de “obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas”.
El PRI definió el aval para la Guardia Nacional que intelectuales y expertos en el tema aseguran que no es la mejor estrategia para combatir el crimen organizado, que, según opinan, la 4ta transformación hace pasar como una medida social y no militar que al final de cuenta estarán a cargo de la Secretaría de Marina y el Ejército, elementos del gobierno que fueron alcanzados por los tentáculos de la corrupción.
Para la ONU-Derechos Humanos, la Guardia Nacional perpetúa la militarización de la seguridad pública en México. Una similar existe en países como España, Francia, Italia, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela, donde a través de los medios de comunicación hemos visto represión a algunas protestas masivas. La ola de violencia que arremetió en México cuando Felipe Calderón llevó al Ejército a las calles y continuó así en el sexenio de Peña Nieto, parece que seguirá durante este gobierno, los castrenses no se irán a los cuarteles (o alguna otra guerra) como prometió López Obrador en la campaña presidencial.
Ya adelantó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo que “los mandos son militares y la función es militar, pero poseen una formación adicional que los habilita para desempeñar funciones de seguridad pública”. Dice que la Guardia será órgano intermedio entre lo civil y lo militar. En cualquier caso, la confianza en la policía, un militar o un miembro de la marina es baja en México, ¿cómo lo va a remediar el gobierno en turno? Cuando la ciudadanía es testigo de violación a los derechos humanos, a mujeres, a jóvenes; a la policía se le ha captado en videos robando equipo de cómputo y celulares, incluso casas. El gobierno tendría primero que evaluar a los miembros de este cuerpo de seguridad, que a pesar de los exámenes de confianza se siguen viendo como parte del crimen organizado.
Datos publicados en Animal Político destacan que el 7% de la población privada de la libertad en 2016 fue arrestada por el Ejército o la Marina, casi el mismo porcentaje que la Policía Federal. El 61% de los hombres arrestados por la Marina fueron sofocados entre su arresto y su llegada al MP, el 41% de las mujeres fueron violadas. Con estas cifras evidentemente la sociedad se siente amenazada y no a salvo cuando se acerca algún militar o policía.
En la iniciativa ya aprobada se lee que los principales factores de violencia, inseguridad e impunidad que vivimos se deben a “las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace 12 años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia”, es cierto; sin embargo, el instaurar este cuerpo de seguridad acabará por dar rienda suelta a más injusticias, torturas y violaciones, porque es lo que hemos visto desde hace décadas. A pesar de que el actual gobierno pretenda cambiar el modelo, no se nota ni a simple vista ni a lo lejos el posible cambio.
Aunque operará del todo hasta 2021, en principio se desplegará a 150 regiones de riesgo. En caso de detener a alguien estará prohibido llevarlo a instalaciones militares, lo cual en teoría es positivo pues la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2016, indica que el Ejército y la Marina realizaron el 6.9% de arrestos de ese periodo, en los que sólo el 3% se hizo con una orden de detención. Tanto la Marina como el Ejército obtuvieron el porcentaje de arrestos más altos que no ocurrieron ni con orden de detención, ni en flagrancia. Para crear la Guardia Nacional se modificarán 13 artículos de la Constitución.
La Guardia Civil garantizará la seguridad y la paz públicas y la preservación de la vida, la libertad y los bienes de las personas, y si en este punto se refiere a sus tierras habría que preguntarse de qué manera defendería, por ejemplo, el derecho al agua de los campesinos que hoy se niegan a la termoeléctrica de Huexca, los 6 mil ejidatarios afectados ya dijeron que no cederán sus hortalizas a cambio de una reducción en la tarifa de luz, defenderán su derecho al agua que corre por el río Cuautla con su vida. En los sexenios anteriores defensores sociales fueron asesinados, en el mejor de los casos arrestados, como Juan Carlos Flores, activista que pasó casi un año en prisión por oponerse al gasoducto que atraviesa la zona de riesgo de erupción del Popocatépetl y que forma parte de la Hidroeléctrica de Huexca. Si siguen bloqueando la construcción y ya afirmaron que no cederán con todo y la consulta que se realizará el 23 y 24 de febrero, ¿cómo podrían disuadirlos sin reprimirlos? ¿Garantiza la Guardia Civil no usar la fuerza contra manifestantes en contra de alguna iniciativa del gobierno?
El dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional avanzó en el Senado de la República. Está para ser debatido por el pleno en su próxima sesión ordinaria del jueves. Asegura Ricardo Monreal que hay total disposición de los senadores para llegar a acuerdos… Luego de más de 113 años el penal de las Islas Marías dejará de ser un centro de reclusión para convertirse en espacio destinado a la cultura y el arte, según el decreto que firmó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciando la liberación de 200 de los 600 presos que se encuentran en ese lugar, habilitado en lugar de castigo, también por decreto, por el Presidente Porfirio Díaz en 1905. Para los 400 presos restantes podría comenzar realmente el castigo pues tendrán que enfrentarse a la situación de violencia y autogobierno que se vive en los penales del país… Nuevamente el sector agroalimentario vuelve a ser el foco de ataques provenientes desde Estados Unidos, luego de que se puso a revisión, anticipadamente, el Acuerdo de Suspensión de Aranceles para el jitomate mexicano, a pesar de que más del 90 por ciento de las importaciones que realiza nuestro vecino país de esa hortaliza proviene de México, cabe destacar que nuestro país, según el Banco de México registró un superávit comercial agroalimentario durante el 2018 de cinco mil 840 millones de dólares, 10.85 por ciento superior a lo registrado en el 2017, pero en el caso del jitomate, México logró colocar en los mercados internacionales, principalmente en EE.UU. dos mil 80 millones de dólares, lo que significó un incremento del 13.94 por ciento; sin embargo, para el Gobierno de la Cuarta Transformación, una de las metas más importantes que se perseguirán durante esta administración, es la autosuficiencia alimentaria, por lo que se trabaja para reducir drásticamente la importación de alimentos, principalmente los básicos, hecho por el que se puso en marcha el programa Producción para el Bienestar que contará con un presupuesto de nueve mil millones de pesos y un padrón de beneficiarios donde se fusionará al PROAGRO Productivo y al Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), además de incorporar a 250 mil productores de localidades indígenas.
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