por J. Jesús Santos González.
Justo a dos semanas que la Facultad de Jurisprudencia festejara el pasado 1º de abril el 76 aniversario de su fundación, el 14 de marzo del año en curso, los titulares de la prensa local daban cuenta que en su interior operaba una red de distribución de pornografía denunciada por un grupo de alumnas, en la que estarían involucrados diversos maestros y alumnos de la institución, como así lo reconoció su director el Lic. Francisco Luis Yáñez Armijo (Zócalo Saltillo. Pág. 3A.).
Tal noticia, causó revuelo en el medio universitario, pues se señaló que lo que acontecía en Jurisprudencia, sucedía también en las escuelas de Música, Psicología, y Facultad de Sistemas, al grado tal que el Lic. Yáñez Armijo, en pleno escándalo admitió “que comenzarán a trabajar con las alumnas de la institución en un protocolo que evite que estos casos se sigan repitiendo”; a la vez que el titular de la Defensoría de los Derechos Humnos de la Máxima Casa de Estudios, Lic. Alfonso Yáñez Arreola, señaló que se investigaría el acoso sexual denunciado por las alumnas de Jurisprudencia, y en su caso, lo canalizaría a la autoridad competente, para que se encargara de integrar la carpeta de investigación correspondiente.
La “bomba” detonada en Jurisprudencia, alcanzó al Lic. Leonardo Sebastián Borrego Núñez, Secretario Técnico y maestro de la facultad, quien en sus tiempos de estudiante fue Presidente de la Sociedad de Alumnos “Antonio Caso” en el periodo 2016-2017, y acreedor a la Presea “Lobo 2017”, quien además de ser del círculo cercano al director Yáñez Armijo, ante la magnitud y gravedad de los cargos imputados, el viernes 15 de marzo pidió licencia para separarse del cargo.
Con tales hechos, el prestigio de la institución cayó en entredicho, pues los involucrados a través de un grupo de whatsapp, no sólo distorsionaron sino que también ridiculizaron el lema “ubi jus ibi societas” (donde está la sociedad está el derecho), que distingue y honra el trabajo académico de la Facultad, por el de “ubi packs ibi societas”, haciendo así trizas la trayectoria académica de la institución, y el legado histórico de sus fundadores, hombres todos ellos de integridad moral a toda prueba.
Hasta ahí las cosas seguían su curso normal, pues por una parte la Fiscalía General del Estado, a través de la policía cibernética, y la Unidad de Investigación Especializada de Delitos contra las mujeres, trabajaban en determinar si había o no datos o elementos de prueba constitutivos de delito para proceder a consignar las carpetas de investigación integradas con tal motivo.
El tiempo transcurría y los resultados de tales investigaciones no salían a flote. De hecho, en el medio universitario se tenía la impresión que el escándalo no pasaría a mayores dado el sigilo con el que actuaban las autoridades competentes; en otras palabras, que lo acontecido en Jurisprudencia no era más que agua de borraja.
Dicha sospecha, se confirmó el pasado 22 de mayo cuando la prensa local informó que el escándalo por los “packs” en la Facultad de Jurisprudencia quedaba en nada, dado que su principal implicado Leonardo Sebastián Borrego Núñez, ante la ausencia de pruebas, había sido exonerado y por tanto, dicho académico regresaba a su cargo, y por ende, a impartir las cátedras asignadas.
Con este resultado, vale la pena preguntar sobre quien salió ganador del resultado de todo este melodrama. ¿Las alumnas que en su momento dijeron ser víctimas del tráfico de pornografía que denunciaron? ¿Los funcionarios de la Universidad -incluido su Rector- que se rasgaron las vestiduras para sostener que se investigaría hasta las últimas consecuencias tales hechos? ¿Los diputados locales que incluso modificaron el Código Penal del Estado para tipificar como grave los antisociales contemplados en el artículo 272 del Código Penal de Coahuila? ¿o los maestros y alumnos que en su momento fueron involucrados en la comisión de los ilícitos de violaciones a la privacidad, a la imagen o intimidad personales, y que hoy como en el caso de Leonardo Borrego Núñez, gozan de exoneración?
La contestación no es difícil y sí evidente, pues en esta tragicomedia la única perdedora en tal escándalo, fue la Facultad de Jurisprudencia, que a 76 años de su fundación su prestigio ganado a pulso a través de su historia, quedó en entredicho para pena y vergüenza de cientos de ex alumnos que lo presumíamos con orgullo.
