José Guadalupe Robledo Guerrero.
Habían pasado solo unos días -¿o unas cuantas horas?- de que Andrés Manuel López Obrador festejara con bombo, platillo y acarreados el primer año de su victoria electoral, cuando una de las “inercias neoliberales”, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, hizo publica su renuncia a través de las “benditas redes”, señalando que a poco más de 7 meses de haber tomado posesión de la más importante secretaría del gabinete presidencial ya estaba hasta la madre del influyentismo, de los funcionarios que le han impuesto que nada saben de la hacienda pública y de las decisiones de política pública sin sustento.
Sin embargo, Carlos Urzúa no es el primer funcionario de alto nivel que le renuncia a AMLO, antes que él otros lo han hecho, pero el ex Secretario de Hacienda ha sido el más importante, rompiendo con aquello de que al Presidente no se le renuncia, el mandatario los despide.
Pese a que el presidente López Obrador minimizó el grave suceso, lo cierto es que el tono de la renuncia indica la lucha interna entre los miembros destacados de la 4T, que andan de la greña por conquistar parcelas de poder, que representan no sólo influencia ante el tomador de decisiones, sino puestos y presupuesto.
Como a todos los anteriores que se han ido, Carlos Urzúa sufrió la descalificación del jefe del Estado mexicano, y en lugar de una salida decorosa y digna, recibió el trato de un adversario y el mote de neoliberal que el Presidente le endilga a todos los que disienten de su política de ocurrencias.
Pero López Obrador ya tenía organizada la cortina de humo que habría de nublar la dimisión de su importante colaborador, a través de ordenar la aprehensión del “abogado de la mafia del poder” Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y uso de dinero de procedencia ilícita.
Todavía no pasaba la sorpresa de estos sucesos, cuando a AMLO le estalla otro más de los escándalos a que nos tiene acostumbrado el gobierno de la 4T, cuando el Congreso estatal de Baja California modificó el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla, que de dos años establecidos, se lo aumentaron a cinco años, rompiendo con ello el estado de derecho.
También es cierto que el desprecio por la legalidad y las instituciones públicas que ha mostrado AMLO en los siete meses de su gobierno, ya estaba cantado desde antes de su toma de posesión, cuando en algún momento de su larga campaña de 18 años, lanzara aquel exabrupto de: “al diablo las instituciones”, y por lo tanto sus leyes.
