Samuel Cepeda Tovar.
Hans Kelsen, afirmaba que “la venganza más sublime es la que se ejecuta con la ley en la mano”, de esta manera, se puede obtener una primera lectura para acercarnos a lo que se presenta como el primer golpe de grandes proporciones que el actual gobierno realiza contra actos de probada corrupción del gobierno priista anterior. Y es que la corrupción ha sido el flagelo más pernicioso que ha afectado a nuestro país a lo largo de su historia, priista por cierto, con dos ensayos de derecha panista que también dejaron su huella indeleble de corrupción y violencia.
Según la OCDE, la corrupción nos cuesta a los mexicanos el 10% del PIB anual, lo que sin duda representa un dique hacia el desarrollo. Se pueden contar por cientos los actos de corrupción tan sonados en este país. Vienen a mi mente el desvío que realizó el ex gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor de las arcas de PEMEX para la campaña de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000; el caso del financiamiento ilegal de la campaña de Vicente Fox mediante la organización amigos de Fox. O la refinería que se presupuestó en más de 600 millones de dólares en el gobierno de Calderón y terminó solo en pedazo de barda perimetral.
No acabaría en esta columna de mencionar casos y más casos de felonías cometidas en contra de los mexicanos por políticos sin escrúpulos que encontraron en el servicio público la fuente de riquezas y excesos mientras el pueblo seguía con la mitad de sus miembros viviendo en la pobreza; pero de todos estos casos, sin duda alguna, lo que más dolía en el seno de la sociedad y que sin duda supuso ser una de las causas directas del arribo de MORENA a la presidencia, fue sin duda la impunidad.
Y es que los casos de corrupción, como la Estafa Maestra, se replicaban mediáticamente en cada rincón del país, eran temas que se viralizaban y encendían la molestia de millones, ya no tanto por el suceso en sí mismo, sino porque los responsables, como en muchos otros casos, quedaban impunes viviendo sus vidas normales atenidos a ese olvido y resiliencia tradicionales que caracterizan al pueblo mexicano luego de ser vapuleado por sus gobernantes.
Por ello el caso de Rosario Robles es un hálito de esperanza en cuanto al combate a la impunidad se refiere. Sobre todo, porque sería el primer golpe de un gobierno de izquierda que llegó al poder precisamente por su promesa de enfrentar esos viejos vicios tradicionales del quehacer gubernamental mexicano. Solo esperemos que el poder judicial, 100% alejado de la renovación del poder y de las decisiones presidenciales, esté a la altura de las exigencias del pueblo y se sume al combate a la impunidad y que Robles no sea solo un acto para decir que se hace cuando en realidad no se hace nada.
Es casi imposible acabar con la corrupción, pero es muy posible acabar con la impunidad, tan posible que lo que se espera es que más ex funcionarios sean llamados a cuenta y procesados por el ejercicio indebido en el servicio público, porque sin duda alguna, Rosario Robles no es la única implicada en este particular caso de corrupción. De lo que suceda en los próximos meses, dependerá el desarrollo de una verdadera revolución en el servicio público, y que esto se replique en Estados y municipios y en todo ente que maneja recursos públicos, y que el dejar de ser funcionario no exima de responsabilidad, aunque los años pasen, porque ese borrón y cuenta nueva es lo que sin duda ha propiciado gran parte de la impunidad en nuestro país en beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la gran mayoría.
Que éste sea el inicio de un verdadero compromiso con la justicia y el Estado de Derecho.
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