Armando Montalvo Olivo.
Ante la cercanía de la conformación del nuevo Congreso que se elegirá el próximo año, existe una total apatía debido a que el Gobierno de Coahuila y las administraciones municipales se han visto disminuidas a consecuencia de la falta de políticas públicas que permitan aterrizar programas y planes de trabajo que mejoren la calidad de vida de la población.
Esto debido a la falta de recursos que pudiese destinar el Gobierno Estatal porque sus ingresos los destina al pago de la deuda y de su estructura burocrática, dejando un porcentaje muy reducido para desarrollar obras de relumbrón en donde a través de inauguraciones majestuosas tratan de crear imagen de pujanza y desarrollo.
En los municipios encontramos un engrosamiento de sus estructuras burocráticas que se origina en el cumplimiento de los compromisos de campaña, lo que también los imposibilita para desarrollar obras que condicionen la mejoría de la comunidad.
Es común escuchar los gritos de los funcionarios responsables de las áreas disminuidas, solicitando el apoyo de los recursos del Gobierno Federal para dar cumplimiento a sus promesas de campaña y poder retomar la credibilidad política hacia la perspectiva electoral del próximo año.
Aunado a lo anterior, las voces ciudadanas y las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado señalan que existen 28 ayuntamientos con irregularidades en la administración de los recursos; de igual manera en el ámbito federal se encuentran nueve estados con irregularidades en el gasto de los presupuestos asignados y etiquetados para otras actividades, así también continúa el pernicioso fenómeno que se presenta en las administraciones estatales y federales con la facturación de las empresas fantasmas que actualmente investiga la Secretaría de Hacienda.
Ante tales escenarios, el gobierno federal en sus nueve meses de su administración, decidió entregar los recursos de programas asistenciales directamente a las beneficiarios que cumplieran los requisitos y se registraran en la Secretaría de Bienestar Social, que según el Delegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, se han incorpora- do a la fecha 350 mil beneficiarios que representan alrededor del 12 % de la población de Coahuila.
Dichas acciones imposibilitan a las autoridades estatales y municipales a destinar los recursos a su clientela electoral. También es cierto que existe una gran aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no sucede lo mismo con su partido MORENA que lo llevó a la presidencia, lo que significa que la moneda está en el aire en donde las fuerzas políticas de los partidos están casi en igualdad de circunstancias, sobre todo en que carecen de candidatos que generen confianza y credibilidad en la ciudadanía.
Por tal motivo, la perspectiva política para la conformación del nuevo Congreso en el año 2020 es totalmente incierta, por lo que los actores políticos por primera vez en la historia de las elecciones en Coahuila tendrán que quitarse la máscara y demostrar que les interesa el desarrollo de las comunidades que quieren representar como diputados.
Esto es un reflejo de la nueva actitud política que no se estudia en las escuelas de cuadros de los partidos políticos: la empatía política que tienen la mayor parte de los mexicanos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal forma que si quieren conseguir los escaños, deberán visitar a las comunidades, escuchar sus problemáticas y convertirse en sus interlocutores para darle solución a las más relevantes necesidades de las comunidades a quienes se les solicita el voto.
Además que en su agenda política debe quedar fuera la idea de hacer negocios con el poder, y evitar las viciosas prácticas de los legisladores como el tráfico de influencias, el famoso diezmo de las inversiones públicas y lo más problemático, el nepotismo laboral.
Uno de los retos prioritarios en Coahuila, es la seguridad pública, cuya responsabilidad es compartida de acuerdo a los diferentes niveles de gobierno, en donde los municipios tienen una gran responsabilidad, pues de acuerdo a los sucesos que se presentan son los primeros en enfrentar los hechos delictivos, pero ante la carencia de recursos y capacitación de su personal, es el Estado el que debe apoyar y respaldar a las policías municipales, y de acuerdo a la gravedad de los delitos es cuando la Guardia Nacional debe intervenir en coordinación con el Estado.
Por eso es importante reforzar los programas de prevención, disuasión e información a través de una estructura ciudadana con la finalidad de evitar abusos y corrupción ante los fenómenos delictivos.
Es lamentable observar el aumento de violencia como los feminicidios, fenómeno delincuencial que lesiona gravemente a la estructura familiar, porque la predominancia de la mujer en la familia es primordial sin importar el estatus, edad, escolaridad y actividad laboral, siempre la mujer tendrá una determinante importancia en la familia.
El feminicidio es una parte ideológica y patológica en la discriminación y la marginación, que dichos delincuentes tratan de imponer con este acto abusivo, cobarde y monstruoso. Recordemos que el 52% del padrón electoral está compuesto por mujeres, de ahí la importancia para los políticos y gobernantes de atacar esta problemática con educación y mayores penas para los criminales.
