Iván Nájera Agüero.
Un ataque realizado con granadas hace más de 10 años en contra de familias que festejaban el Grito de Independencia en el zócalo de Morelia, Michoacán, fue un hecho sin precedente alguno en nuestro país y el cual fue calificado oficialmente por las autoridades como terrorismo con un saldo de 8 muertos y más de 130 lesionados, que hasta el momento sigue impune. Algunos de ellos se quedaron sin trabajo y otros padecen aún de estrés postraumático. Hombres, mujeres y niños que perdieron la movilidad de alguna parte de su cuerpo e incluso, sufrieron la amputación de una pierna o un brazo. Por si fuera poco, hay quienes también perdieron para siempre a un ser querido.
El 26 de septiembre de 2008, 14 días después del ataque con granadas de fragmentación, la PGR (hoy Fiscalía General) detuvo a tres hombres a los que acusó ante un juez de ser los autores materiales del ataque. Posterior a eso, se extendería la acusación en contra de otra persona más. Los delitos que les imputó iban desde el homicidio hasta el terrorismo. Pero para el 27 de mayo de 2015 el caso comenzó a caerse cuando el juez a cargo del proceso determinó absolver y ordenar la libertad inmediata de los 4 detenidos, al considerar que el proceso no podía continuar debido a la presunta tortura con la cual se obtuvieron las confesiones de los implicados. Seis meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, la PGR pudo conseguir revivir temporalmente el caso luego de que un Tribunal unitario revocó la sentencia absolutoria y ordenó la reaprehensión de los implicados, para que se les practicara el denominado “Protocolo de Estambul”, que sirve para confirmar huellas de tortura. Pero los implicados, ya puestos en libertad, promovieron y ganaron un juicio de amparo que nueva cuenta frenó el caso. La PGR intentó apelar dicha determinación y el expediente llegó este año al Primer Tribunal Colegiado cuyos magistrados resolvieron, en junio pasado, confirmar el amparo y absolución de los implicados. Los magistrados advierten las circunstancias irregulares en las que fueron detenidos los supuestos implicados, a los que se acusó desde un principio de pertenecer al grupo delictivo de Los Zetas.
Entre lo dicho por los magistrados es que estos no fueron capturados con flagrancia ni con una orden de aprehensión, sino siguiendo una supuesta llamada anónima en la que se indicaba el sitio en el que se encontraban amarrados los sospechosos. Los detenidos señalaron durante el juicio que fueron obligados a firmar declaraciones prefabricadas en las que aceptaban ser los autores de los ataques. Esto tras ser torturados físicamente y de forma psicológica con la amenaza de hacerle daño a las familias.
Las personas a las que en su momento se les detuvo y acusó ante los medios de comunicación de ser las responsables terminaron en libertad pues a partir de lo dicho y demostrado por sus defensas, fueron torturadas para declararse como los supuestos autores del ataque. Y como no hay culpables sentenciados, tampoco hay responsables a los que un juez pueda exigirles que reparen a las víctimas el daño causado. Los errores de la PGR no sólo tumbaron el caso, sino con ello el reconocimiento legal de los afectados. Cuando las víctimas se enteraron de la reparación a la que por ley tienen derecho y decidieron buscarla por su cuenta padecieron de todo, desde la supuesta pérdida de sus expedientes, hasta trabas e intimidaciones del propio personal que supuestamente debería de apoyarlas, algo que sucede con frecuencia en diferentes instituciones. De las diferentes instancias que el Estado tiene para apoyar a las víctimas: Comisiones de Atención Especializada, a nivel nacional y local, no se acercaron a los afectados para ofrecerles el beneficio de una indemnización integral o de reparación. En algunos casos, sólo les han ayudado con alguna pensión, medicamento o beca. En otros, nada.
Para tomar en cuenta
Se cumplieron 5 años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Recordamos con rabia, dolor y desilusión. Con dolor por saber que esos jóvenes pudieron ser amigos nuestros. Con rabia por todos los errores cometidos durante las investigaciones y por el intento continuo de diferentes medios de comunicación para desacreditar este terrible evento, hasta justificar de alguna manera de que estos chicos se lo buscaron y con desilusión por ver cómo el Estado se convirtió en ese momento en una fábrica de mentiras para poder liberarse de este episodio que conmocionó al país y al mundo.
